La CNV ordenó frenar el esquema de DS Inversiones, pero siguió operando

Se trata de una estafa de extrema gravedad vinculada a DS Inversiones y a Domingo Esteban Sosa, presunto responsable de una operatoria irregular de captación de fondos en las provincias de Corrientes, Chaco y Buenos Aires.

En primer término, la Comisión Nacional de Valores (CNV) inició actuaciones a partir de una denuncia ingresada el 5 de octubre de 2020, en la que se informó que Domingo Esteban Sosa ofrecía servicios de “asesoramiento y gestión de fondos” mediante una supuesta sociedad denominada DS Inversiones, prometiendo rendimientos extraordinarios de entre el 10 y el 40 por ciento mensual, sin encontrarse inscripto como agente autorizado ni poseer idoneidad reconocida por dicho organismo.

Como consecuencia de ello, mediante la resolución RESFC-2021-20990-APN-DIR#CNV, de fecha 11 de febrero de 2021, la CNV resolvió intimar el cese inmediato de toda invitación u ofrecimiento público de negociación o inversión en valores negociables en todo el territorio nacional, incorporando además una advertencia oficial al público inversor, en la que dejó asentado que Sosa y DS Inversiones no estaban autorizados a operar.

Reincidencia, bloqueo de fondos y expansión del perjuicio

Sin embargo, los antecedentes posteriores permiten inferir que la operatoria habría continuado pese a la intimación estatal, circunstancia especialmente grave. En 2022 se agregaron nuevas denuncias ante la CNV, incluyendo reportes de imposibilidad de retiro de fondos por parte de clientes y comunicaciones internas en las que se anunciaba la restricción de retiros hasta nuevo aviso, situación compatible con una crisis de liquidez o el colapso de un esquema financiero irregular.

Por ello, la CNV dictó la resolución reservada RRFCO-2022-221-APN-DIR#CNV, de fecha 26 de octubre de 2022, instruyendo sumario administrativo contra Domingo Esteban Sosa y Melisa Roxana Altamirano, destacando expresamente la reincidencia en las irregularidades luego de la orden de cese de 2021.

También se reportaron múltiples denuncias de damnificados de Corrientes y Chaco, quienes reclamaban montos millonarios y denunciaban no poder recuperar sus ahorros. Ello indica que, aún existiendo alertas regulatorias nacionales, el perjuicio económico habría seguido expandiéndose, alcanzando aproximadamente el medio millón de dólares.

En ese contexto, también resulta sensible la mención pública sobre la presunta participación o vinculación de personal perteneciente a Gendarmería Nacional Argentina, sea como promotor o nexo de confianza, configurando una eventual coautoría en los hechos denunciados. De esta manera, se reportaron numerosas víctimas dentro de esa fuerza federal, así como también en la Policía de la provincia de Buenos Aires.

De confirmarse, ello constituiría un agravante institucional por el aprovechamiento de vínculos con una fuerza federal para dotar de apariencia de credibilidad al esquema.

Otro aspecto de significativa preocupación entre los denunciantes es la aparente inacción de órganos judiciales y fiscales de la provincia de Corrientes, pese a la notoriedad pública del caso, la existencia de advertencias previas de la CNV y la multiplicidad de damnificados expuesta en medios de comunicación. La ausencia de respuestas visibles, medidas cautelares eficaces, investigaciones rápidas o avances públicos concretos podría interpretarse como demora injustificada, pasividad funcional o deficiente persecución penal frente a hechos de alto impacto social.

Asimismo, desde una perspectiva crítica, distintos sectores podrían considerar que tal falta de reacción generó condiciones para la continuidad del perjuicio económico, permitiendo que nuevos ahorristas ingresaran al circuito luego de conocidas las primeras denuncias. Incluso, en el plano de hipótesis públicas, algunos damnificados podrían sostener sospechas de protección política, connivencia o encubrimiento indirecto, extremos que naturalmente requerirían prueba judicial seria para ser afirmados.

Finalmente, la gravedad trascendió el ámbito local cuando Domingo Esteban Sosa y DS Inversiones fueron incorporados al sistema público de alertas de International Organization of Securities Commissions (IOSCO), organismo internacional que reúne a reguladores bursátiles del mundo, lo que implica una advertencia de alcance global sobre los riesgos asociados a la operatoria de esta persona.

En conclusión, la secuencia temporal exhibe: denuncia en 2020, orden de cese en 2021, continuidad operativa, bloqueo de retiros, sumario por reincidencia en 2022, múltiples denuncias periodísticas posteriores, presunta afectación institucional e insuficiente reacción judicial local, configurando un cuadro de extrema gravedad que justificaría una revisión profunda de responsabilidades penales, administrativas y funcionales. (www.REALPOLITIK.com.ar)