Ley de Glaciares en Argentina: Minería, agua y la disputa política y económica

Este 21 de marzo se celebró el día internacional de los Glaciares y Argentina es uno de los países donde se centra una discusión entre el extractivismo minero, que supuestamente generaría “grandes riquezas”, y la contaminación de uno de los efluentes de agua dulce más abundantes e importantes del mundo. Es una discusión que ya no puede esquivarse y que, lejos de ser solo una postal de la cordillera o un atractivo turístico, involucra a los glaciares como reservas de agua dulce que sostienen, de manera directa o indirecta, el equilibrio hídrico de buena parte del territorio nacional. El cambio de la ley votado en febrero de este año pone en el centro de la escena una de las discusiones ambientales más importantes que ha tenido nuestro territorio hasta el momento.

Argentina cuenta con más de 16 mil cuerpos de hielo distribuidos a lo largo de la cordillera y una superficie que supera los 8.400 kilómetros cuadrados. Su función es tan silenciosa como indispensable: acumulan agua en invierno y la liberan en verano, regulando caudales en regiones donde la escasez es cada vez más evidente.

En ese contexto, la discusión dejó de ser exclusivamente ambiental para convertirse en política. Porque hablar de glaciares es, en definitiva, hablar de agua. Y en un escenario atravesado por el cambio climático, la presión productiva y la necesidad de desarrollo económico, el control de ese recurso empieza a ocupar un lugar central en la agenda pública.

Provincias con mayor cantidad de glaciares

La distribución de los glaciares no es homogénea y Santa Cruz encabeza ampliamente el ranking, con la mayor cantidad y superficie del país: 2.420 glaciares que abarcan alrededor de 3.420 km², en gran parte asociados al Campo de Hielo Patagónico Sur, lo que la convierte en el principal reservorio de agua congelada a nivel nacional. Allí se encuentran algunos de los cuerpos más emblemáticos y estudiados del país, como el Perito Moreno, el Upsala y el Viedma, que no solo almacenan enormes volúmenes de agua dulce sino que también tienen impacto a escala climática.

En la provincia santacruceña, actualmente bajo el control de Claudio Vidal, la minería es una actividad consolidada y constituye uno de los pilares económicos de la región. La mayoría de los proyectos están vinculados a la extracción de oro y plata, con una fuerte presencia de capitales internacionales. Entre los emprendimientos más importantes se destacan Cerro Vanguardia, uno de los más antiguos y productivos del país; Cerro Negro, operado por capitales extranjeros y considerado uno de los proyectos de mayor escala; Cerro Moro, con producción activa de metales preciosos; y el yacimiento San José, también conocido como Huevos Verdes. A estos se suman otros proyectos como Don Nicolás y Manantial Espejo, que completan un esquema donde actualmente hay varias minas en producción y decenas en exploración.

Mapa de Cerro Vanguardia.

Le siguen Tierra del Fuego, con una importante presencia de glaciares en su sector andino y en áreas insulares, donde el clima frío y húmedo favorece su conservación, con más de 1.700 glaciares y una superficie cercana a los 1.200 km², concentrados principalmente en la Cordillera Fueguina y en áreas insulares. Entre los más relevantes se destacan los glaciares Martial, Vinciguerra y el sistema del Monte Darwin, que cumplen un rol clave en la regulación hídrica local y en el equilibrio de ecosistemas subantárticos.

En la región fueguina, en cambio, la minería tiene un desarrollo mucho más limitado y no presenta grandes proyectos metalíferos en producción como en Santa Cruz. La actividad está más vinculada a la exploración y a recursos de menor escala, con condicionantes ambientales y geográficos más estrictos. Esto no significa ausencia de interés: el potencial geológico existe, pero el desarrollo minero en la provincia que gobierna Gustavo Melella está mucho menos avanzado y enfrenta mayores restricciones políticas y ambientales.

Por su parte, Mendoza se ubica entre las provincias con mayor cantidad de glaciares de montaña, con más de 1.500 cuerpos de hielo que suman alrededor de 860 km². Aunque de menor escala que los del sur, son fundamentales para sostener las cuencas que abastecen a una de las regiones más áridas del país. Entre los más importantes se destacan los glaciares del Aconcagua, el sistema del río Plomo y los glaciares de escombros de la alta cordillera, que cumplen una función clave en la provisión de agua para consumo, agricultura y energía.

El caso de territorio gestionado por Alfredo Cornejo es completamente distinto y, al mismo tiempo, uno de los más conflictivos. Allí la minería metalífera estuvo durante años limitada por restricciones legales y por una fuerte resistencia social vinculada al uso del agua. El más emblemático es el proyecto San Jorge, hoy reconfigurado como PSJ Cobre Mendocino, orientado a la extracción de cobre y oro en la zona de Uspallata. También aparece Don Sixto, un proyecto de oro en etapa avanzada de exploración, que forma parte de la cartera minera nacional. La discusión en Mendoza no pasa tanto por lo que ya está en producción, sino por lo que podría habilitarse si cambian las condiciones regulatorias. Sin embargo, este cambio de ley aprobado por el Congreso de la Nación Argentina “beneficiaría a los inversores” del extractivismo.

Mapa y proyecto San Jorge.

San Juan en el centro de la polémica: grandes inversiones y el peligro de los glaciares

En la provincia de San Juan, la relación entre glaciares y minería no es potencial: es directa, histórica y estructural. El Inventario Nacional de Glaciares identificó más de 1.600 cuerpos de hielo en territorio sanjuanino, con una superficie que ronda los 1.050 km², concentrados en la alta cordillera. A diferencia del sur, donde predominan grandes masas visibles, en San Juan tienen un peso determinante los glaciares de escombros y el ambiente periglacial, que funcionan como reservas de agua subterránea clave en una de las regiones más áridas del país.

