Chubut aprobó la Ficha Limpia Pesquera: Sanción y debate

La Legislatura del Chubut abrió el período ordinario 2026 con una decisión de alto impacto para una de las principales actividades económicas de la provincia: aprobó el Régimen de Ficha Limpia Pesquera, una iniciativa promovida por el gobernador Ignacio Torres que endurece las condiciones para acceder y mantener permisos de pesca.

La votación dejó en evidencia las diferencias políticas: 15 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones.

Qué cambia con la Ficha Limpia Pesquera

La nueva normativa redefine las causales de suspensión y caducidad de permisos e impide que personas físicas o jurídicas con antecedentes penales vinculados a delitos o irregularidades en la actividad pesquera puedan obtener o conservar autorizaciones en la provincia.

Desde el oficialismo sostienen que la medida apunta a fortalecer la transparencia y la previsibilidad en un sector clave para la economía chubutense. En términos simples: reglas más estrictas para administrar un recurso estratégico.

La pesca no es un rubro menor en Chubut. Es empleo, exportaciones y divisas. También es poder. Y donde hay poder económico, la regulación suele ser terreno de disputa.

El caso Red Chamber y las críticas opositoras

Durante el debate, bloques opositores pusieron el foco en el caso de la empresa Red Chamber, cuestionando la actuación de la Secretaría de Pesca en relación con acuerdos y rescisiones contractuales previas.

Las críticas apuntaron a la gestión administrativa del área y a cómo se resolvieron expedientes considerados sensibles para el sector. La oposición planteó dudas sobre el momento elegido para avanzar con la reforma y pidió mayor claridad sobre antecedentes recientes.

El oficialismo respondió que la ley introduce criterios más claros y objetivos para el otorgamiento y control de permisos, y defendió la necesidad de avanzar en estándares de integridad en la explotación de recursos naturales.

Designación de Salas para juicio político

En la misma jornada, la Cámara cumplió con el mandato constitucional de designar a los integrantes de las Salas Acusadora y Juzgadora, órganos que intervienen en eventuales procesos de juicio político contra funcionarios provinciales. La conformación respetó la representación proporcional de los bloques.

Con la sanción legislativa, el Ejecutivo queda ahora en condiciones de promulgar la ley y poner en marcha el nuevo régimen.

La pregunta que sobrevuela es simple y compleja al mismo tiempo: una norma puede fijar condiciones formales, pero la verdadera prueba será cómo se aplica. En una industria donde cada permiso vale millones, la transparencia no se declama: se practica. (www.REALPOLITIK.com.ar)