El abogado especialista en Derechos Humanos y representante de familiares de personas con discapacidad, Javier Garín, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la denuncia penal presentada contra el presidente Javier Milei y altos funcionarios de las áreas de Salud y Discapacidad. "Hicimos una denuncia penal contra el presidente, contra el ministro de Salud, contra el titular del área de discapacidad... contra todos los que son responsables de la política que se está llevando adelante desde que asumió Milei", comenzó explicando el letrado.
Según Garín, las medidas adoptadas por el ejecutivo nacional no son errores de gestión, sino una decisión deliberada de privar de derechos a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. "Es claramente una política que intenta desconocer y privar de los recursos al sector de personas con discapacidad para que no puedan atender sus prestaciones para desampararlos", sostuvo.
En esa misma línea, el abogado fue tajante al calificar las consecuencias de estas políticas: "Decimos que es abandono de personas en algunos casos con consecuencias graves para la salud, incluso poniendo en riesgo la vida de personas que no pueden hacer sus tratamientos, que los ven suspendidos, que no reciben la medicación".
Además, denunció el ahogamiento financiero a las instituciones: "No les pagan las prestaciones que ya están prestando en los centros de día o en las otras instituciones que atienden a personas con discapacidad y el gobierno no les reintegra".
El entrevistado describió un panorama desolador para las familias que, ante la falta de respuestas estatales y el desfinanciamiento de programas como "Incluir Salud" o la baja del plan "Remediar", deben recurrir a la solidaridad vecinal para sobrevivir. "Hay gente que está organizando rifas para poder solventar las necesidades cotidianas. Es muy difícil vivir teniendo una discapacidad o teniendo a cargo un familiar con una discapacidad para encima que le pongan toda clase de inconvenientes", relató.
Sobre la responsabilidad del estado, Garín recordó que existen tratados internacionales que obligan a la Argentina a garantizar estos derechos: "El país aceptó, firmó y suscribió la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad... esto es obligación del estado. No es que el estado lo regala. El estado no lo regala. Esto lo tiene que cumplir porque es una obligación legal".
Finalmente, el abogado criticó duramente el proyecto de ley impulsado por el ministro de Salud, Mario Lugones, que busca auditar nuevamente al sector bajo la sospecha de irregularidades. "El título del proyecto es contra el fraude. Da por hecho que hay fraude en las pensiones. Es todo mentira. Es todo mentira. No hay ningún fraude. Encima que les quitan las prestaciones, los tratan de delincuentes. Los delincuentes son los que están gobernando", disparó. (www.REALPOLITIK.com.ar)