El abogado penalista Marcelo Soifer detalló en RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) el avance de la causa penal que investiga a exfuncionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por incumplimiento de los deberes de funcionario público y suministro infiel de medicamentos. La denuncia, radicada originalmente en Neuquén y actualmente bajo la órbita de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Ramiro González, pone el foco en la presunta presencia de elementos no declarados en los viales de las vacunas de AstraZeneca y Pfizer.
"Lo que se denuncia es que estudios científicos detectaron partículas que no encuadraban dentro de los parámetros internacionales de la farmacopea. Se puso en conocimiento a la ANMAT y al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) esperando una contraprueba o análisis, pero no hubo ninguna respuesta más que dilaciones", explicó Soifer. El letrado destacó que la Justicia ya aceptó a dos personas directamente afectadas por efectos adversos como querellantes, tras un fallo de la Cámara Federal que revocó una negativa inicial.
Soifer fue categórico al señalar la falta de cooperación del organismo estatal: "Desde julio de 2024 la fiscalía le ordena a la ANMAT que informe sobre las contramuestras de los lotes sospechosos. Estamos en abril de 2026 y ya pidieron cuatro o cinco prórrogas diciendo que 'no encuentran' la información. Están ganando tiempo, posiblemente para ampararse en convenios de confidencialidad o para decir que las muestras ya no existen".
El abogado subrayó la gravedad de los casos de los querellantes, quienes presentaron cuadros severos de salud inmediatamente después de la inoculación. "Hablamos de personas jóvenes y sanas. Una chica de 20 años desarrolló una artritis propia de una edad avanzada y otra persona sufrió una trombosis, ambas sin antecedentes previos. Esto descarta patologías de base y refuerza la conexión directa con los lotes investigados", afirmó.
Asimismo, Soifer recordó que una propia funcionaria de la ANMAT admitió en sede judicial que el organismo "nunca realizó estudios sobre los viales de COVID", limitándose a realizar inspecciones en las plantas o confiar en la información enviada desde el exterior. "Dan por cierto lo que mandan los laboratorios sin verificar ni contrastar nada en el país", denunció.
Finalmente, el penalista reflexionó sobre el clima de vulneración de derechos durante la pandemia, mencionando la censura en redes sociales y la persecución a profesionales que cuestionaban la narrativa oficial. "Fue la mayor muestra de atropello a los derechos constitucionales. Gente que no podía trabajar ni transitar si no acreditaba la vacunación. Hoy, con el diario del lunes, muchos están tomando conciencia de las mentiras que vivieron", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)