La rendición de cuentas 2024 del Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales (EMSUR) de Necochea fue aprobada por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el análisis del expediente revela una serie de observaciones relevantes que, lejos de ser meramente formales, exponen problemas concretos en la administración financiera del organismo que se encuentra bajo la óbita de la municipalidad de Necochea, que conduce Arturo Rojas.
Uno de los puntos más delicados del informe es la imposibilidad del ente de demostrar la existencia real de los fondos declarados al cierre del ejercicio. El EMSUR informó un saldo superior a los 352 millones de pesos, pero no logró acreditar que ese dinero estuviera efectivamente disponible en caja o en cuentas bancarias.
Este tipo de observación es crítica porque afecta directamente la confiabilidad de los estados contables. En términos simples, el Tribunal advierte que los números pueden no reflejar la realidad financiera del organismo, lo que pone en duda toda la ejecución presupuestaria.
El informe también detecta serias inconsistencias en las conciliaciones bancarias, una herramienta clave para verificar que lo registrado en los libros coincida con los movimientos reales del banco.
Entre los problemas señalados aparecen: movimientos contabilizados por el ente que no figuran en el banco, débitos bancarios que no fueron registrados en la contabilidad y depósitos sin respaldo documental.
Estas irregularidades no sólo reflejan desorden administrativo. El propio Tribunal advierte que, si no se justifican, podrían derivar en la consideración de fondos faltantes, lo que implicaría responsabilidades más graves para los funcionarios.
Otro eje central del informe son los gastos por encima de lo autorizado. Durante 2024, el EMSUR ejecutó más de 891 millones de pesos en excesos presupuestarios.
Si bien una gran parte fue compensada con mayores ingresos y economías, quedó un remanente de más de 23 millones de pesos sin respaldo financiero. Esto implica una infracción a la normativa vigente, ya que el gasto público debe estar previamente autorizado y financiado.
Además, el expediente deja en claro que estos gastos fueron realizados “por insistencia” del presidente del ente, Sergio Giorello, es decir, aún cuando las áreas técnicas advertían la falta de crédito disponible. Este mecanismo, utilizado de forma reiterada, debilita los controles internos y habilita decisiones discrecionales.
El Tribunal también cuestiona movimientos internos de dinero que no pudieron ser debidamente explicados. En particular, se detectó una transferencia de más de 38 millones de pesos desde partidas destinadas a gastos corrientes hacia otras vinculadas a inversión.
El problema no es solo el movimiento en sí, sino la falta de documentación que justifique el cambio de destino. Esto altera la lógica del presupuesto aprobado y dificulta el control sobre el uso real de los recursos públicos.
Otro aspecto relevante es la incorrecta registración de las modificaciones presupuestarias. El EMSUR incorporó como propias ampliaciones que en realidad correspondían a decretos del municipio.
Aunque al cierre del ejercicio esto no generó diferencias en los números finales, durante el año produjo información distorsionada. Esto es clave, porque implica que las decisiones se tomaron sobre datos incorrectos, afectando el seguimiento y control del gasto.
Las observaciones también alcanzan la estructura contable del ente. El informe menciona, por ejemplo, una cuenta de “préstamos otorgados” que presenta un saldo acreedor —cuando debería ser deudor— por más de 16 millones de pesos.
Este tipo de error no es menor: indica problemas en la registración de operaciones y pone en evidencia falencias técnicas en la contabilidad.
A su vez, se detectaron diferencias entre los saldos informados por el ente y los calculados por la auditoría, originadas en movimientos no justificados entre cuentas. Estas inconsistencias refuerzan la idea de un sistema contable poco confiable.
A pesar de este conjunto de observaciones, el Tribunal resolvió aprobar la rendición de cuentas, dejando constancia de los incumplimientos pero sin aplicar sanciones de mayor gravedad.
Las únicas medidas adoptadas fueron amonestaciones para la contadora del ente, Agustina Larraburu, y el tesorero, Alejandro Chiarle, lo que implica un llamado de atención administrativo, pero sin consecuencias económicas directas.
En definitiva, el caso del EMSUR muestra una situación donde la aprobación formal de las cuentas convive con un diagnóstico preocupante. La falta de respaldo de fondos, los excesos presupuestarios, las inconsistencias bancarias y los errores contables configuran un escenario de debilidad estructural en la administración.
Más allá de que no se haya rechazado la rendición, el informe del Tribunal deja planteadas dudas concretas sobre la calidad de la gestión y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)