El policía Juan Pablo Fernández lleva detenido más de cinco años, sindicado como el sicario que asesinó al mecánico Eduardo Mottola. La Cámara de Apelaciones y Control - Tribunal de Alzada finalmente fijó audiencia para el 13 de abril a las 9 horas, donde se estudiará el fallo de prisión perpetua contra Fernández.
Por un audio viral en el que la exfiscal del caso, Aída Farrán Serlé, reconocería la inocencia del policía, se acusa a jueces y abogados de asociación ilícita.
El escándalo judicial en Santiago del Estero, vinculado al caso del policía federal Juan Pablo Fernández, detenido desde hace más de cuatro años con prisión preventiva, generó nuevas ramificaciones. A Fernández lo acusan de haber sido un sicario. Él insiste en que es un “perejil”. El caso tiene como génesis un conflicto por la posesión de tierras en el departamento Pellegrini.
Familiares de Fernández atribuyen la rápida fijación de la fecha a la conmoción que generó la filtración de un audio en el que se escucha a la exfiscal Aída Farrán Serlé reconociendo que Fernández fue inculpado equivocadamente.
“Cómo llegan a tu marido me parece una locura. ¿Cuál es la justificación de que el hombre lleve cuatro años detenido? Toda detención tiene un plazo razonable y se han cumplido”. Y continúa: “Yo sé cuál es la línea investigativa que esa causa tendría que haber seguido, no este coso. Si voy a contratar un sicario, ¿le voy a depositar la plata en la cuenta del sicario? Es un pobre hombre al que le ha tocado esta situación porque han necesitado cerrar una causa”, reconoce allí la fiscal Aída Farrán Serlé, hablando con la pareja de Fernández.
Con la viralización de esos audios, Farrán Serlé, el juez Darío Alarcón y el fiscal coordinador Julio Mariano Gómez fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura, donde se los acusó de “omisión de deberes, denegación de justicia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El Ministerio Público Fiscal imputó a Farrán Serlé: el fiscal Mauricio Abramczuk ya le tomó declaración indagatoria, aunque su causa está, llamativamente, cajoneada.

“El MPF, representado por integrantes de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Violencia Institucional, tomó declaración de imputada por el delito de prevaricato de abogado, en calidad de autora, a la Dra. Aída Farrán Serlé, quien se desempeñaba como fiscal en la Unidad Fiscal de Lucha contra el Narcotráfico y que, en el año 2020, renunció al momento en que Fiscalía General dispuso la realización de una auditoría por irregularidades”, se leyó en el comunicado del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero.
De acuerdo con lo informado por el representante de la Fiscalía –Dr. Mauricio Abramczuk–, la atribución delictiva fue realizada a raíz de la investigación iniciada en enero de 2025, luego de que la acusada afirmara una serie de hechos valiéndose de su anterior función de fiscal de instrucción.
A la par, se viralizaron nuevos audios que probarían que el armado de causas era parte de la operatoria de una asociación ilícita. Los investigadores involucran también a exabogados del sindicado como autor del sicariato, los Dres. Diego Lindow y Pérez Roberti, y a parientes en altos cargos de la justicia provincial.
La denuncia realizada por el abogado Edgardo Taboada señaló una “negativa sistemática a cualquier planteo o pedido realizado”, vulnerando las garantías constitucionales de Fernández. El letrado adujo que respondía a una “maniobra compleja en procura de apropiarse ilegítimamente de inmuebles en todo el territorio de la provincia”.

Asimismo, el caso, lleno de intrigas en los pasillos de tribunales, advierte que el homicidio podría haber sido cometido como un ajuste de cuentas, según una carta manuscrita de la condenada Jésica Díaz, que no fue tomada como prueba, afectando las garantías de defensa en juicio del policía porteño.
El Tribunal estará integrado por los jueces María Gabriela Núñez, Cristian Vittar y María Rosa Falco. (www.REALPOLITIK.com.ar)