ANDIS: Denuncia por pensiones irregulares y hostigamiento llega a la Justicia

La trama de irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ahora convertida en la secretaria nacional de Discapacidad, suma un nuevo capítulo que pone en tensión no solo el funcionamiento del organismo, sino también la reacción del estado frente a quienes denuncian posibles hechos de corrupción.

Fernando Martín Rodríguez Benavídez, trabajador del organismo e integrante del cupo laboral trans, sostiene que tras haber presentado informes internos sobre presuntas maniobras irregulares en el otorgamiento de pensiones, comenzó a ser objeto de un proceso sistemático de hostigamiento, persecución laboral y afectación de sus condiciones de trabajo.

La situación, lejos de quedar en el plano administrativo, ya escaló a la Justicia federal.

Una denuncia que escala y se conecta con una causa mayor

La denuncia penal presentada por Rodríguez Benavídez quedó radicada en el fuero federal y describe un posible esquema de irregularidades en el circuito de otorgamiento de pensiones por discapacidad, incluyendo volúmenes de tramitación atípicos, dificultades para verificar beneficiarios y fallas en los controles internos.

Según la presentación, en determinados operativos territoriales se habrían gestionado cerca de 23 mil pensiones en apenas dos semanas, un volumen considerado incompatible con la capacidad operativa normal del organismo.

El caso no quedó aislado. La propia fiscalía federal advirtió que los hechos denunciados se superponen con una investigación previa en trámite, donde se analiza un presunto esquema sistemático de otorgamiento irregular de pensiones con fines políticos.

De acuerdo a la documentación, Rodríguez Benavídez había elevado informes entre enero y marzo de 2024 dirigidos a autoridades de primera línea del gobierno nacional, incluyendo presidencia, donde advertía sobre el entramado interno del organismo.

Pocos días después de esas presentaciones, fue desvinculado.

La Cámara Nacional del Trabajo ordenó su reincorporación, reconociendo su situación de vulnerabilidad como trabajador bajo la ley de Cupo Laboral Trans. Sin embargo, el propio denunciante sostiene que el fallo fue incumplido en sus términos, con cambios de funciones, pérdida de condiciones laborales y continuidad del hostigamiento.

El cuadro que describe el trabajador incluye retención de haberes durante períodos de licencia médica; negativa a modificar la cuenta bancaria para el cobro salarial; cambios constantes en las condiciones administrativas; aislamiento dentro del organismo; además de intervención de superiores y actores internos señalados en las denuncias.

Según la presentación judicial, estas conductas configuran un patrón de represalia posterior a la denuncia de irregularidades.

Oficina de la secretaria nacional de Discapacidad (ex ANDIS) hoy. Al fondo, todavía reluce un mural de Néstor Kirchner.

Presupuesto, estructura y denuncias que se repiten

El caso vuelve a poner en escena a figuras que ya habían sido mencionadas en investigaciones previas dentro de ANDIS. Entre ellos, la exdirectora Paula Martínez —señalada en el entramado— y colaboradores cercanos que, según distintas fuentes, continúan vinculados a la estructura estatal.

La persistencia de estos actores, sumada a la continuidad de las prácticas denunciadas, alimenta una sospecha que crece dentro del propio organismo: que el sistema no fue desarticulado, sino reconfigurado.

Detrás de las denuncias puntuales, el caso expone una discusión más profunda sobre el funcionamiento estructural del organismo. Distintas fuentes internas coinciden en señalar que el problema no radica en las políticas destinadas a personas con discapacidad, sino en la utilización del sistema de pensiones como mecanismo de gestión de recursos.

En ese esquema, el volumen de beneficiarios —y, por lo tanto, el presupuesto asignado— se convierte en una variable central. Sin embargo, según las denuncias, una parte de esos recursos no llegaría efectivamente a destino, sino que quedaría capturada dentro de circuitos administrativos cuestionados.

En ese sentido, la continuidad de prácticas y actores a lo largo de distintas gestiones abre un interrogante mayor: si se trata de irregularidades aisladas o de un sistema que logró sostenerse más allá de los cambios políticos.

Un antecedente que vuelve a aparecer

Otro elemento que comienza a ser observado dentro del organismo es el impacto que tuvo el incendio ocurrido en un depósito en Ezeiza donde, según distintas versiones, se almacenaba documentación vinculada a la administración pública.

El episodio reavivó antecedentes sensibles, como el incendio de la empresa Iron Mountain en Barracas en 2014, donde la Justicia determinó que el fuego había sido intencional y que el objetivo era eliminar información comprometida.

Incendio de Ezeiza.

Si bien no existe hasta el momento una confirmación oficial sobre el contenido específico afectado en el caso de Ezeiza, dentro del organismo algunos sectores advierten sobre la posible pérdida de documentación relevante vinculada a expedientes de pensiones, lo que podría dificultar eventuales procesos de auditoría o investigación.

El juez federal Daniel Rafecas ya incorporó la denuncia al sistema judicial y dio intervención a la fiscalía, señalando que los hechos podrían constituir irregularidades en el circuito de pensiones durante 2023 y comienzos de 2024. La posible acumulación de esta causa con otras investigaciones en curso refuerza la hipótesis de que no se trata de episodios aislados, sino de un esquema más amplio.

Mientras la investigación avanza, el caso expone una tensión estructural: el contraste entre los discursos oficiales de transparencia y la situación concreta de quienes denuncian irregularidades desde adentro del estado.

En ese marco, la continuidad de actores, la persistencia de prácticas cuestionadas y la aparición de episodios que podrían afectar la trazabilidad documental profundizan las dudas sobre el funcionamiento del sistema. (www.REALPOLITIK.com.ar)