PASO: Por qué el plan de Javier Milei encarecerá el sistema electoral

Otra vez, desde el gobierno de Javier Milei se procura reformar el sistema electoral con argumentaciones triviales, pero con un claro objetivo de obtener un beneficio circunstancial para su propio sector. Lo cual no es malo en sí mismo: forma parte del juego de pesos y contrapesos propio del sistema institucional y político.

Sin embargo, resulta oportuno hacer un aporte a la ciudadanía, a los entendidos en la materia y, en definitiva, a quienes deban resolver esta cuestión, a fin de dirimir la conveniencia o no de la eliminación definitiva de las PASO y si ello implica un avance o un retroceso en nuestro sistema de selección de candidatos a cargos públicos electivos.

Así como el año pasado se suspendieron las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), con el resultado ya conocido, este año se proyecta lisa y llanamente su eliminación.

He sostenido desde hace muchos años que cualquier reforma en materia electoral debe formularse adoptando un período de carencia —criterio que hoy parece dejarse de lado—, aún cuando ingresemos en el terreno del “deber ser” y del “ser”, como bien sostiene una destacada investigadora del CONICET.

Se reitera un argumento que, a mi criterio, resulta falaz: el económico. Este se utiliza para impulsar una propuesta que requerirá la aprobación de una mayoría agravada del Congreso de la Nación Argentina (conforme al artículo 77 de la constitución).

Se sostiene que se ahorrarían más de 150 millones de dólares del erario público, pero no se explica de dónde surgirán los fondos para financiar la selección de candidatos por parte de los partidos políticos, quienes detentan el monopolio de las postulaciones. Y este no es un dato menor.

Al eliminarse las PASO, los partidos políticos con personería vigente deberán realizar elecciones internas —cualquiera sea el sistema adoptado conforme a sus cartas orgánicas—. Esto implicará un costo que debería ser cuantificado anticipadamente y, además, determinar quiénes lo asumirán. Existen agrupaciones que no cuentan con apoyo económico ni fondos suficientes para garantizar un proceso electoral ordenado y seguro, y no deberían ser menoscabadas por esa sola circunstancia.

Para aportar claridad, cabe señalar que al 31 de marzo de 2026 existen 714 partidos de distrito —distribuidos en las distintas provincias, incluida la Capital Federal— y 45 partidos nacionales.

A ello deben sumarse los partidos de carácter provincial (solo entre la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal suman aproximadamente 155), más las agrupaciones municipales reconocidas, que en la provincia superan también las 155.

Asimismo, puede haber simultaneidad o no de elecciones, según las disposiciones constitucionales o legales de cada provincia. Todo ello implicará, inevitablemente, una afectación de recursos.

Aunque pueda sonar grandilocuente, debe dejarse en claro que esa asignación de fondos —con PASO o sin ellas— debe entenderse como una inversión genuina en el sistema republicano, representativo y democrático, y no simplemente como un gasto. Por supuesto, todo sistema que mejore la transparencia y la seguridad jurídica electoral será bienvenido, especialmente cuando redunde en beneficio del ciudadano.

Dicho esto —que parecería ser el objetivo esencial, también enunciado en oportunidades anteriores—, veamos qué ha ocurrido en la práctica.

Más listas, más costos y un sistema en tensión

Si repasamos las elecciones presidenciales desde el 30 de octubre de 1983, en conjunto con las de medio término, observamos que en 1983 se presentaron más de 35 candidatos presidenciales y en 1989 más de 30. Desde 1985 en adelante, en términos generales, hubo entre 15 y 20 candidaturas.

A partir de 2011, esa cifra se redujo aproximadamente en un 50 por ciento, hasta llegar a las elecciones de 2023, en las que se presentaron cinco candidaturas bien definidas, con posiciones claras y contundentes.

También debe señalarse que, como efecto no necesariamente buscado, las PASO impulsaron a los partidos políticos a conformar alianzas o frentes electorales, reduciendo el número de propuestas, tanto en elecciones presidenciales como legislativas.

Estas conclusiones estadísticas permiten afirmar que este sistema de selección contribuyó a una simplificación de la oferta electoral, lo que facilita la tarea del ciudadano al momento de elegir entre candidatos, alianzas o partidos, al existir una oferta más acotada y, a la vez, completa.

Ahora bien, veamos lo ocurrido en las últimas elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires: las de 2021 (con PASO) y las de 2025 (sin PASO, EPAOS según la ley provincial).

Se advierte claramente que la cantidad de listas en 2025 prácticamente triplica la oferta electoral de 2021. Ya he adelantado mi opinión respecto de esta situación, que conduce a una probable atomización de la oferta electoral de las fuerzas políticas intervinientes.

Desde el punto de vista económico, ello implica un incremento significativo. Y si analizamos la conveniencia para el ciudadano, resulta más simple y certero evaluar cinco listas que más de quince, sin perjuicio del legítimo derecho de cada sector a presentar sus candidaturas.

No se trata de una especulación ni de una postura obstruccionista frente al proyecto oficial, sino de un análisis basado en la experiencia acumulada desde la restauración del sistema democrático en 1983 hasta la actualidad. Planteada la cuestión, corresponde analizar si este cambio implica un avance o un retroceso.

Entiendo oportuno dejar a los actores responsables, a los representantes, a los especialistas y a la ciudadanía en general la tarea de arribar a sus propias conclusiones. (www.REALPOLITIK.com.ar)