Cuatro años sin cobrar: Extrabajadora denuncia retención indebida en Mendoza

Durante más de tres décadas, Claudia Montero López se desempeñó como trabajadora social en el ministerio de Salud y Deportes de la provincia de Mendoza. Su carrera, según relata, transcurrió sin sanciones ni sumarios, hasta que en 2022 un accidente de tránsito —ocurrido mientras regresaba de su jornada laboral— cambió por completo su situación personal y profesional.

Tras el siniestro, fue evaluada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que determinó una incapacidad laboral. En base a ese dictamen, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le otorgó el retiro por incapacidad. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la ley 24.241, le corresponde percibir una indemnización derivada de esa condición.

El 2022 fue también el año en que se inició el expediente administrativo Nro. 05165311/22 GDEMZA-SEGE#MSDSYD ante el gobierno de Mendoza para efectivizar el pago. Desde entonces, afirma, comenzó un recorrido interminable por oficinas, escritorios y dependencias sin que hasta el momento se haya concretado el desembolso.

“En su momento ese dinero me alcanzaba para una casa modesta. Hoy apenas cubriría gastos básicos”, señala. La demora, en un contexto inflacionario, habría erosionado fuertemente el valor real de la suma reclamada.

La sede de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

De empleada a “proveedora”

Uno de los puntos que más cuestiona es que, al ya no formar parte de la planta estatal, fue reclasificada administrativamente como “proveedora”. Esa categoría implicaría tramitar el pago a través de los circuitos habituales que utiliza el estado para abonar a terceros, un mecanismo que —según describe— resulta más complejo y lento.

Montero López denuncia que el proceso administrativo se ha convertido en un “peregrinaje” sin plazos claros ni responsables identificables. Asegura haber acudido reiteradamente a distintas oficinas del ministerio de Salud y Deportes que conduce Rodolfo Montero para consultar el estado del trámite, sin obtener precisiones sobre una fecha de pago.

Mientras tanto, continúa en tratamiento médico y necesita afrontar costos elevados en medicamentos y terapias de rehabilitación para recuperar movilidad. “No estoy pidiendo un subsidio ni un plan. Es dinero que me corresponde por ley”, remarca.

La dimensión humana del expediente

El caso también pone en discusión el funcionamiento de los regímenes administrativos provinciales y los tiempos de respuesta del estado ante obligaciones reconocidas. La denunciante sostiene que la virtualización de trámites no ha agilizado el procedimiento y que la falta de resolución prolonga una situación de vulnerabilidad económica.

Además, cuestiona que distintos cambios de gestión provincial no hayan modificado el curso del expediente. La gestión de Alfredo Cornejo, a menudo presentada en el plano nacional como modelo de administración ordenada, enfrenta así un reclamo que interpela la eficacia y la sensibilidad de su estructura burocrática.

Hasta el momento, no trascendió una explicación oficial sobre los motivos de la demora en este expediente en particular. La situación plantea interrogantes sobre los plazos razonables para el cumplimiento de obligaciones reconocidas y sobre el impacto que esas demoras generan en exempleados que atraviesan problemas de salud.

Claudia Montero López resume su reclamo en una frase sencilla: “Solo quiero que se cumpla la ley”. (www.REALPOLITIK.com.ar)