El fallo del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sobre la rendición 2024 de Bahía Blanca dejó al descubierto un esquema de gasto en publicidad oficial sin cumplimiento del circuito legal de compras, con pagos millonarios a medios y proveedores que fueron observados por los organismos de control interno pero igualmente autorizados por el intendente Federico Susbielles.
Según consta en la resolución, la municipalidad de Bahía Blanca abonó servicios de difusión en radio, televisión, medios digitales y prensa gráfica sin orden de compra, sin trámite previo o con documentación emitida en forma extemporánea, incumpliendo la normativa vigente.
Entre los casos más relevantes aparecen:
- Germán Sasso: 2,1 millones y 3,5 millones en publicidad radial
- Martín Noir: $1,6 millones y $2,6 millones de pesos en radio.
- Graciela Wagner: 444 mil pesos.
- Lorena Fiorentini: 240 mil y 520 mil pesos en TV.
- Rex Agencia de Publicidad: 450 mil y 2.069.971,20 pesos.
- Diario La Nueva Provincia: 2,6 millones de pesos.
- Iommi SAS (publicidad web): 636 mil pesos.
Todos estos pagos, según el Tribunal, carecieron del procedimiento formal de contratación, lo que implica que no se realizaron pedidos de gasto, ni órdenes de compra válidas antes de la ejecución. El punto más delicado es que la contaduría municipal observó estas erogaciones, pero aun así fueron convalidadas mediante el mecanismo de “insistencia” por parte del intendente, lo que transforma una irregularidad administrativa en una decisión política explícita.
El municipio intentó justificar estas contrataciones en el contexto de la emergencia provocada por el temporal de diciembre de 2023, argumentando la necesidad de difundir información oficial. Sin embargo, el Tribunal fue categórico: la emergencia no exime del cumplimiento de los procedimientos legales .
Más allá de la pauta, el fallo describe un patrón más amplio: incumplimientos sistemáticos en el circuito de compras. En ese orden, se detectaron contrataciones sin expediente completo, órdenes de compra emitidas después del gasto y pagos sin respaldo administrativo adecuado
Entre los casos más significativos figura un pago a YPF por 116.497.437,70 en combustible sin encuadre formal adecuado
El Tribunal remarca que, incluso ante situaciones excepcionales, el municipio no puede omitir los pasos básicos de control, y atribuye responsabilidades directas a funcionarios clave del área económica, de compras y al propio jefe comunal.
El fallo también expone otras irregularidades que completan el cuadro:
- Subsidios: se otorgaron ayudas económicas a particulares —principalmente vinculadas a producciones culturales— que inicialmente no contaban con rendición de cuentas adecuada.
- Contrataciones de personal: se cuestiona el uso de contratos de locación de servicios para tareas que no serían extraordinarias, lo que podría implicar un uso indebido de esta modalidad para cubrir funciones permanentes.
- Falta de control político: la rendición de cuentas no fue tratada por el Concejo Deliberante, por lo que quedó aprobada de manera automática, sin debate.
Pese a aprobar la rendición en términos generales, el Tribunal aplicó sanciones concretas. Entre las multas se incluye a Federico Susbielles (intendente) y a Juliana Cendra Segura (contadora municipal) por 720 mil y 480 mil pesos respectivamente. Por otro lado, el organismo ordenó cargos económicos (devolución de dinero) por 2.636.541,69 contra Héctor Gay y Ramiro Frapiccini; y otros 2.726.022,07 contra Héctor Gay, María Soledad Monardez y Andrea González.
En esa línea, fue amonestado Carlos Fernando De Vadillo (secretario de Economía) y recibieron llamados de atención Natalia Martirena (Instituto Cultural), Mariano Nicolás Trellini (Compras), Virginia Pascual (Unidad Intendencia), Gustavo Trankels (Obras Públicas), Gustavo Lari (Deporte), Romina Ayala (Educación), Fabián Lliteras (Movilidad), Luis Calderaro (Jefe de Gabinete), Natalia Lucanera (Capital Humano), Diego Palomo, Hernán Vigier, María Guillermina Esmoris, Antonella Laiuppa, Karina Sánchez, Ana Miravalles, Edith Pitsch, Mara Recondo, María Delia Álvarez, Leandro Nievas Offidani, María Marta Tubio, Romina Pires, Yamila Pérez, Rosana Vecchi, Leandro Panis (tesorero), Walter Larrea (asesor letrado), María Teresa Gonard (presidenta del Concejo Deliberante), entre otros.
Además, el Tribunal dejó abierta la posibilidad de nuevas responsabilidades, aclarando que varios funcionarios no deben considerarse exentos hasta que se cierren investigaciones pendientes.
Aunque la rendición fue aprobada, el fallo construye un escenario complejo para la gestión de Susbielles: pauta oficial sin procedimiento, gastos observados e igualmente autorizados, fallas estructurales en compras, controles internos desoídos, y sanciones y responsabilidades distribuidas.
En términos políticos, el dictamen deja una señal clara: la administración municipal pudo sostener su equilibrio contable, pero lo hizo con serias irregularidades en el manejo del gasto público y los mecanismos de control. (www.REALPOLITIK.com.ar)