La disputa por la regularización dominial en el barrio 8 de Diciembre, en la ciudad de Campana, sumó un nuevo capítulo de tensión tras la presentación formal de una solicitud pública ante la defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. El documento, firmado por integrantes de la comisión vecinal, expone una serie de irregularidades, cuestionamientos políticos y conflictos internos que, según denuncian, entorpecen una solución para decenas de familias.
El eje del reclamo gira en torno a lo ocurrido durante una reciente asamblea convocada en el marco del proceso de ordenamiento de tierras impulsado por la propia defensoría y el área de Hábitat provincial, hoy conducida por Roberto Perito. Lejos de acercar posiciones, los vecinos aseguran que el encuentro derivó en una situación de desorganización, tensiones y decisiones que consideran ajenas a la voluntad del barrio.
En el escrito dirigido a la funcionaria de la defensoría bonaerense, Pilar Alí, los vecinos plantean que la reunión había sido previamente coordinada junto a la asamblea barrial, el referente Raúl Quirino y organizaciones sociales, pero que el desarrollo final “destituyó el espacio y el lugar de reunión” acordado, en beneficio de otros actores.
Uno de los puntos más sensibles es el respaldo explícito a Quirino, a quien describen como un referente legítimo de la comunidad. Según sostienen, fue objeto de un “trato improcedente” durante la jornada, en un contexto donde —afirman— se dio lugar a dirigentes políticos que “nunca estuvieron presentes” en los momentos críticos del barrio, como las inundaciones de 2025.
El documento también pone el foco sobre el concejal de Fuerza Patria, Alejo Sarna, a quien los vecinos señalan por retener información clave para el proceso. En particular, aseguran que dispone de cartografía elaborada con tecnología de drones que podría resultar determinante para la delimitación de parcelas, pero que hasta el momento no fue facilitada a la comunidad pese a reiterados pedidos.
En paralelo, remarcan que la comisión barrial ya presentó ante la defensoría una carta de intención firmada por las familias, documentación técnica preliminar y el aval de la asamblea de vecinos, junto con el acompañamiento de organismos de derechos humanos. Sin embargo, cuestionan que en las instancias de diálogo se priorice la participación de actores políticos externos por sobre quienes vienen trabajando en el territorio.
El trasfondo del conflicto no es menor: se trata de la regularización de tierras donde viven numerosas familias, en un contexto de vulnerabilidad y con antecedentes recientes de inundaciones en la cuenca de los arroyos De la Cruz y Pesquería. En ese marco, los vecinos advierten que cualquier intervención que no contemple su organización interna podría agravar la situación.
La presentación concluye con un pedido concreto a la defensoría del Pueblo para que intervenga, ordene el proceso y garantice la participación de la comisión vecinal, evitando nuevas situaciones de conflicto.
Detrás del reclamo vecinal también asoma una lectura política. La defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por el oficialista Guido Lorenzino —aliado de Axel Kicillof—, quedó en el centro de la escena como organismo articulador del proceso.
En paralelo, dentro del propio barrio recuerdan intervenciones previas que no tuvieron continuidad. Según expresan referentes vecinales, la gestión impulsada en su momento por la diputada nacional Mónica Schlotthauer quedó trunca por falta de seguimiento territorial. Incluso, de acuerdo a la misma fuente, su salida del país en el marco de una misión en Gaza dejó sin referencia activa el conflicto en Campana, ya que —afirman— ningún dirigente de su espacio continuó el trabajo en el territorio.
En ese escenario, los vecinos ya anticipan que continuarán gestionando alternativas con otras instituciones y organismos, con el objetivo de destrabar una situación que —según advierten— lleva demasiado tiempo sin definiciones. (www.REALPOLITIK.com.ar)