Darío Witt, fundador de Casa María Pueblo, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre los casi 30 años de trabajo de la organización acompañando a mujeres víctimas de violencia, los avances en materia de derechos y las dificultades que aún persisten para que las leyes se apliquen efectivamente.
“Casa María Pueblo va a cumplir 29 años este año. Cuando empezamos ni siquiera existía el concepto de género como hoy se entiende. En aquel momento era algo que estaba en ámbitos muy intelectuales, pero en la realidad cotidiana no se hablaba de violencia contra las mujeres ni había leyes que protegieran a las víctimas”, recordó Witt al repasar los inicios de la organización.
En ese sentido, explicó que el proyecto nació de manera casi espontánea a partir del trabajo social que realizaban en distintos barrios de La Plata. “Comenzaron a aparecer mujeres con sus hijos que se iban de sus casas porque sus parejas las golpeaban. En un principio pensamos que era un problema barrial. Pero un día vimos a una mujer con cuatro chicos, uno de ellos bebé, refugiándose bajo un árbol en medio de la lluvia. Ahí dijimos: ‘Tenemos que hacer algo’”, relató.
A partir de esa situación decidieron alquilar una casa para brindar refugio a mujeres con niños que escapaban de situaciones de violencia. “La idea era simple: que no se quedaran en la calle. Pensábamos que así podíamos resolver el problema del barrio. Después nos dimos cuenta de que era algo mucho más grande”, señaló.
Con el tiempo, el refugio comenzó a ser conocido por comisarías y fiscalías, que empezaron a derivar casos. Sin embargo, también aparecieron amenazas y episodios de violencia por parte de agresores. “Un día un hombre atacó la puerta con un hacha. Tuvimos amenazas graves de muerte y hasta la muerte de una de las mujeres que atendíamos. Eso nos obligó a replantear todo y entender que estábamos enfrentando un problema estructural”, afirmó.
Witt aseguró que el camino no estuvo exento de riesgos. “Sobrevivimos literalmente. Tengo algunas puñaladas en el cuerpo y hasta me gatillaron en la cabeza. Pero seguimos trabajando, mejorando la metodología e investigando cómo se abordaba este problema en otros países”, contó.
Con el paso de los años, Casa María Pueblo logró asistir a miles de personas y obtuvo reconocimiento internacional. “Ganamos concursos en España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón. También recibimos premios de la Organización de las Naciones Unidas y fuimos reconocidos por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch”, detalló.
Consultado sobre los cambios que hubo en Argentina desde los años 90 hasta la actualidad, Witt destacó los avances en materia legislativa y de visibilización. “En derechos y en legislación cambió muchísimo. Antes la violencia contra las mujeres era invisible, directamente no era considerada un problema ni por la sociedad ni por la justicia”, sostuvo.
No obstante, remarcó que muchas veces las leyes no se aplican de manera automática. Como ejemplo, recordó lo ocurrido con la primera ley de protección contra la violencia familiar. “Se aprobó en el año 2000 y se promulgó en 2001, pero durante años los jueces se negaban a aplicarla porque consideraban que no correspondía a su fuero. Las denuncias se acumulaban en las comisarías sin que nadie actuara”, explicó.
Según relató, la presión social y mediática fue clave para revertir esa situación. “Hubo que denunciar públicamente lo que estaba pasando para que finalmente los juzgados comenzaran a aplicar la ley. Eso demuestra que los derechos no se conquistan solo con sancionar una norma: hay que luchar para que se cumpla”, enfatizó.
En ese marco, Witt subrayó el rol de las organizaciones sociales en la construcción de políticas públicas. “Muchas veces el estado ve a las organizaciones como enemigos, cuando en realidad somos quienes estamos en el territorio, quienes conocemos los problemas reales de la gente”, afirmó.
Por eso, consideró que debería existir una relación más estrecha entre el estado y las organizaciones que trabajan en el territorio. “Tiene que haber un ida y vuelta. No alcanza con crear estructuras burocráticas; lo importante es dar respuestas directas a las personas que están siendo víctimas”, planteó.
Finalmente, el fundador de Casa María Pueblo reflexionó sobre los desafíos que aún persisten. “Los derechos pueden existir en un papel porque la ley es un texto escrito, pero si no se hacen efectivos no sirven. Para que se cumplan hay que poner el cuerpo, militar, denunciar y acompañar a las víctimas”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)