ENARGAS: Gerente rectificó su DDJJ y ahora investigan crédito privado millonario

La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el gerente de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Eric Oscar Salomone Strunz, sumó en las últimas horas un elemento que reconfigura el caso: la aparición de un crédito hipotecario millonario otorgado por un particular y la sospecha de vínculos internos dentro del propio organismo.

La ampliación de la presentación, registrada bajo el código NJDK-850 ante el ministerio Público Fiscal, introduce “nuevos elementos de hecho que refuerzan la hipótesis de posible enriquecimiento ilícito (artículo 268 inciso 2 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (artículo 265)”, según consta en el escrito. En ese marco, el foco ya no se limita únicamente al crecimiento patrimonial del funcionario, sino al posible origen de los fondos que explican ese salto.

El dato central que emerge del nuevo documento es la existencia de un “crédito significativo otorgado por persona física identificada como Salvador Bello, sin condiciones claras ni entidad financiera interviniente”. La referencia no es menor: se trata de un préstamo por más de 70 millones de pesos que figura en la declaración jurada rectificativa del funcionario, vinculado a la adquisición de un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ese mismo inmueble -de aproximadamente 150 metros cuadrados y con una valuación cercana a los 97 millones de pesos-aparece incorporado en la última versión de la declaración patrimonial, junto con una estructura de activos que incluye dólares en efectivo, vehículos de alta gama e inversiones financieras.

Pero el punto más sensible del nuevo escrito no es solo el crédito en sí, sino la posible relación entre el prestamista y el propio organismo. La ampliación menciona expresamente una “posible vinculación con funcionario del ENARGAS, Fabián Marcelo Bello, a verificar”. Se trata del actual gerente de Desempeño y Economía del ente, designado formalmente en 2021.

Aunque la presentación no afirma la existencia de un vínculo directo, sí solicita que la Justicia avance en su verificación a través de cruces de datos con organismos como ANSES y RENAPER, lo que introduce una hipótesis de trabajo que podría derivar en un análisis por negociaciones incompatibles.

Declaraciones que cambiaron

Otro de los ejes que adquiere relevancia es la evolución de las propias declaraciones juradas del funcionario. La documentación incorporada muestra que la presentación correspondiente a 2024 no se mantuvo inalterada, sino que fue rectificada en más de una oportunidad.

Ese dato no es meramente administrativo. La comparación entre versiones revela diferencias sustanciales. Mientras que en la declaración original el patrimonio total rondaba los 237 millones de pesos sin deudas relevantes al cierre, en las versiones posteriores el monto asciende a más de 341 millones e incorpora pasivos por más de 75 millones, incluyendo la hipoteca con el particular mencionado.

En términos concretos, la rectificación no solo ajusta valores: redefine la estructura patrimonial declarada. Aparecen nuevos bienes, se modifican valuaciones y se incorpora un esquema de financiamiento que no figuraba en la presentación inicial.

El salto patrimonial

El trasfondo del caso sigue siendo el mismo que motivó la denuncia original: un incremento patrimonial que, según los documentos, pasó de poco más de 3,4 millones de pesos en 2020 a cifras que superan ampliamente los 300 millones en 2024.

Ese crecimiento —que en términos nominales implica una multiplicación cercana a cien veces— es el que activó la presentación inicial por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, con la ampliación, el eje se desplaza hacia la explicación de ese salto.

En esa línea, el escrito plantea la necesidad de una pericia contable integral, la verificación del crédito privado, requerimientos a entidades bancarias y fiscales, y la tasación de los bienes declarados. También solicita avanzar en la reconstrucción de la evolución patrimonial del funcionario y su correspondencia con los ingresos percibidos.

Eric Oscar Salomone Strunz junto a Juan Manuel Abad Medina y otros dirigentes K.

Una hipótesis en construcción

Por el momento, el caso se encuentra en etapa de análisis preliminar y no existen imputaciones formales. La ampliación de la denuncia, no obstante, introduce un elemento clave: la posible existencia de un circuito de financiamiento por fuera del sistema bancario tradicional, con actores que podrían tener relación con el propio ente regulador.

Esa combinación —créditos privados millonarios, rectificaciones patrimoniales y vínculos a verificar dentro del organismo— es la que ahora queda bajo la lupa judicial.

Será la Justicia la que deba determinar si se trata de operaciones legítimas o si, por el contrario, los elementos reunidos configuran un esquema incompatible con el ejercicio de la función pública. (www.REALPOLITIK.com.ar)