En un contexto donde el avance del juego online ya dejó de ser una tendencia para convertirse en un problema social, el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley que apunta directo a un blanco sensible: proteger a niños, niñas y adolescentes del juego compulsivo.
La iniciativa propone un marco regulatorio integral sobre la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de apuestas, con reglas claras y prohibiciones concretas para limitar el alcance de estas plataformas, especialmente entre menores de edad.
Los números son elocuentes y preocupantes: cerca de 19 millones de personas realizan apuestas online en Argentina, y una porción significativa corresponde a menores. La combinación de acceso digital irrestricto y una regulación publicitaria débil generó un cóctel explosivo.
A esto se suma otro dato que agrava el escenario: el 56,2% de los niños de 0 a 14 años vive en situación de pobreza, lo que los expone aún más a estrategias de captación agresivas por parte de plataformas de juego.
El proyecto es claro en su diagnóstico: la ludopatía dejó de ser un problema individual para convertirse en un tema de salud pública.
El texto legislativo establece que toda comunicación comercial vinculada a apuestas deberá regirse por principios de identificación, veracidad, responsabilidad social y protección de menores.
Entre las medidas más relevantes, se destacan:
El proyecto no se queda en la teoría. Establece un esquema de sanciones concreto:
Además, los fondos recaudados tendrán un destino específico: programas educativos y campañas de concientización sobre ludopatía, con foco en la infancia.
La iniciativa toma referencias de regulaciones ya vigentes en otros países:
El proyecto de Gerardo Zamora se suma a otras iniciativas legislativas en discusión, pero pone el foco en un punto clave: la prevención desde la comunicación y la protección de los sectores más vulnerables.
En tiempos donde apostar está a un clic de distancia, la pregunta de fondo es incómoda pero inevitable: ¿puede el Estado correr de atrás o llegó el momento de poner un freno en serio?