Vacunas: Nicolás Kreplak pidió formalmente sancionar a Chinda Brandolino

En un hecho que abre un debate incómodo sobre los límites entre la salud pública y la libertad de pensamiento, el gobierno de Axel Kicillof avanzó con un pedido formal de sanciones contra médicos que participaron de un evento en el Congreso de la Nación Argentina, entre ellos la reconocida médica Chinda Brandolino.

El documento firmado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, no deja margen a interpretaciones: “Este ministerio solicita que se sancione con todo el rigor legal a los médicos referidos por incumplimiento del decreto-ley 5413/58 y el Código de Ética”.

La acusación es grave. Según el propio texto oficial, las opiniones vertidas en el evento son consideradas “claramente contrarias a la ética profesional y a la legislación sanitaria vigente, lo que pone en riesgo al sistema sanitario”.

Sin embargo, el trasfondo del caso expone una tensión mucho más profunda: ¿Puede el estado silenciar a profesionales por sus opiniones en un ámbito de debate científico?

La documentación de la sanción y posterior notificación de la médica Chinda Brandolino.

Ciencia o dogma

El evento realizado en el Congreso —titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas?”— reunió durante más de seis horas a médicos, investigadores y expositores que cuestionaron aspectos del modelo sanitario vigente.

Entre ellos, Brandolino sostuvo posturas críticas sobre la vacunación, lo que desató el repudio de sectores políticos y sanitarios. Pero lo llamativo es que el propio documento oficial reconoce que el eje del conflicto no es una mala praxis concreta, sino ideas: “Las manifestaciones y postura de los profesionales involucrados revisten gravedad por su impacto en la salud pública”.

Es decir, el problema no es un acto médico, sino lo que se dice. Y ahí aparece la contradicción central: la ciencia, por definición, se construye a partir del debate, la confrontación de hipótesis y la revisión constante. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sectores del propio sistema buscan disciplinar voces disidentes haciendo uso y abuso del poder estatal.

El rol del poder político

El avance del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires no ocurre en el vacío. Tiene un engranaje concreto: el Colegio de Médicos Distrito I, presidido por Jorge Alberto Mazzone, aparece como la pieza institucional a través de la cual se canalizan las sanciones.

En la práctica, se trata de un esquema donde el poder político y las estructuras profesionales se superponen. Mazzone no es un actor aislado. Registra vínculos laborales prolongados dentro del propio estado provincial y el sistema público de salud desde hace no menos de una década, tanto en la cartera que conduce Nicolás Kreplak como en la Universidad Nacional de La Plata  (UNLP). 

En este contexto, el rol del Colegio deja de ser meramente técnico o deontológico y pasa a funcionar como herramienta de disciplinamiento, alineada con las decisiones políticas del gobierno de Axel Kicillof y los ingentes intereses farmacéuticos que disputan un pedazo de la caja bonaerense.

No se trata sólo de una sanción profesional: lo que está en discusión es si existe un uso de las instituciones médicas tomadas por el kirchnerismo para ordenar y silenciar voces disidentes dentro del sistema sanitario.

El conflicto actual tampoco aparece aislado. En el pasado, el propio Jorge Alberto Mazzone fue protagonista de un fuerte cruce político con la gestión Kicillof tras denunciar “persecución” y cuestionar el funcionamiento del sistema sanitario provincial, en un episodio que derivó en su apartamiento de la jefatura de la sala de hospital Zonal Especializado en Rehabilitacion El Dique de Ensenada. En aquel momento, dirigentes opositores calificaron la decisión como “autoritaria” y “persecutoria”, en un clima que ya anticipaba el nivel de conflictividad entre el poder político y sectores críticos del sistema de salud, aunque en el caso de Mazzone resultó subsanado.

La médica Chinda Brandolino.

Salud pública no, censura

El conflicto también revive viejas polémicas que el propio oficialismo nunca terminó de saldar: desde el escándalo del vacunatorio VIP hasta las críticas por la falta de transparencia en los datos sanitarios durante la pandemia. Un escenario donde —lejos de haber “santos”— el manejo de la información y la construcción del relato sanitario ya había quedado bajo cuestionamiento.

El documento oficial insiste en que las posturas de los médicos “representan una clara amenaza sanitaria” y que son “incompatibles con los compromisos éticos que rigen el ejercicio de la medicina”.

Pero el punto de fondo sigue abierto: ¿Dónde termina la responsabilidad profesional y dónde empieza la libertad de pensamiento? Porque si el criterio pasa a ser sancionar opiniones, el riesgo es evidente: transformar a la medicina en un espacio sin debate, donde solo sobreviven las voces alineadas con el poder político de turno.

Y en ese escenario, la ciencia deja de ser ciencia para convertirse en dogma. (www.REALPOLITIK.com.ar)