Chubut: Fondos sin ejecutar y vuelos bajo sospecha complican a Ignacio Torres

La crisis en el manejo del fuego en Chubut dejó de ser un problema operativo para transformarse en un escándalo político de magnitud. El gobernador Ignacio Torres desplazaría en los próximos días a la cúpula de la secretaría de Bosques de Chubut y del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), en medio de denuncias por presuntas maniobras irregulares, uso discrecional de recursos y falta de ejecución de fondos clave en plena emergencia ígnea.

Los nombres apuntados son el secretario de Bosques, Abel Nievas; el director general de Coordinación y Administración del SPMF, Luis Crnkovic; y la directora de Recursos Humanos y Logística, Alejandra Ramírez, esos dos últimos tendrían un sumario administrativo por irregularidades. La decisión política, según fuentes oficiales, busca descomprimir una situación que ya no se limita a cuestionamientos internos, sino que empieza a escalar públicamente con elementos que podrían derivar en investigaciones más profundas.

Fondos nacionales: millones recibidos y recursos congelados

Uno de los puntos más sensibles gira en torno al manejo de fondos nacionales, ya que la provincia de Chubut recibió al menos 540 millones de pesos correspondientes a la ley de Bosques que, lejos de ser ejecutados en prevención o equipamiento, habrían sido retenidos o subejecutados.

El dato no es menor: esos recursos estaban destinados específicamente a fortalecer la capacidad de respuesta frente a incendios forestales, en una provincia que año tras año enfrenta eventos cada vez más destructivos. La falta de ejecución no solo compromete la eficiencia del sistema, sino que abre interrogantes sobre la decisión política detrás de ese congelamiento.

A esto se suma el despliegue económico realizado por Nación durante la última temporada, donde se destinaron millones de dólares al alquiler de medios aéreos. Empresas como Aaxod y Jasfly fueron parte de ese esquema, bajo contratos que contemplan mínimos y máximos de horas de vuelo.

Los números son contundentes: más de 24 millones de dólares adjudicados a AAXOD, cerca de 18 millones a Jasfly en un contexto marcado por la preferencia de Nievas hacia estas dos empresas, además de ampliaciones posteriores que elevan aún más el gasto por parte de Nación, contratados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Estas cifras surgen de documentación oficial y reflejan el peso creciente de la contratación externa en el sistema de manejo del fuego. 

A su vez, en Chubut se suma otros fondos, como el decreto Nro. 80 firmado por el gobernador Ignacio Torres del cual surge que la provincia recibió un Aporte del Tesoro Nacional por 7.000 millones destinado a la emergencia ígnea, que luego fue redistribuido en distintas áreas: unos 500 millones de pesos a Servicios Públicos y Energía Renovables, 800 millones a Infraestructura, Energía y Planificación, 1.850 millones a Vialidad provincial, 300 millones al ministerio de Seguridad y Justicia, 2.000 millones a la secretaría General de Gobierno, 200 millones a Desarrollo Humano, 150 millones al ministerio de Producción, 700 millones nuevamente en áreas productivas y 500 millones asignados directamente a la secretaría de Bosques. Además, el decreto autoriza transferencias específicas —como otros 1.850 millones a Vialidad— en el marco de la emergencia. 

La dispersión de los fondos y su asignación en áreas no directamente operativas del combate del fuego refuerzan los cuestionamientos sobre la eficacia, trazabilidad y destino final de los recursos enviados por Nación. 

Pero incluso hay más. En diciembre del 2025, Chubut también había recibido por parte de Nación unos 9.500 millones de pesos por la emergencia ígnea. La pregunta obvia es, si había tantos fondos para sofocar los incendios, por qué se incendiaron 75 mil hectáreas.

El negocio de las horas de vuelo

Es en ese punto donde aparecen las denuncias más delicadas. Brigadistas y fuentes periodísticas de la provincia coinciden en señalar que desde la conducción de Bosques se habría favorecido a determinadas empresas para que incrementaran artificialmente sus horas de vuelo.

El mecanismo es claro: los contratos establecen un piso y un techo de horas. Cuanto más se acerca la empresa al máximo —o incluso lo supera— mayor es la facturación final. Según estas versiones, la gestión encabezada por Abel Nievas habría impulsado decisiones operativas que priorizan el uso de ciertas aeronaves, incluso por sobre otras disponibles.

En paralelo, se registraron situaciones llamativas: aviones provenientes de Santiago del Estero prácticamente no fueron utilizados, al igual que aeronaves con base en Córdoba, lo que refuerza la hipótesis de una asignación direccionada de recursos aéreos.

De confirmarse, no se trataría solo de ineficiencia, sino de un posible esquema de connivencia entre funcionarios y empresas privadas en un contexto de emergencia, donde cada decisión impacta directamente sobre la capacidad de controlar el fuego.

Contratos opacos y una donación sin rastros

El entramado suma otro capítulo con la aparición de convenios poco transparentes. Entre ellos, el caso de Reforestar ONG, que habría aportado un millón de dólares para tareas de reforestación en la provincia.

Hasta ahora, no existe documentación pública clara que detalle el destino de esos fondos, los proyectos financiados ni los resultados alcanzados. La ausencia de información oficial alimenta sospechas sobre el manejo de ese dinero y expone una práctica reiterada: la falta de rendición en áreas sensibles vinculadas al ambiente.

La responsabilidad política de Torres

Aunque el desplazamiento de funcionarios aparece como una respuesta inmediata, el foco empieza a correrse hacia la responsabilidad política del propio gobernador. Ignacio Torres no solo es quien designó a los funcionarios cuestionados, sino también quien debía garantizar la correcta ejecución de los fondos y la transparencia en las contrataciones.

El cuadro es complejo: fondos nacionales sin ejecutar, millones de dólares invertidos en un esquema aéreo bajo sospecha, denuncias de favoritismo empresarial y contratos sin control público. Todo en el marco de incendios que arrasaron miles de hectáreas y dejaron en evidencia las debilidades estructurales del sistema.

En este contexto, el recambio de la cúpula de Bosques y del SPMF aparece más como una maniobra de contención política que como una solución de fondo. La duda que empieza a instalarse es si estos cambios alcanzarán para cerrar el escándalo o si, por el contrario, abrirán la puerta a investigaciones más profundas sobre el manejo del fuego en Chubut. (www.REALPOLITIK.com.ar)