El historial de sentencias impagas y embargos de Víctor Aiola y Darío Golía

El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires aprobó la rendición de cuentas 2024 de la municipalidad de Chacabuco, pero lo hizo dejando al descubierto un problema estructural que atraviesa distintas gestiones: el incumplimiento sistemático de sentencias judiciales y el consecuente derroche de recursos públicos.

El fallo es claro en su diagnóstico. Durante años, la comuna no pagó en tiempo y forma obligaciones judiciales firmes, lo que derivó en ejecuciones, embargos sobre cuentas bancarias y un crecimiento exponencial de la deuda original por la acumulación de intereses, costas y honorarios profesionales. En términos simples: lo que pudo haberse resuelto con pagos relativamente menores terminó transformándose en erogaciones mucho más abultadas.

La situación tiene un fuerte anclaje en la gestión del exintendente Víctor Aiola, aunque sus consecuencias se extendieron en el tiempo y alcanzaron al actual gobierno de Darío Golía.

Uno de los casos más ilustrativos es el de la causa Miguel Ángel Rossetti, donde una sentencia firme que debía cumplirse en 2021 terminó generando más de un millón de pesos en intereses y honorarios por la demora en el pago. El municipio no solo abonó el capital, sino que debió afrontar cifras adicionales que el propio Tribunal considera evitables.

Algo similar ocurrió en el expediente Adrián Darío Montes, donde la falta de cumplimiento oportuno derivó en una nueva liquidación judicial con más de 400 mil pesos en intereses y otros 270 mil en honorarios. En la causa Alicia Blaiotta, el pago incompleto y fuera de término derivó en un embargo y en la generación de intereses adicionales, también cuestionados por el organismo de control.

La lógica se repite en otros expedientes. En el caso del perito Gustavo Funes, una deuda inicial relativamente baja terminó multiplicándose a partir de la acumulación de intereses y nuevos honorarios, producto de la ejecución judicial. En otra causa vinculada al mismo profesional, el municipio volvió a incurrir en mora y debió afrontar nuevos costos que, según el Tribunal, no responden a un gasto propio de la administración sino a su falta de cumplimiento.

El expediente Julia Castillo expone con crudeza el desorden administrativo. Allí se registraron múltiples embargos sobre cuentas municipales, pagos parciales y una escalada de intereses que superó ampliamente el monto original de la condena.

A estos casos se suma el expediente de María Rosa Scalise, donde también se verificaron demoras en el pago de honorarios que derivaron en mayores costos para el municipio. Todos estos procesos forman parte de una misma auditoría que detectó un patrón reiterado de incumplimientos judiciales, con consecuencias similares en cada caso: ejecuciones, embargos y un incremento sostenido del gasto público por intereses y costas que podrían haberse evitado.

Responsabilidades y sanciones

En todos los casos, el Tribunal remarca un punto clave: el municipio no logró demostrar que existiera falta de fondos al momento de cumplir con las sentencias. Es decir, no hubo una imposibilidad material de pago, sino una deficiente gestión administrativa que terminó perjudicando al erario público.

La responsabilidad no queda diluida. El fallo identifica a funcionarios de distintas áreas —intendencia, asesoría legal, contaduría y áreas operativas— y distribuye responsabilidades incluso de manera solidaria, en función del momento en que se generaron las deudas y de quiénes intervinieron en su ejecución o demora.

Esa determinación se traduce en sanciones concretas. El Tribunal de Cuentas resolvió aplicar una multa de un millón de pesos al intendente Rubén Darío Golía, como máxima autoridad del departamento ejecutivo. A su vez, sancionó con multas de 300 mil pesos al subsecretario de Tránsito y Seguridad, Mauricio Martín Yonna, y a la jueza de Faltas municipal, Silvia Lorenzo, en el marco de las irregularidades detectadas en el sistema de control y juzgamiento de infracciones.

El fallo también establece otras medidas disciplinarias. Se dispuso la amonestación al contador municipal, Osvaldo Oscar Mancuso, y al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Tomás Guido Domínguez, junto con el jefe de Compras, Fabián Oscar Cattaneo. Además, se aplicaron llamados de atención al secretario de Gobierno, Javier Gastón Estévez; a la secretaria de Hacienda, Mónica Natalia Garraza; al asesor legal y técnico, Matías Luján Sassoni; al responsable de Patrimonio, Leonardo Javier Volpini; y a la subsecretaria de Recursos Humanos, Sofía Nutti.

Palacio municipal.

Pero el aspecto más delicado no se limita a las sanciones administrativas. El Tribunal avanzó también con la formulación de cargos económicos, es decir, montos que deberán ser reintegrados al Estado por considerarse gastos indebidos.

En ese sentido, se dispuso un cargo de 556.657,29 pesos por egresos desaprobados, con responsabilidad compartida entre el exintendente Víctor Aiola, la exsecretaria legal Karina Verónica Bivona, el actual intendente Golía, el asesor legal Sassoni y el contador Mancuso, según los distintos tramos de intervención.

A esto se suma un segundo cargo de mayor magnitud: 3.687.812,04 pesos, también por erogaciones consideradas irregulares. En este caso, la responsabilidad recae principalmente sobre el exintendente Aiola, en conjunto con la excontadora municipal Estela Adriana Ferrari, y el expresidente del Concejo Deliberante Lisandro Cristóbal Herrera, en función de su participación en los hechos observados.

El fallo incluso deja abierta la puerta a nuevas definiciones. El Tribunal resolvió mantener en suspenso el análisis de otros puntos, advirtiendo que los funcionarios involucrados —entre ellos Aiola, Golía y distintos integrantes de sus equipos— no pueden considerarse exentos de responsabilidad hasta que se emita un pronunciamiento definitivo.

En paralelo, el capítulo vinculado al sistema de multas y tránsito aparece como otro foco de preocupación. Las sanciones aplicadas al área reflejan deficiencias en la gestión, control y validación de infracciones, lo que pone en cuestión no solo la legalidad de los procedimientos, sino también la transparencia de una fuente clave de ingresos municipales.

En definitiva, más allá de la aprobación formal de las cuentas, el Tribunal de Cuentas dejó una advertencia contundente: una parte significativa del gasto observado no responde a decisiones de gobierno, sino a fallas evitables en la administración. En Chacabuco, no pagar a tiempo —y no controlar adecuadamente áreas sensibles— terminó teniendo un costo millonario para el estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)