Esa condición explica por qué la provincia se convirtió en uno de los principales polos mineros de Argentina. Allí operan algunos de los proyectos más importantes de la minería metalífera, como Veladero, ubicado en Iglesia y en producción desde hace más de una década; Gualcamayo, otro yacimiento aurífero relevante en el norte provincial; y Casposo, que tuvo actividad en la última década. A estos se suma el proyecto binacional Pascua-Lama —compartido con Chile—, que quedó paralizado pero marcó un punto de inflexión en el debate ambiental, y el desarrollo de Josemaría, uno de los proyectos de cobre más grandes de América Latina, aún en etapa de construcción.

Pero el dato central hoy no es lo que ya está en marcha, sino lo que podría venir. La provincia que gobierna Marcelo Orrego concentra más de 50 proyectos mineros en distintas etapas, desde exploración inicial hasta factibilidad avanzada, con foco creciente en el cobre, considerado estratégico en la transición energética global, con inversiones proyectadas superiores a los 30.000 millones de dólares en los próximos cuatro años, impulsadas principalmente por cuatro grandes proyectos de cobre. Se destaca Vicuña (BHP/Lundin Mining), con una inversión estimada de 18.000 millones de dólares, que forma parte de un paquete mayor que incluye iniciativas como Los Azules, El Pachón y Altar, que en conjunto proyectan inversiones por varios miles de millones adicionales en los próximos años.

En este escenario, el debate por la ley de Glaciares adquiere una dimensión concreta. La normativa vigente limita la actividad minera en zonas glaciares y periglaciares, lo que en la práctica condiciona el desarrollo de varios de estos proyectos. La posible reforma que se discute a nivel nacional representa, para San Juan, mucho más que un cambio técnico: es la posibilidad de ampliar el margen de explotación en áreas que hoy están restringidas.

Para el gobierno provincial y el sector minero, la modificación implica destrabar inversiones, generar empleo y consolidar a San Juan como eje del desarrollo cuprífero argentino. Para sectores ambientales y científicos, en cambio, significa debilitar la protección de reservas hídricas fundamentales en una provincia donde el agua es un recurso crítico.

Río Negro: pequeños glaciares, pero de gran impacto, y pedidos de informes en el Congreso Nacional

En Río Negro, la discusión sobre glaciares no tuvo históricamente la centralidad que sí alcanzó en provincias como San Juan o Mendoza. Sin embargo, eso no significa que el tema sea menor. El Inventario Nacional de Glaciares identificó más de 270 cuerpos de hielo en territorio rionegrino, con una superficie que ronda los 30 km², concentrados principalmente en la zona andina, en áreas como el entorno del cerro Tronador y las cuencas que alimentan el sistema del río Negro.

El problema es que esa menor visibilidad también se traduce en menor protección política. En los últimos años, incluyendo a la gestión de Alberto Weretilneck, Río Negro empezó a abrirse a la discusión sobre el desarrollo minero, especialmente en la Región Sur, lo que reactivó alertas sobre el impacto en cuencas sensibles y territorios de montaña. En ese marco, el tema llegó al Congreso. El senador nacional Martín Soria, por Río Negro, cuestionó la ley impulsada por el poder ejecutivo encabezado por Javier Milei.

En Río Negro, la minería todavía no tiene el nivel de desarrollo de provincias como San Juan o Santa Cruz, pero hay un dato que cambia la lectura: es hoy la jurisdicción con mayor cantidad de proyectos mineros del país, con alrededor de 53 iniciativas en distintas etapas, la gran mayoría en exploración y evaluación.

En ese marco, estas decisiones no solo entran en conflicto con la legislación vigente que prohíbe la actividad en ambientes glaciares y periglaciares, sino que también abren un escenario donde el recurso hídrico comienza a disputarse con actividades extractivas de alto consumo, en una provincia que ya enfrenta serias limitaciones de acceso al agua.

La ley que reabre el conflicto y audiencias públicas

La ley de Glaciares sancionada en 2010 había establecido un criterio claro: estos cuerpos de hielo y su entorno debían ser protegidos como reservas estratégicas de agua, limitando de manera estricta las actividades que pudieran afectarlos. Durante años, esa normativa funcionó como un límite concreto frente al avance de proyectos extractivos en zonas sensibles.

Ese límite hoy está en revisión. El Congreso volvió a debatir una reforma que propone modificar el alcance de la ley, otorgando mayor protagonismo a las provincias y habilitando un esquema más flexible en la evaluación de actividades productivas. El cambio no es menor: implica pasar de un modelo basado en la prohibición a otro donde las decisiones quedan sujetas a interpretaciones y negociaciones.

#LaLeyDeGlaciaresNoSeToca
Y nuestra participación no se negocia, hablamos los 100.000 mil✊🏼✊🏼✊🏼 pic.twitter.com/Bv0hNmF8br

— Asamblea No a la Mina - Esquel ✊🏼💧 (@NoalaminaEsquel) March 20, 2026

El tratamiento de la reforma dejó en evidencia el nivel de sensibilidad que alcanzó el tema. La convocatoria a audiencias públicas contó con más de 100 mil inscriptos; el oficialismo restringió a 200 las exposiciones y habilitó una plataforma para que el resto subiera videos. También limitó la presencia únicamente a los diputados de las comisiones, generando una fuerte controversia por las restricciones al debate. Las presentaciones judiciales, los cuestionamientos al procedimiento y la movilización de distintos sectores reflejan que la discusión ya no se limita al ámbito técnico o legislativo.

Lo que está en juego excede el contenido de una ley. Se trata de definir el alcance de la protección sobre un recurso que, en un escenario de creciente escasez, adquiere un valor cada vez más estratégico. (www.REALPOLITIK.com.ar)