El gobierno de Javier Milei, en rebeldía y con bandera de remate

El gobierno de Javier Milei está amenazado por entrar en bancarrota. La destrucción de la economía real que implementó el ministro Luis “Toto” Caputo para beneficiar a los mesadineristas amigos y a los empresarios que llevaron a la presidencia al libertario fue muy exitoso para generar una espectacular transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía, al costo de dejar al borde de la supervivencia a empresarios pymes, comerciantes y trabajadores.

Pero los planes de saqueo de esta clase tienen un límite a partir del cual comienzan a entrar en cortocircuito. En los últimos meses la recaudación se desplomó ante la ralentización extrema de la actividad económica, y ahora el gobierno se encuentra ante la disyuntiva de mantenerse dentro de una legalidad a la que reiteradamente violentó en el pasado, o pasar directamente a la rebeldía institucional. De este modo, el poder que debería garantizar la vigencia de la Constitución y de las normas se ha convertido en subversivo. Lo disfracen como lo disfracen.

Rebeldía fiscal

En el mes de marzo, el ministro Caputo dejó de transferirle fondos adeudados a la CABA, poniéndose así en rebeldía ante el Poder Judicial que había dispuesto la ejecución de esos pagos. La deuda acumulada ronda los 700 mil millones de pesos.

Para mantener la ficción del relato del superávit, que en realidad siempre fue una operación de contabilidad creativa, el gobierno dejó de honrar sus compromisos. No sólo eso, también viene apropiándose de fondos con asignación específica, como por ejemplo el impuesto a los combustibles que pagamos todos los argentinos al cargar en una estación de servicio, y que deberían aplicarse automáticamente a la reparación y construcción de rutas y caminos que están experimentando un deterioro impactante, poniendo en riesgo la vida de quienes los transitan y ya se han cobrado numerosas víctimas fatales.

En septiembre de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ordenó pagar el 1,55 por ciento de la coparticipación que venía reteniendo, y que debía sumarse al 1,4 por ciento que debía remitir a la CABA. Sin embargo, sólo hizo pagos parciales y muy acotados, confrontando con la sentencia judicial. En marzo de este año se produjo la hecatombe, ya que dejó de transferir esos recursos a la ciudad y ralentizó aún más los giros a las provincias, privilegiando a los gobernadores amigos. Por si fuera poco, desde los inicios de la gestión Milei la obra pública fue abandonada, que según el economista Martín Barrionuevo debería ascender a 1,6 billones de pesos mensuales.

En el día de hoy concluye el último plazo dispuesto por la Justicia para abonar los 2,5 billones de pesos que dispuso la ley de Financiamiento Universitario. Nadie cree que se someterá al orden institucional y, lo que es peor, el presidente Javier Milei anunció públicamente que continuará a rajatabla con las políticas implementadas y que si eso no gusta que le busquen un reemplazante. El aire ha comenzado a enrarecerse. La pretensión de mantener la ficción de un presunto superávit a costa de violentar la legalidad no parece ser una estrategia sostenible en el tiempo. Más aún, los propios empresarios que lo llevaron a la presidencia, y que obtuvieron pingues beneficios de su gestión, ya le están buscando una alternativa más “civilizada”. A esto se suma a que Milei y su gobierno continúan desplomándose en las encuestas debido a la combinación entre mishiadura y presunción de corrupción que rodea a él y a su entorno.

En estas condiciones, el presidente y su hermana han decidido abrazarse al cuestionado Manuel Adorni. Karina Milei lo lleva a todas partes con ella, lo que demanda la implementación de costosísimos operativos de seguridad para alejar una protesta y repudio sociales cada vez más manifiestos, y hasta Javier Milei dejó trascender que lo acompañaría al Congreso de la Nación Argentina a fin de mes cuando deba presentarse ante los legisladores.

El gobierno parece no advertir el daño adicional autoinfringido que supone mantener a un funcionario en la situación de Adorni y ha invertido las cosas: en lugar de que un ministro sea un fusible para salvaguardar al presidente, el presidente parece adoptar el rol de fusible del funcionario. Desde la Casa Rosada dejan trascender que reemplazarían a Adorni cuando cese su protagonismo mediático para no mostrar signos de debilidad: exactamente lo mismo que hizo Cristina Fernández de Kirchner cuando los medios no cesaban de denunciar las conductas y acciones de sus funcionarios. Así le fue a la expresidenta: la continuidad de las críticas fue desgastando su imagen, hasta terminar en su actual encarcelamiento domiciliario.

¿Le cabrá el mismo destino a Javier Milei? (www.REALPOLITIK.com.ar)