Juan Acosta, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de San Pedro, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la denuncia contra el intendente Cecilio Salazar por la retención indebida de aportes sindicales que rondarían los 200 millones de pesos. Además, advirtió sobre un escenario de persecución gremial, falta de diálogo y salarios que calificó como “de indigencia”.
“Esto viene de larga data, desde noviembre, cuando reclamamos un aumento salarial digno. Hicimos una medida de fuerza y la respuesta del intendente fue dejar de pagar los aportes sindicales y hasta los sueldos de algunos compañeros, incluido el mío”, explicó Acosta.
En ese sentido, aseguró que la situación constituye una represalia directa contra el gremio por los reclamos paritarios. “Se enojó porque reclamamos lo que corresponde por ley. No quiere que defendamos los derechos de los trabajadores”, afirmó.
El dirigente detalló que los aportes son descontados de los salarios, pero no transferidos al sindicato, lo que afecta el funcionamiento de la organización y los beneficios para los afiliados. “Nos deben cerca de 180 millones de pesos, que con intereses ronda los 200 millones. Incluso en una carta documento reconocieron que usaron ese dinero para otros fines”, sostuvo.
Ante esta situación, el gremio avanzó con una denuncia en el Tribunal de Cuentas y posteriormente en la Justicia penal. “Es un delito claro. La plata es de los trabajadores y la tienen que depositar donde corresponde”, remarcó.
Acosta también explicó que la falta de estos fondos obligó a recortar servicios esenciales: “Tuvimos que suspender convenios con farmacias y limitar la asistencia. Hay trabajadores que dependen del sindicato para poder comer”.
El secretario general describió además un panorama crítico en materia salarial. “Un ingresante está cobrando entre 450 y 500 mil pesos. No llegamos ni a la línea de indigencia”, afirmó, y aseguró que la situación se replica en gran parte de la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, denunció prácticas de precarización laboral dentro del municipio. “Hay cada vez más monotributistas haciendo el mismo trabajo que un empleado municipal. Es un fraude laboral tremendo”, advirtió.
En paralelo, acusó al Ejecutivo local de impulsar una “reforma laboral de hecho” y de ejercer persecución política y sindical. “Si un trabajador opina distinto o reclama, lo castigan, lo trasladan o le sacan bonificaciones”, señaló.
Acosta también cuestionó la falta de intervención del ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. “Hicieron oídos sordos. Tenemos denuncias que nunca avanzaron y no recibimos respuestas”, expresó.
Finalmente, anticipó que el conflicto continuará en el ámbito judicial. “Ya presentamos la denuncia penal y vamos a seguir hasta que aparezca la plata y se respeten los derechos de los trabajadores”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)