CABA: Denuncian hasta 8 mil habilitaciones irregulares y apuntan a la AGC

Una denuncia penal en trámite en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expone un presunto esquema de fraude de gran escala vinculado al sistema de habilitaciones comerciales del gobierno porteño. Según la presentación judicial, podrían existir miles de locales habilitados de manera irregular, en un circuito que combina el uso indebido de datos profesionales, fallas en los controles y posibles manipulaciones informáticas.

La causa —identificada como denuncia 1482648, en trámite ante la fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 15 especializada en delitos contra la administración— investiga hechos que, de confirmarse, tendrían impacto directo en la transparencia del sistema y en las condiciones de seguridad de comercios en funcionamiento.

De acuerdo al escrito presentado por el arquitecto Enrique Ángel Arbeleche, quien además solicitó ser tenido como querellante, terceros habrían utilizado su identidad profesional sin autorización para tramitar habilitaciones comerciales en la Ciudad de Buenos Aires. El denunciante sostiene que estos trámites se habrían realizado mediante plataformas digitales oficiales, con presentación de documentación técnica y administrativa que simulaba su intervención, pero sin su conocimiento ni participación.

En ese marco, la denuncia encuadra los hechos en posibles delitos como falsificación de instrumento público, inserción ilegítima de datos en sistemas informáticos y usurpación de título profesional.

Un sistema bajo sospecha

Uno de los aspectos más sensibles surge de la magnitud de la maniobra. Según se detalla en la presentación judicial, el caso no sería aislado: se menciona la existencia de más de 4 mil trámites con características similares, lo que sugiere la posible intervención de una estructura organizada.

Pero el dato más explosivo surge de información complementaria aportada a este medio: el número de habilitaciones potencialmente irregulares podría escalar a unos 8 mil locales en toda la ciudad, muchos de ellos del rubro gastronómico, lo que implica riesgos en materia de higiene, salubridad y seguridad.

La investigación judicial sumó en los últimos días un elemento aún más delicado. Según se informó, durante una declaración reciente con asistencia de un perito informático, se habría constatado la desaparición de registros digitales vinculados a habilitaciones bajo análisis.

El hecho introduce una nueva hipótesis: no sólo habría existido un uso fraudulento del sistema, sino también posibles maniobras de alteración o supresión de información clave, lo que podría complicar la trazabilidad de los trámites cuestionados.

Advertencias ignoradas

Previo a la judicialización del caso, el abogado Jorge Omar Genaisir —representante del profesional denunciante— había solicitado reuniones formales con autoridades de la Agencia Gubernamental de Control.

En un pedido dirigido al entonces titular del organismo, Matías Lanusse, el letrado advirtió sobre la existencia de “una serie de delitos penales de acción pública que se han cometido y se siguen cometiendo al presente” y alertó sobre la posible existencia de “una importante red de corrupción o una manipulación individual demasiado eficaz para ser plausible”.

Vale recordar que, en provincia de Buenos Aires, Lanusse es recordado por haber eliminado impuestos a los ganadores de tragamonedas, desfinanciando programas sociales, durante su paso por la presidencia de Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires.

Si bien hubo una respuesta inicial, la audiencia no llegó a concretarse. Posteriormente, el mismo pedido fue reiterado ante el actual responsable del área, José Manuel Ramos, sin obtener contestación.

Impacto y posibles consecuencias

El caso abre múltiples interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de habilitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y los mecanismos de control estatal.

De confirmarse los hechos denunciados, no sólo se trataría de un fraude administrativo de gran escala, sino también de un problema con implicancias directas en la seguridad pública, al involucrar locales que podrían estar operando sin verificaciones técnicas reales.

Mientras la investigación avanza en sede judicial, el expediente ya pone en el centro de la escena a la Agencia Gubernamental de Control y a la integridad de los sistemas digitales utilizados para autorizar actividades comerciales en la capital del país. (www.REALPOLITIK.com.ar)