En Tandil, el destino del adoquinado histórico removido en distintas obras viales se transformó en un conflicto institucional que ya llegó a la Justicia. Lo que comenzó como una discusión urbanística sobre el reemplazo de calles empedradas por pavimento asfáltico derivó en una pregunta más profunda: qué ocurrió con el patrimonio público retirado de las calles de la ciudad.Según estimaciones técnicas incorporadas a un expediente judicial promovido por vecinos autoconvocados, las intervenciones viales habrían implicado la remoción de aproximadamente 175.560 metros cuadrados de adoquinado histórico, distribuidos en unas 133 cuadras de la ciudad.
Tomando valores de mercado conservadores para piedra granítica reutilizable —alrededor de USD 25 por metro cuadrado— el volumen total del material removido representaría más de 4,3 millones de dólares en patrimonio urbano.
La magnitud del material también es significativa en términos físicos: más de 8,7 millones de adoquines, cerca de 17.500 metros cúbicos de piedra y unas 45 mil toneladas de material.
La pregunta central que plantean los vecinos es directa: ¿Dónde está todo ese material y bajo qué registro patrimonial se encuentra inventariado?
Ante el avance de las obras, un grupo de vecinos autoconvocados presentó una acción judicial solicitando una medida cautelar para frenar la remoción del adoquinado, invocando la protección del patrimonio urbano y el principio constitucional de preservación ambiental. Entre los argumentos jurídicos se citan el artículo 41 de la constitución nacional, el principio precautorio, el principio preventivo y el principio de no regresión ambiental, que establece que los niveles de protección patrimonial y ambiental no deberían retroceder una vez alcanzados.
El juzgado Contencioso Administrativo Nro. 1 de Azul, a cargo del juez Pablo Gabriel Quaranta, dictó inicialmente una resolución precautoria suspendiendo la intervención. Posteriormente la medida fue revisada y desestimada en primera instancia, motivo por el cual los vecinos interpusieron una apelación.
Actualmente, la causa se encuentra en análisis de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo, que deberá evaluar el fondo del planteo.
Uno de los aspectos más controvertidos del conflicto es la trazabilidad del material removido. Los vecinos sostienen que no existe información pública detallada sobre la cantidad exacta de adoquines retirados, los lugares de almacenamiento ni el registro patrimonial municipal correspondiente.
Sin embargo, aún no se ha publicado en el sitio oficial del municipio ningún inventario patrimonial del material retirado ni registros de depósito o reutilización.

El debate también alcanza al Concejo Deliberante de Tandil, órgano encargado de controlar las acciones del poder ejecutivo municipal. Hasta el momento no trascendieron sesiones especiales ni pedidos de informes que aborden específicamente el destino del adoquinado removido ni su registro como patrimonio municipal.
Para los vecinos que impulsan el reclamo, la ausencia de información oficial y de instancias de control institucional profundiza las dudas sobre la gestión del material retirado.

El conflicto del adoquinado se produce en un contexto político particular: el intendente Miguel Ángel Lunghi gobierna Tandil desde 2003, atravesando actualmente su sexto mandato consecutivo. La continuidad de gestión, señalan distintos actores del debate público local, vuelve aún más relevante la necesidad de transparencia administrativa y trazabilidad patrimonial en obras públicas de gran escala.
En este contexto, la resolución que adopte la Cámara de Apelación podría sentar un precedente sobre la protección del patrimonio urbano en proyectos de infraestructura municipal. Mientras tanto, la pregunta que dio origen al conflicto continúa abierta: qué ocurrió con más de 175 mil metros cuadrados de adoquinado histórico retirado de las calles de Tandil. (www.REALPOLITIK.com.ar)