La compra de un extenso campo en la región cordillerana de Río Negro quedó en el centro de la escena tras conocerse, en el marco de un juicio en San Carlos de Bariloche, que el empresario y expolista Hugo Barabucci habría recibido una donación de 2 millones de dólares desde Emiratos Árabes Unidos para concretar la operación. El dato, que surgió durante un conflicto por tierras en el paraje Alto Río Chubut, encendió alertas por tratarse de una zona cercana a la frontera con Chile y por las posibles implicancias legales de la transacción.
A partir de esa declaración, la legisladora Magdalena Odarda impulsó un pedido de informes para que el ministerio Público Fiscal investigue el origen de los fondos, la posible comisión de delitos económicos y el cumplimiento de la ley 26.737, que regula la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El caso suma complejidad por la presunta utilización de estructuras fiduciarias vinculadas a capitales extranjeros, lo que podría implicar maniobras para eludir restricciones legales.
Uno de los ejes centrales de la investigación apunta a la trazabilidad de los fondos. Según lo expuesto, el dinero habría sido transferido desde cuentas en Abu Dhabi, con paso por entidades financieras internacionales, lo que abre interrogantes sobre los controles cambiarios, fiscales y antilavado que exige la legislación argentina. En ese contexto, se pidió analizar la eventual intervención de organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Además, surgieron dudas sobre la titularidad real del predio. Aunque Barabucci afirmó haber adquirido las tierras, en registros oficiales no figuraría como titular, sino que aparecerían fideicomisos asociados a inversiones extranjeras. Esta situación podría configurar el uso de “personas interpuestas”, una práctica prohibida por la normativa vigente en materia de tierras rurales.
Las tierras en cuestión habrían pertenecido previamente al empresario Marcelo Mindlin, en el marco de un proceso de adquisición de grandes extensiones en la zona cordillerana durante la última década. Si bien buena parte de estos territorios tiene origen fiscal histórico, especialistas señalan que el foco debe ponerse en la cadena de transferencias recientes y en el cumplimiento de los controles estatales.
El punto clave no es únicamente el origen remoto de las tierras, sino si en las operaciones más recientes se respetaron las limitaciones a la extranjerización, especialmente en áreas sensibles como las zonas de frontera o regiones con recursos estratégicos, como las nacientes de cuencas hídricas.
El caso también reaviva el debate sobre el interés de capitales extranjeros en proyectos estratégicos dentro de Río Negro. En los últimos años, distintas iniciativas vinculadas a inversiones internacionales han sido mencionadas en la provincia, desde desarrollos energéticos hasta propuestas de infraestructura.
Entre ellas aparece el proyecto Baguales, asociado a posibles aprovechamientos hidroeléctricos, en una región donde el control de los recursos naturales adquiere especial relevancia. A esto se suman versiones sobre el desembarco de capitales de Medio Oriente en distintos sectores de la economía regional.
En ese marco, según publicaciones del medio LPO, se difundieron chats atribuidos a dirigentes como Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon, en los que se hacía referencia a vínculos con inversores qataríes interesados en desarrollar proyectos en Bariloche, incluyendo la posible construcción de un estadio. Si bien estos intercambios no tuvieron confirmación oficial, su circulación pública alimentó las versiones sobre la presencia de capitales extranjeros en iniciativas de alto impacto.
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Hasta el momento, el gobernador Alberto Weretilneck no se pronunció públicamente sobre el caso, pese a la gravedad de las denuncias y al pedido de investigación en curso. La ausencia de una posición oficial frente a una operación que involucra tierras en zona de frontera y fondos provenientes del exterior comienza a generar inquietud en distintos sectores políticos.
Si bien la operación habría sido realizada entre privados, especialistas advierten que, de confirmarse irregularidades en la titularidad, el origen de los fondos o el cumplimiento de la normativa vigente, el estado provincial podría tener un rol activo a través de sus organismos de control. En ese escenario, la eventual intervención de la fiscalía de Estado podría resultar determinante para evaluar la legalidad de la transacción e incluso avanzar sobre su posible nulidad.
La combinación de tierras en zona sensible, capitales extranjeros, estructuras fiduciarias y posibles irregularidades en la ruta del dinero convierte a este caso en un foco de atención creciente tanto en el ámbito judicial como político. La investigación en curso buscará determinar si se trató de una operación ajustada a derecho o de un esquema que intentó sortear las restricciones legales vigentes.
Mientras tanto, el expediente abre interrogantes más amplios sobre los controles estatales, la transparencia en la adquisición de tierras y el rol de las inversiones extranjeras en territorios estratégicos de la Patagonia. La evolución del caso podría marcar un precedente clave en un debate que, lejos de cerrarse, vuelve a instalarse con fuerza en la agenda pública. (www.REALPOLITIK.com.ar)