La información es clara y sencilla. El gobierno de Javier Milei decidió cerrar la sala de periodistas de Casa Rosada y no permitir el ingreso de ningún representante de la prensa nacional o internacional, luego de que las autoridades de la Casa Militar —el general de Brigada, Sebastián Ignacio Ibáñez, y su segundo al mando, el coronel de Caballería, Fernando Alberto Tereso— denunciaran penalmente a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno por la difusión de un informe grabado dentro de la casa de gobierno.
La causa quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo, en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo cargos vinculados a la presunta divulgación de secretos políticos y militares.
Hasta allí, la información legal. Sin embargo, la medida tuvo una trascendencia tal que se convirtió en noticia mundial y puso en blanco sobre negro el giro autoritario de la administración de Javier Milei y la decisión presidencial de llevar su avanzada contra el periodismo hasta las últimas instancias. Al punto de adoptar una decisión inédita desde el regreso de la democracia en 1983: colocar una faja de clausura en la histórica sala de periodistas Roberto Di Sandro.
En ese contexto, la decisión del poder ejecutivo trasciende ampliamente la denuncia penal impulsada por los responsables de la Casa Militar. La prohibición de ingreso a los cronistas acreditados de medios nacionales e internacionales se convierte así en un hecho político de enorme relevancia.
Algunos funcionarios del gobierno comienzan a explicarlo, bajo reserva de nombre, ante REALPOLITIK: “Se trata de una lucha del presidente perdida de antemano, porque no se puede gobernar con los medios en contra y, mucho menos, con el periodismo crítico en contra. No logró quebrarlos Cristina Kirchner y tampoco lo logrará Javier Milei, porque la prensa siempre termina del lado de la gente, y a la gente no le está yendo bien”.
Se trata de una explicación de sentido común de un integrante del ala política del gobierno que no entiende qué está haciendo allí. Pero, más allá de ese debate interno, hay comunicadores afines al libertario —como Alejandro Fantino, de Neura, entre otros— que, como si no fueran periodistas políticos y de actualidad, comparan de manera errónea la acreditación a un mundial de fútbol con la responsabilidad de cubrir las actividades de un presidente de la Nación.
Esa línea discursiva parece trasladar el peso de la decisión de cerrar la sala y prohibir el ingreso de la prensa a la cúpula de la Casa Militar.
Fantino no es el único. Otros comunicadores también continúan con esta línea de desplazar una decisión polémica, justificada en una denuncia contra dos periodistas, de los cuales solo uno está acreditado ante presidencia de la Nación. Es difícil explicar, entonces, por qué se niega el acceso a otros 59 representantes de la prensa.
Ante este panorama, muchos uniformados se preguntan en voz baja qué sucederá si el juez Lijo desestima la denuncia, teniendo en cuenta que las filmaciones emitidas por TN solo mostraron pasillos y patios de la Casa Rosada que, en gobiernos anteriores, fueron filmados y fotografiados decenas de veces.
Y, además, qué ocurriría si la Justicia determina que los periodistas deben continuar informando desde la gasa de gobierno.
¿Sobre quién recaería la responsabilidad de esta polémica e inédita decisión? ¿Sobre Ibáñez y Tereso?
Las opiniones de varios comunicadores afines a Milei, sosteniendo que la Casa Militar tiene potestad para hacer y deshacer, parecen ser el preludio de un deslinde de responsabilidades futuro que podría poner en riesgo las carreras de militares con una impecable foja de servicios. Hasta ahora.
Porque en muchas ocasiones quienes ocuparon cargos relevantes en presidencia de la Nación terminaron conduciendo el Ejército o la Armada, a pesar de que el cargo de jefe de la Casa Militar obedece a un nombramiento político y no estrictamente militar.
Ejemplos sobran. Por citar uno importante: durante la época del dictador Reynaldo Bignone, el entonces jefe de la Casa Militar, almirante Ramón Arosa, terminó siendo jefe de la Armada durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
Se trata de un puesto relevante para oficiales de alto perfil, con posibilidades de ascender en su carrera militar.
Los nombramientos son políticos, como quedó demostrado por el decreto 291 del año 2024, en los casos de Ibáñez y Tereso, quienes reemplazaron al coronel Daniel Guglielmi y al teniente coronel Walter Rovira.
Si bien el decreto fue firmado por el exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, contó con la supervisión de la poderosa secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Por estas horas, la incertidumbre escala a medida que crece el escándalo por el cierre de la sala de periodistas de Casa Rosada y la suspensión del ingreso de los representantes de la prensa argentina. (www.REALPOLITIK.com.ar)