El gobierno deberá ejecutar de inmediato la ley de Financiamiento Universitario

Parece todo un contrasentido, pero en la Argentina, para que el gobierno respete la constitución y cumpla con la ley, debe existir una decisión de la Justicia. Y aún así, insiste en incumplir con todo aquello que beneficie a la sociedad. Claro está que al momento de beneficiar a sus amigos y a los sectores más concentrados de la economía –nativa o extranjera- actúa de manera muy diferente, incluso pasando a menudo por encima de la legalidad para premiar a socios y entenados.

En medio de sospechas y denuncias sobre corrupción de las principales figuras del actual régimen, Javier Milei y su séquito pretenden seguir actuando como siempre lo han hecho: ninguneando al Congreso de la Nación Argentina; insultando y ridiculizando a la política; y atacando a los sectores más vulnerables de la sociedad con medidas económicas de crueldad manifiesta y represión directa y extremadamente violenta contra jubilados, discapacitados y todo aquel que pretenda defender o peticionar por sus legítimos derechos.     

En este contexto de descomposición productiva y laboral, vaciamiento del salario y los ingresos, fomento de la desocupación y promoción de beneficios inéditos para empresarios y gobiernos “amigos”, la universidad no ha sido una isla, sino uno de los sectores que más debió soportar el desenfreno pulverizador del gobierno. La educación superior (y la general), la ciencia y la técnica, que supieron ser el orgullo de los argentinos y uno de los canales clave para posibilitar la movilidad social ascendente y el crecimiento de nuestra economía, hoy es la sombra de aquellos tiempos dorados. Con trabajadores con ingresos por debajo del salario mínimo, amenaza o pérdidas efectivas de sus empleos, la Argentina de la ignorancia que ha diseñado el poder financiero internacional y local y sus instrumentos políticos avanza a paso acelerado.

¡A cumplir la ley! Sentencia contundente de la Cámara Contencioso Administrativo Federal

Hasta la fecha, ni las marchas federales con más de un millón de participantes, ni la ley de Financiamiento aprobada en dos ocasiones por el Congreso, veto presidencial mediante, han conseguido éxito alguno. La sentencia judicial en primera instancia que disponía la aplicación efectiva de la norma fue apelada por la motosierra de Javier Milei. Pero acaba de producirse una novedad significativa: la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar dictada en primera instancia y calificó a la apelación del Poder Ejecutivo como fundada en argumentos “poco serios”, ya que el impacto fiscal de la medida “es bajo”. E inmediatamente ordenó ejecutar con inmediatez la ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente.

La medida cautelar reafirmada por la Cámara había ordenado al Poder Ejecutivo aplicar la ley de Financiamiento Universitario, cumpliendo de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, referidos a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el 1/12/2023 y la aprobación de la norma, en septiembre del 2025. Asimismo dispone la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes.

Los camaristas Sergio Fernández y Jorge Morán califican además como “poco serios” los “agravios” presentados por el estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta, subrayando que su impacto fiscal “es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público”. Asimismo destaca que la actitud del gobierno ataca directamente un derecho central de la Constitución: la educación superior pública.

¿Qué hará el gobierno?

La decisión de la Cámara tiene lugar en el contexto de la tercera semana de paro continuado de la educación superior, y plantea el interrogante de la reacción del gobierno. ¿Seguirá cargando contra la Constitución y el Congreso Nacional, o se someterá a Justicia? Aún le queda la instancia de apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: el tema consiste en saber cuál sería su impacto en una opinión pública en la que la imagen de Javier Milei y de su gobierno vienen deshilachándose a paso acelerado, sin solución de continuidad, y con la perspectiva de un futuro aún más sombrío para la mayoría de los argentinos.

En cualquier país del mundo, el estado y el gobierno son los garantes de garantizar la estricta observancia de la ley. Pero en la Argentina de Milei, la sociedad deber recurrir a la Justicia y a las instancias democráticas que aún sobreviven para conseguir que se sostenga una cada vez más vapuleada institucionalidad. Es nuestra dura realidad, aunque nos duela y, a algunos, nos avergüence. (www.REALPOLITIK.com.ar)