El abogado Pablo Roca dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre un polémico sumario interno en el CONICET que podría derivar en la cesantía de dos investigadoras. Según denunció, el proceso presenta inconsistencias, posibles conflictos de intereses y se originó a partir de un estudio científico que detectó elementos no declarados en vacunas contra el COVID-19.
"Este sumario se inició por presuntas irregularidades vinculadas a un trabajo que detectó al menos 55 elementos químicos no declarados en vacunas COVID-19, utilizando la técnica ICP-MS", explicó Roca, al poner en contexto el origen del conflicto.
El abogado señaló que, en el ámbito científico, las discrepancias deberían resolverse mediante la producción de nueva evidencia: "Hasta ahí va todo bien, porque lo lógico es ampliar los estudios o contrastarlos. Pero el objetivo real no era profundizar la investigación, sino acallar voces y castigar a quienes sostuvieron ese trabajo".
En ese sentido, cuestionó el accionar institucional: "El comité de ética del CONICET, en vez de responder con más ciencia, abrió un sumario administrativo instruido por un abogado. Eso ya marca una desviación, porque estamos hablando de cuestiones científicas que deberían resolverse en ese mismo plano".
Roca también advirtió sobre posibles conflictos de intereses entre quienes impulsaron el proceso: "Hay personas que tuvieron roles clave durante la pandemia, participaron en políticas públicas y ahora intervienen en este sumario. Desde el derecho, eso configura una situación que, como mínimo, debería ser revisada por falta de imparcialidad".
Respecto a la prueba reunida en el expediente, fue contundente: "El material probatorio es inconsistente. Se basa en opiniones personales y en fuentes que no tienen rigor científico. No hay estudios que refuten el trabajo original con datos concretos, que sería lo esperable".
Además, remarcó que el estudio cuestionado no fue un hecho aislado: "Se realizaron múltiples análisis con distintas técnicas y en diferentes laboratorios, incluso bajo metodología de doble ciego. No es que dos investigadoras trabajaron solas, hubo participación de otros organismos con equipamiento y personal especializado".
Sobre la situación actual, detalló: "Se emitió un informe preliminar que recomienda la cesantía de las investigadoras Lorena Diblasi y Marcela Sangorrín. Es una medida extrema basada en un proceso que carece de sustento científico sólido".
Finalmente, Roca alertó sobre las implicancias más amplias del caso: "Esto sienta un precedente grave. Si en el principal organismo científico del país se sanciona a quienes investigan en lugar de debatir con evidencia, estamos frente a un intento de disciplinar a la comunidad científica. La ciencia no puede avanzar bajo presión administrativa ni política".
Y concluyó: "Lo que está en juego no es solo la situación de dos profesionales, sino la credibilidad del sistema científico argentino y la posibilidad de que existan debates abiertos, transparentes y basados en evidencia". (www.REALPOLITIK.com.ar)