OCEBA: Diego Rozengardt pagó un Nissan Sentra con 10 millones de sobreprecio

En una provincia atravesada por tensiones fiscales, reclamos salariales y municipios al borde del colapso financiero, una nueva contratación estatal vuelve a encender las alarmas sobre el manejo de los recursos públicos. Esta vez, el foco está puesto en el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), que concretó la compra de un vehículo oficial con un sobreprecio millonario.

El expediente administrativo —identificado como 269-0020-CME26— encuadra la operación bajo la figura de “contratación menor”, un mecanismo que permite agilizar compras sin pasar por licitaciones más amplias. A través de este procedimiento, el organismo conducido por Diego Rozengardt adquirió un Nissan Sentra Advance 2.0 CVT por un total de 54.075.400 pesos.

El número, por sí solo, podría no llamar la atención. Pero el problema aparece cuando se lo compara con el valor de mercado: el mismo modelo puede conseguirse hoy por aproximadamente 43 millones de pesos. La diferencia —cercana a los 10 millones— representa un sobreprecio significativo que, en términos concretos, implica que el estado pagó alrededor de un 25 por ciento más que cualquier comprador particular.

Traducido a lenguaje llano: en medio del ajuste y la escasez de recursos, los bonaerenses terminaron financiando un vehículo oficial a un costo muy superior al del mercado.

Un patrón que se repite

El caso del OCEBA no aparece como un hecho aislado, sino como una pieza más dentro de un esquema más amplio que ya viene generando controversias en la administración bonaerense.

Semanas atrás, otro proceso licitatorio —el expediente 58-0010-CME26— había quedado bajo cuestionamiento por la compra de vehículos oficiales con sobreprecios de hasta el 40 por ciento. En aquella oportunidad, concesionarias como Autossan SA y Espasa SA presentaron ofertas ampliamente por encima de los valores comerciales, lo que derivó en críticas tanto internas como externas sobre la transparencia del proceso.

Autossan, precisamente la firma vinculada a la operación del OCEBA, ya había sido señalada en ese expediente por prácticas similares. La reiteración de estos episodios refuerza las sospechas sobre la existencia de mecanismos de contratación que, lejos de optimizar el gasto público, terminan encareciéndolo.

El negocio del parque automotor estatal —que involucra compras, reparaciones y mantenimiento— aparece así como una zona especialmente sensible dentro de la estructura administrativa, donde los controles muchas veces parecen diluirse entre expedientes y procedimientos abreviados.

El nombre que vuelve

La figura de Diego Rozengardt también suma un elemento adicional al análisis. Antes de su paso por el OCEBA, el funcionario integró el directorio de Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), empresa estatal que quedó en el centro de una fuerte polémica por la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

En ese contexto, la fundación Apolo presentó una denuncia judicial en la que se advertía sobre presuntas irregularidades en el proceso licitatorio, incluyendo la elaboración de un pliego con especificaciones técnicas que, según los denunciantes, habrían favorecido a una empresa en particular del grupo Techint.

La acusación señalaba, además, que el documento clave de la licitación no se encontraba publicado, lo que implicaría una posible violación a las normas de transparencia activa. Entre los miembros del directorio señalados en la presentación judicial figuraba el propio Rozengardt.

Si bien aquella causa se encuentra en instancia de investigación y no implica una condena, su mención vuelve a poner bajo la lupa el recorrido del funcionario en áreas sensibles del estado vinculadas a contrataciones de alto impacto económico.

Entre la urgencia y las prioridades

La compra del vehículo en el OCEBA se produce en un momento particularmente delicado para la provincia de Buenos Aires. El propio gobierno ha reconocido dificultades para sostener compromisos básicos, desde el pago de salarios hasta la ejecución de obra pública. 

En ese escenario, decisiones como la adquisición de autos oficiales con sobreprecios generan un fuerte contraste entre el discurso de austeridad y las prácticas administrativas. Más aún cuando se trata de organismos que, como el OCEBA, tienen un rol clave en la regulación de un servicio esencial como la energía eléctrica, en un contexto donde miles de usuarios enfrentan aumentos tarifarios y dificultades para afrontar sus facturas.

El caso reabre una discusión recurrente en la gestión pública: la necesidad de reforzar los mecanismos de control, garantizar procesos transparentes y evitar que las excepciones administrativas —como las contrataciones menores— se conviertan en atajos para eludir controles más estrictos.

Porque, al final del expediente, más allá de los números, lo que está en juego es algo mucho más profundo: la confianza en cómo se administra el dinero de todos. Y en tiempos de crisis, esa confianza vale incluso más que un auto cero kilómetro. (www.REALPOLITIK.com.ar)