Luis Pugnaloni fue sancionado tras compra irregular de 450 toneladas de estabilizador

El reciente fallo del Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense sobre el ejercicio 2024 de la municipalidad de Hipólito Yrigoyen dejó una conclusión incómoda para el oficialismo local: aunque las cuentas fueron aprobadas, el intendente Luis Pugnaloni quedó en el centro de una observación grave que derivó en sanción.

El caso que encendió la polémica es puntual, pero contundente. Se trata de la compra de 450 toneladas de estabilizado granular por 9.709.200 pesos, adjudicada de manera directa a la firma Hijos de Omar Diez SH, sin haber cumplido el procedimiento que exige la normativa vigente para ese monto.

Según el Tribunal, no se acreditaron las condiciones excepcionales que hubieran permitido evitar el llamado a concurso de precios. La defensa oficial se apoyó en la supuesta existencia de licitaciones previas desiertas, pero la auditoría fue categórica: no se pudieron corroborar esos antecedentes ni justificar el mecanismo utilizado.

La consecuencia fue directa. El organismo de control no solo confirmó la irregularidad, sino que además señaló responsabilidades concretas y habilitó la aplicación de sanciones sobre el jefe comunal y el área de Compras, al considerar que se incumplieron las disposiciones legales que regulan las contrataciones públicas.

El dato no es menor. Más allá del monto puntual —relativamente acotado dentro de un presupuesto municipal que supera los 8.000 millones de pesos— lo que queda expuesto es el mecanismo: una contratación directa sin respaldo suficiente, en un esquema que debería garantizar transparencia, competencia y control del gasto.

Pero el episodio no aparece aislado dentro del fallo. El Tribunal también detectó otras irregularidades que refuerzan un patrón de debilidad en los controles administrativos. Entre ellas, incumplimientos en obras públicas —como la falta de documentación obligatoria y errores en la retención de garantías—, inconsistencias contables persistentes y falencias en la recaudación que podrían derivar en la prescripción de deudas.

A esto se suma un capítulo especialmente delicado: la firma de un convenio con la entidad CECAITRA para servicios de control de tránsito, cuestionado principalmente por la falta de adecuación del objeto social de la entidad para prestar ese tipo de servicios.

Multa al intendente y amonestaciones a funcionarios clave

El Tribunal de Cuentas fue explícito en las responsabilidades. Aplicó una multa de 550 mil pesos al intendente Luis Pugnaloni por las irregularidades detectadas, mientras que dispuso amonestaciones para la contadora municipal, Marianela Paola Frabiani; los directores de Ingresos Públicos, Matías Reinaldo Marcos y María José Almirall; el responsable del sistema RAFAM, César Gustavo Miguel; el secretario de Gobierno y Hacienda, Martín Adrián Arpigiani; y el jefe de Compras, Santiago Manuel Pizarro. Además, dejó en suspenso la situación de otros funcionarios, que podrían enfrentar futuras definiciones en el marco del mismo expediente.

En ese contexto, la compra directa observada deja de ser un hecho aislado para convertirse en un síntoma. El fallo del Tribunal de Cuentas no invalida la rendición general, pero sí traza una línea clara sobre los límites que la gestión cruzó. Y lo hace con un dato político difícil de esquivar: el intendente no solo fue observado, sino también sancionado.

La polémica, ahora, ya no es técnica. Es política. Y pone bajo la lupa la forma en que se administran los recursos en uno de los municipios del interior bonaerense. (www.REALPOLITIK.com.ar)