El gobierno de Axel Kicillof compra vehículos con sobreprecio del 40 por ciento

En medio de la crisis económica que atraviesa la provincia de Buenos Aires y mientras el propio gobierno reconoce dificultades para afrontar salarios, obras públicas y prestaciones básicas del Estado, la Contaduría General bonaerense abrió una licitación para adquirir tres vehículos oficiales por un monto cercano a los 144 millones de pesos.

El proceso corresponde a la licitación 58-0010-CME26, impulsada por el organismo que actualmente conduce Carlos Baleztena, y contempla la compra de dos autos sedán y un utilitario, destinados al uso de funcionarios.

Según surge del expediente administrativo, el organismo provincial invitó a participar a cinco proveedores del rubro automotor. Sin embargo, al menos dos de esas concesionarias arrastran antecedentes de denuncias o controversias vinculadas a su operatoria comercial, lo que generó cuestionamientos internos y externos sobre la transparencia del proceso.

Una compra en tiempos de ajuste

La licitación se inscribe en un contexto financiero complejo para la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses, el gobierno provincial ha reiterado públicamente la falta de recursos para afrontar distintos compromisos presupuestarios. Sin embargo, en paralelo a esos reclamos, diferentes dependencias del estado continúan avanzando con renovaciones de flota y gastos millonarios en vehículos oficiales, una práctica que viene despertando polémica durante los últimos años.

Por caso, en 2025 se conoció la adquisición silenciosa de once vehículos cero kilómetro —diez Volkswagen Virtus 2025 y una Volkswagen Taos— valuados en más de 600 mil dólares, que terminaron almacenados en galpones de la dirección provincial de Automotores y Embarcaciones Oficiales.

Ahora, el nuevo proceso licitatorio vuelve a poner el foco en los gastos vinculados al parque automotor de la administración bonaerense.

Concesionarias bajo sospecha

Entre los proveedores convocados aparecen concesionarias con antecedentes polémicos. Una de ellas es Zingaro Automotores, firma que ya había quedado en el centro de una controversia durante 2025 a raíz de una contratación directa del gobierno bonaerense para reparar vehículos oficiales.

En aquel expediente —identificado como 435-0265-CDI25— el presupuesto oficial para reparar dos Volkswagen Golf ascendía a 13 millones de pesos, pese a que especialistas del sector estimaban que el costo real de los repuestos necesarios no superaba 1,4 millones de pesos.

El episodio generó fuertes cuestionamientos dentro del propio organismo. Fuentes internas denunciaron entonces la existencia de presuntos sobreprecios en los presupuestos de reparación de vehículos oficiales, señalando la participación de talleres y concesionarias que habrían inflado los valores.

Según esos testimonios, el mecanismo incluiría presupuestos sobredimensionados que luego se traducirían en contrataciones millonarias para trabajos de menor costo real.

Reclamos contra Espasa

Otra de las firmas vinculadas al proceso es Espasa SA, concesionaria oficial Volkswagen que acumula distintos reclamos de clientes en foros de consumidores y sitios de denuncias. Entre las quejas más frecuentes aparecen incumplimientos en la entrega de vehículos, modificaciones unilaterales en contratos de planes de ahorro y dificultades para recuperar señas o retirar unidades, incluso en casos donde los compradores habían entregado vehículos usados como parte de pago.

También se registraron fallos judiciales vinculados a conflictos por cuotas de planes de ahorro y condiciones contractuales.

Si bien estos reclamos corresponden al ámbito comercial y no necesariamente implican irregularidades en la contratación estatal, su presencia en un proceso de compra pública vuelve a encender interrogantes sobre los criterios de selección de proveedores utilizados por el estado provincial.

Escándalo por los sobreprecios

La ceremonia de apertura de la polémica licitación tuvo lugar en las últimas horas y, de las empresas seleccionadas, se presentaron representantes de Espasa SA y Autossan SA. La primera de ellas presentó una oferta por 106.961.400 pesos por dos vehículos Virtus Highline automáticos.

De acuerdo al sobre presentado, la valuación que Espasa SA hace de cada uno de sus vehículos es de 53.480.700 pesos, lo que habla de un grosero sobreprecio. En efecto, el mismo vehículo se encuentra a la venta actualmente en el mercado por 38 millones de pesos.

El sobreprecio presentado por Espasa SA sería de, al menos, unos 14 millones, cercano al 40 por ciento por encima del valor final que cualquier bonaerense puede obtener en una concesionaria. Esta no es la primera vez que la gestión de Axel Kicillof incurre en sobreprecios, como ya fue mencionado en este mismo artículo.

El negocio de los autos oficiales

El sistema de compras y mantenimiento del parque automotor del gobierno de Axel Kicillof ha sido históricamente uno de los sectores más sensibles dentro de la administración pública.

El manejo de licitaciones, reparaciones y adquisición de vehículos mueve millones de pesos cada año, lo que lo convierte en un área especialmente vulnerable a sobreprecios, favoritismos y circuitos informales de contratación. Por ese motivo, especialistas en administración pública suelen advertir sobre la necesidad de controles estrictos y transparencia absoluta en cada uno de estos procesos.

La licitación 58-0010-CME26, ahora en marcha, será una nueva prueba para determinar si la compra de los tres vehículos responde únicamente a necesidades operativas del organismo o si vuelve a abrir interrogantes sobre el manejo del dinero público en la provincia de Buenos Aires. (www.REALPOLITIK.com.ar)