Financiamiento Universitario: "Una ley está por encima de cualquier funcionario"

Marcos Erregue, abogado y analista legal, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el complejo escenario jurídico que rodea a la ley de Financiamiento Universitario. En su intervención, detalló cómo la falta de un presupuesto actualizado para los ejercicios 2024 y 2025 permitió al gobierno nacional manejar recursos de libre disponibilidad, profundizando el desfinanciamiento de las casas de altos estudios y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.

"Como no se fijó un presupuesto ni en el 2024 ni en el 2025, el Ejecutivo se manejó con las partidas prorrogadas del 2023. Esto generó un beneficio para el gobierno porque, en un contexto de inflación, todo lo que se recauda por encima de lo fijado es distribuido a su criterio, dejando desactualizados los sueldos y las becas", explicó Erregue.

El nudo de la discusión judicial 

El letrado recordó que, tras la insistencia del Congreso de la Nación Argentina para ratificar la ley de Financiamiento Universitaria, el ejecutivo dictó un decreto condicionando su cumplimiento a la existencia de partidas específicas, amparándose en una normativa de 1996. Ante esto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo que resultó en una medida cautelar favorable.

"El nudo hoy es la medida cautelar que obliga al Ejecutivo a cumplir con la ley mientras se resuelve la cuestión de fondo. El juez fue claro: según los propios informes del gobierno, la afectación presupuestaria es apenas del 0,23 por ciento, por lo que no existe un riesgo de desequilibrio financiero que justifique el incumplimiento", subrayó Erregue.

Derecho alimentario y debilidad jurídica 

Para el abogado, la Justicia ha priorizado el carácter alimentario de los salarios de los trabajadores universitarios por sobre las maniobras administrativas del Ejecutivo. Además, criticó la estrategia de defensa del estado nacional, sugiriendo que hubo una omisión grave al no plantear la inconstitucionalidad de la ley original.

"Creo que la Justicia terminará declarando inconstitucional el decreto del ejecutivo. Existe un principio básico del derecho: una ley especial y posterior deroga a una general y anterior. El gobierno no puede usar una ley de hace casi 30 años para ignorar una orden directa del Congreso actual", afirmó.

Por último, Erregue reflexionó sobre la importancia de las instituciones en el contexto actual: "Este es un ejemplo de cómo debería funcionar el estado de derecho. Una ley está por encima de cualquier funcionario. Los abogados solemos tener mala fama, pero sin nuestra intervención, los derechos serían mera teoría y no una realidad tangible". (www.REALPOLITIK.com.ar)