La situación en el Ministerio de Seguridad, encabezado por Juan Manuel Pulleiro, volvió a quedar en el centro de la polémica tras los reclamos salariales de la Policía provincial y las críticas por presunta falta de transparencia en el manejo de fondos.
Durante dos jornadas consecutivas, efectivos policiales se manifestaron frente a la Casa de Gobierno, exigiendo mejoras salariales y condiciones laborales más justas, en un conflicto que expuso la tensión interna dentro de la fuerza.
Las protestas se intensificaron luego de que trascendiera que el Ejecutivo analizaba otorgar incrementos salariales solo a los rangos superiores de la Policía.
La medida generó un fuerte rechazo dentro de la fuerza y finalmente el Gobierno decidió retroceder con la propuesta, en un intento por desactivar el conflicto.
El episodio reavivó el debate sobre la política salarial dentro del área de Seguridad y abrió un nuevo frente de críticas en la Legislatura.
En ese contexto, el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura presentó un proyecto para declarar la Emergencia en Seguridad.
Desde el espacio libertario sostienen que el sistema enfrenta problemas estructurales, entre ellos sueldos bajos, infraestructura deficiente y aumentos salariales que consideran discriminatorios.
La iniciativa busca que el Gobierno provincial reconozca la gravedad del escenario y adopte medidas urgentes para recomponer la situación.
A los cuestionamientos también se sumó la diputada nacional de La Libertad Avanza, Bárbara Andreussi, quien apuntó directamente contra la política salarial del ministerio.
La legisladora denunció que el esquema de incrementos beneficia con subas de hasta el 70% solo al 10% del personal policial, mientras que el 90% restante quedaría sin mejoras.
Para Andreussi, esta situación profundiza el malestar dentro de la fuerza y contradice el principio constitucional de “igual salario por igual tarea”.
La diputada también cuestionó el nivel salarial de los efectivos. Según explicó, el sueldo básico de un agente policial ronda los 230.000 pesos, una cifra que consideró insuficiente frente al riesgo que implica el trabajo diario en la calle.
A este escenario se suma otro factor que genera preocupación: la reducción del presupuesto provincial destinado al área de Seguridad, pese a que —según remarcan desde la oposición— los índices delictivos vienen en aumento.
Otro punto señalado por la legisladora es la falta de claridad sobre los recursos que ingresan al sistema de seguridad.
En particular, mencionó la recaudación proveniente de juzgados contravencionales, trámites administrativos y servicios adicionales abonados por el sector privado, fondos que —según indicó— deberían destinarse al Ministerio de Seguridad.
Para la dirigente libertaria, antes de discutir nuevos planes estratégicos para combatir el delito, la prioridad debería ser garantizar un piso salarial digno para toda la fuerza policial.
La discusión sobre presupuesto, salarios y transparencia vuelve así a poner bajo presión a la gestión del Ministerio de Seguridad, en un contexto donde el reclamo de los efectivos y las críticas políticas siguen escalando. (www.REALPOLITIK.com.ar)