El hormigón de General Madariaga que terminó en otra obra y abrió un problema

Dentro del universo de observaciones que realizó el Tribunal de Cuentas, hay una que, por su naturaleza, condensa varios problemas estructurales en la gestión de la municipalidad de General Madariaga: la ejecución de una obra pública que no cierra ni en lo administrativo ni en lo material.

Se trata de la licitación privada 18/23, destinada a la compra de hormigón elaborado por 12.439.000 para la construcción de veredas en calle 49 y en la escuela secundaria Nro. 5. Sin embargo, lo que en los papeles aparece como una obra concreta, en la práctica deriva en una serie de inconsistencias que el propio Tribunal deja asentadas.

El primer punto es básico: el pliego no establecía plazo de cumplimiento del contrato. Es decir, la obra se licitó sin fijar tiempos de entrega del material, una omisión grave de la gestión de Esteban Santoro que impide controlar incumplimientos o aplicar sanciones. No es un detalle menor: es una falla estructural del procedimiento.

Pero lo más delicado aparece cuando se analizan los volúmenes. Mientras que en la documentación municipal se certifica la recepción de 140 metros cúbicos de hormigón, los remitos evidencian entregas parciales que no coinciden con esa cifra.

La inconsistencia entre lo certificado y lo efectivamente entregado es uno de los puntos más sensibles en cualquier auditoría de obra pública: abre interrogantes sobre el control interno y sobre la veracidad de las certificaciones.

A esto se suma un elemento aún más complejo: el cambio de destino del material. El propio municipio reconoce que el hormigón adquirido para una obra fue utilizado en otra distinta —cordón cuneta en calle 29 y trabajos en el Parque de la Estación— bajo el argumento de una “urgencia”, con la intención posterior de reponerlo.

El problema es que ese mecanismo no está contemplado en la normativa. La ley prevé procedimientos específicos para situaciones urgentes, pero no habilita a modificar el objeto de una licitación ya adjudicada. En términos simples: se utilizó un insumo comprado para una obra en otra, sin respaldo legal adecuado.

Finalmente, el Tribunal advierte que no hay documentación suficiente que permita verificar la finalización de la obra original ni la correcta aplicación de los fondos, por lo que decide dejar el tema en “reserva” para el próximo ejercicio. Esa decisión no es técnica: es política. Significa que el caso no está cerrado y que la responsabilidad de los funcionarios sigue abierta.

En este esquema, las responsabilidades señaladas recaen directamente sobre el intendente Esteban Santoro y la secretaria de Obras Públicas, Diana Markovic, quienes quedan alcanzados por las irregularidades detectadas.

Palacio municipal.

Subtítulo interno: sanciones y responsables

Como consecuencia del conjunto de irregularidades —entre ellas las vinculadas a obra pública— el Tribunal de Cuentas aplicó sanciones a varios funcionarios del municipio. Entre ellos se incluye una multa de 700 mil pesos para Esteban Santoro y llamados de atención para una larga nómina de funcionarios: Yoseli Lambertucci (contadora), María Luciana Esperon (contadora), María Celia Dopazo (tesorera), Rosana Beatriz Méndez (tesorera), Sergio Daniel Freije (jefe de Compras), Diana Markovic (Obras Públicas) y Daniel Amadeo Pereyra (Seguridad).

Aunque la rendición fue aprobada, el Tribunal dejó asentado un esquema de responsabilidades múltiples dentro del gabinete, con sanción económica directa al jefe comunal y observaciones que aún pueden escalar en futuras revisiones. (www.REALPOLITIK.com.ar)