Chapadmalal: Axel Kicillof choca con Guillermo Montenegro por el uso costero

La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires dispuso la demarcación de la línea de ribera del Mar Argentino en un predio de la localidad de Chapadmalal, partido de General Pueyrredón, en una medida que, aunque presentada como técnica, se produce en medio de denuncias por un presunto intento de urbanización privada sobre la costa.

El procedimiento, que se realizará el próximo 16 de abril, apunta a establecer el límite preciso entre el dominio público provincial —representado por el mar— y las tierras bajo jurisdicción municipal, en la Unidad Turística Fiscal conocida como “Playa Dorada” o “Paradise”, un sector de alto valor estratégico frente al mar.

Sin embargo, la intervención provincial no ocurre en el vacío. Según denunciaron organizaciones locales, el municipio que conduce Guillermo Montenegro habría impulsado un esquema de mensuras y planos que no respetarían los límites legales ni las restricciones vigentes sobre la franja costera.

Entre las principales observaciones, se señala que el plano utilizado para avanzar en la licitación del predio proyecta el límite de la parcela sobre el mar, incluso por encima de la línea de oleaje, lo que implicaría una representación errónea del dominio público. A esto se suman inconsistencias en sectores lindantes con la ruta provincial 11, donde tampoco se habría respetado el retiro obligatorio de 20 metros.

El terreno en cuestión —unas 10 hectáreas— habría sido ofrecido en concesión en el marco de un proyecto impulsado por el Ente Municipal de Turismo (EMTUR), con la participación de la firma Desarrolladora Homs SA, señalada como responsable de las obras proyectadas.

Desde los sectores críticos advierten que el modelo en juego implicaría la privatización de facto del frente costero, con desarrollos destinados al uso exclusivo y restricciones de acceso para la población. “Todo lo construido por concesionarios fue para uso privado”, sostienen.

La discusión no es menor. La normativa vigente establece la prohibición de edificar a menos de 150 metros del mar, además de resguardar el carácter público de playas y riberas. En ese marco, la demarcación que ahora impulsa la provincia aparece como un paso clave para definir qué porción del terreno puede ser efectivamente utilizada y bajo qué condiciones.

El conflicto también incorpora un componente ambiental. Chapadmalal registra antecedentes de erosión costera y daños derivados de construcciones en zonas no habilitadas, lo que vuelve especialmente sensible cualquier intervención sobre la primera línea frente al mar.

El trasfondo del caso también expone una tensión política. Mientras la municipalidad de General Pueyrredón, conducido por Montenegro, impulsa el desarrollo del predio, la intervención de la provincia —a cargo de Axel Kicillof— introduce un factor de control sobre los límites del dominio público. En ese marco, la demarcación de la línea de ribera no solo tiene implicancias técnicas, sino que también se inscribe en una puja más amplia por el manejo del frente costero.

Chapadmalal, General Pueyrredón.

Así, lo que formalmente es un acto administrativo para fijar límites geográficos se transforma en el eje de una disputa más amplia: el control, uso y eventual explotación de uno de los sectores más codiciados de la costa bonaerense.

La definición de la línea de ribera no solo delimitará el alcance del dominio público, sino que podría condicionar —o incluso frenar— un proyecto que, según denuncian, busca transformar un espacio común en un enclave de explotación privada. En un escenario de diferencias políticas entre ambas administraciones, el futuro de estas tierras podría convertirse en un nuevo foco de conflicto entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza. (www.REALPOLITIK.com.ar)