"Tolerancia cero": Río Negro endurece controles en el Estado

El Gobierno de Río Negro avanza con una política de “tolerancia cero” frente a irregularidades en la administración pública, con el objetivo de reforzar el control interno y garantizar un servicio eficiente a la ciudadanía.

Según datos oficiales, en lo que va de 2026 ya se aplicaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos a trabajadores estatales por distintos incumplimientos laborales.

Las sanciones forman parte de una estrategia que busca prevenir y sancionar prácticas abusivas dentro del Estado, especialmente aquellas vinculadas a inasistencias injustificadas, inconductas o conflictos laborales.

Más de 1.000 expedientes analizados en los últimos años

El proceso disciplinario es llevado adelante por la Junta de Disciplina de la administración pública, que desde enero de 2024 analizó más de 1.000 expedientes administrativos.

Este trabajo permitió acelerar procesos que históricamente demoraban años, duplicando el promedio anual de resoluciones en comparación con períodos anteriores.

Como resultado de este esquema de control, desde el inicio de la actual gestión se registraron:

• 94 cesantías

• 6 exoneraciones

• 448 suspensiones sin goce de haberes

• 24 apercibimientos

En paralelo, el sistema también resolvió 77 absoluciones, lo que refleja que cada caso es evaluado de manera individual antes de tomar una decisión.

“Reglas claras y tolerancia cero”

La secretaria de la Función Pública de Río Negro, Tania Lastra, defendió la política disciplinaria y aseguró que el objetivo es construir un Estado más eficiente y transparente.

“Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio”, sostuvo la funcionaria.

Además, remarcó que todos los procesos se desarrollan bajo procedimientos administrativos formales, garantizando el derecho a defensa de los trabajadores involucrados.

Las faltas que investiga el sistema disciplinario

Las actuaciones administrativas abarcan una amplia variedad de irregularidades dentro del ámbito estatal.

Entre las más frecuentes aparecen ausencias injustificadas, abandono de tareas, negligencia en el uso de recursos públicos y desatención del servicio.

También se investigan conflictos interpersonales y denuncias por malos tratos, insultos o agresiones entre compañeros de trabajo, situaciones que pueden derivar en sanciones si se comprueba la responsabilidad del agente.

Cesantía y exoneración: las sanciones más severas

La legislación provincial contempla una escala progresiva de sanciones disciplinarias, que va desde medidas leves hasta la expulsión definitiva del Estado.

La cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar a la administración pública durante cinco años. Generalmente se aplica en casos de faltas graves, acumulación de sanciones o abandono prolongado del servicio.

En cambio, la exoneración representa la sanción máxima, ya que implica la expulsión definitiva del empleado y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en el Estado.

Este castigo se reserva para situaciones extremas, como delitos dolosos con condena penal firme.

Cómo funciona el proceso disciplinario

Las sanciones no se aplican de manera automática. Cuando se detecta una posible irregularidad, se inicia un sumario administrativo en el que instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elaboran un informe.

Luego, la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales de ATE y UPCN, analiza cada caso y determina la sanción correspondiente según la gravedad de los hechos y los antecedentes del trabajador.

Con este esquema, el gobierno provincial busca fortalecer los mecanismos de control interno y mejorar el funcionamiento del aparato estatal, en un contexto donde la eficiencia del sector público se volvió un tema central en la agenda política. (www.REALPOLITIK.com.ar)