Ley de Propiedad Privada: “Sin políticas públicas, el camino es el desalojo masivo”

Bárbara Bonelli, directora nacional de Hábitat para la Humanidad Argentina, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la crítica situación que atraviesan millones de familias en Argentina sin acceso a agua segura y las consecuencias de un proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno nacional que podría derivar en desalojos masivos.

En el marco del día mundial del Agua, la dirigente expuso cifras alarmantes: más de 2 millones de familias no están conectadas a la red pública, 900 mil no tienen acceso a una canilla en sus viviendas y cerca de 6 millones de personas carecen de baño. A esto se suma que casi el 40 por ciento de los hogares no cuenta con cloacas, una problemática que impacta directamente en la salud y las condiciones de vida.

“El acceso al agua no es solo tener una canilla, también implica saneamiento. La falta de estos servicios genera situaciones muy preocupantes, donde incluso se mezcla agua de consumo con desechos”, explicó Bonelli, subrayando que la situación excede a los barrios populares y refleja un déficit estructural.

En ese sentido, detalló que muchas familias dependen de pozos ciegos o sistemas precarios, lo que no solo afecta a cada hogar, sino a toda la comunidad. Como alternativa, destacó experiencias con biodigestores que permiten mejorar el saneamiento en zonas sin acceso a redes públicas, reduciendo el impacto ambiental y sanitario.

Una ley en debate que genera alarma 

Bonelli también cuestionó el proyecto de ley denominado “inviolabilidad de la propiedad privada”, actualmente en debate en el Senado de la Nación Argentina, al considerar que pone en riesgo una política de estado clave: la regularización dominial de los barrios populares.

Según explicó, la normativa vigente declara de utilidad pública las tierras ocupadas, lo que permite su expropiación y posterior regularización para que las familias accedan a una tenencia segura. “Esto no atenta contra la propiedad privada, al contrario: la garantiza, porque contempla el resarcimiento a los propietarios y brinda una solución a quienes viven allí hace años”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que la iniciativa oficial eliminaría esa herramienta, impidiendo la regularización y habilitando desalojos. “Estamos hablando de 5 millones de personas, entre ellas 2 millones de niños. ¿Qué política habitacional va a dar respuesta a esa situación?”, planteó.

Para la referente, el proyecto implica un retroceso frente a consensos previos. “Es una política que se inició durante el gobierno de Mauricio Macri y se continuó en la gestión de Alberto Fernández. Era un acuerdo básico del sistema político”, remarcó.

Además, alertó sobre el impacto social de frenar las obras de integración urbana y provisión de servicios. “Si no se avanza en infraestructura y al mismo tiempo se habilitan desalojos, el resultado es más exclusión y más déficit habitacional”, afirmó.

Finalmente, Bonelli cuestionó lo que consideró una “falsa dicotomía” entre propiedad privada y derechos sociales. “El derecho a la vivienda también es constitucional. Las políticas públicas deben contemplar las consecuencias de cada decisión. Sin eso, el escenario es crítico”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)