Marcelo Martínez, integrante de la ONG Nuevo Ambiente, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) y denunció graves incumplimientos ambientales en la Isla Santiago, un territorio mayoritariamente estatal donde, según explicó, se estarían realizando obras, loteos y movimientos de suelo sin los controles correspondientes ni autorización judicial.
En ese marco, Martínez aclaró que cerca del 90 por ciento de las tierras de la isla pertenecen al estado, por lo que la venta de terrenos no otorga escrituras, sino apenas posesión. “Hay diversos organismos que tienen control sobre esas tierras, y sólo un sector mínimo es privado”, detalló.
El referente ambiental puso el foco en un incumplimiento clave: la falta del plan de manejo ambiental exigido por la Justicia para las islas Santiago y Paulino, ambas protegidas por la ley de paisaje protegido.
Según explicó, hace más de un año el juzgado contencioso administrativo de La Plata ordenó a los municipios de Ensenada y Berisso la elaboración de este instrumento, fundamental para regular actividades y preservar el ecosistema. “Los plazos están vencidos y el plan no fue presentado. La medida sigue vigente”, remarcó.
En ese sentido, recordó que la resolución judicial prohíbe expresamente cualquier tipo de obra, loteo, desmonte o movimiento de suelo hasta tanto se cumpla con ese requisito. Sin embargo, denunció que recientemente se realizaron intervenciones en la isla que motivaron una nueva presentación judicial.
“No son obras menores”, cuestionó Martínez en respuesta a la postura del municipio de Ensenada, que había minimizado las intervenciones. Según argumentó, estas acciones se ejecutaron sin estudios de impacto ambiental, incumpliendo tanto la legislación nacional como la provincial.
El integrante de Nuevo Ambiente advirtió que incluso obras aparentemente menores pueden generar consecuencias significativas. Entre ellas, mencionó la generación de residuos contaminantes durante trabajos viales y el impacto de luminarias LED de alta potencia sobre la fauna silvestre.
“Provocan alteraciones en aves e insectos, afectan su orientación, reproducción y alimentación, en un área que justamente está protegida”, explicó, al tiempo que señaló que existen alternativas menos invasivas que no fueron consideradas.
Además, denunció una lógica reiterada de priorizar intereses económicos por sobre el cuidado ambiental. “Estamos cansados de que se avance sin respetar la ley ni las resoluciones judiciales”, afirmó.
Finalmente, Martínez también hizo referencia a antecedentes en la zona, como el intento de desarrollar un barrio privado en la isla, que fue frenado judicialmente. “Siempre hay intentos y no hay estudios serios sobre la capacidad del territorio”, advirtió.
La nueva presentación judicial busca que se frenen estas prácticas y se exija el cumplimiento efectivo de la normativa vigente, en un territorio que, según concluyó, “sigue siendo tierra de nadie en términos de control estatal”. (www.REALPOLITIK.com.ar)