Gustavo Menéndez en la mira por licitaciones sin publicar y compras fragmentadas

El último fallo del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sobre la rendición 2024 de la municipalidad de Merlo vuelve a encender señales de alerta sobre el manejo administrativo del distrito, con un eje claro: falta de transparencia en las contrataciones y posibles mecanismos para eludir controles formales.

Uno de los puntos más sensibles del informe es el estado del Boletín Oficial municipal, herramienta clave para garantizar la publicidad de los actos de gobierno. Según el organismo de control, el municipio no lo implementó de manera completa: no se publicaba la totalidad de la normativa ni los actos administrativos, incluyendo disposiciones del Concejo Deliberante y del propio ejecutivo. La situación se agrava con una denuncia puntual que quedó incorporada en el expediente: varias licitaciones públicas directamente no fueron publicadas, entre ellas las identificadas como 84/2023, 20/2023, 14/2023, 19/2023, 5/2023 y 15/2023. En ese marco, la ausencia de estas licitaciones no solo implica una falla formal, sino que impide reconstruir el circuito completo de contratación: montos, oferentes y adjudicatarios.

Este punto no es menor. La publicación en el Boletín Oficial no es un trámite administrativo más: es el mecanismo que garantiza la concurrencia de oferentes y la transparencia en el uso de fondos públicos. Su omisión, en la práctica, limita la competencia y abre interrogantes sobre la selección de proveedores.

Compras fragmentadas para evitar licitaciones

En ese contexto, el Tribunal avanzó sobre una segunda línea que refuerza el mismo eje: la fragmentación de gastos para evitar procesos licitatorios.

La auditoría detectó múltiples casos en los que compras y contrataciones fueron divididas en varias órdenes dentro de plazos muy cortos —muchas veces menos de 30 días— pese a que, por los montos involucrados, debían haberse canalizado mediante licitaciones o concursos de precios.

Entre los ejemplos más claros aparecen:

- Pedro Manuel Tamargo: compra de pelotas por 1.621.500, dividida en cuatro órdenes.

- Belén Miriam Vanina: servicio de catering y organización de evento por 990.000, fraccionado en dos pagos.

- J & T SRL: equipamiento por 2.152.400, también dividido.

- PS Stella Construcciones SRL: caños para obra pública por 2.623.000, en pagos separados.

- Luis Ariel Romero: alquiler de equipamiento por 1.878.000, en dos órdenes.

- Adrián Mario Ochavsky: alquiler de baños químicos por 2.510.400, dividido el mismo día.

Para el Tribunal, este esquema no es casual: configura una práctica que vulnera la normativa vigente (artículo 151 de la ley Orgánica de las Municipalidades), cuyo objetivo es justamente evitar la discrecionalidad en el gasto.

Vale recordar que este mecanismo de fragmentación no aparece aislado. De hecho, REALPOLITIK ya había advertido en coberturas anteriores sobre el uso reiterado de contrataciones directas y pagos desdoblados en el distrito, una modalidad que ahora vuelve a quedar expuesta en un fallo oficial.

La coincidencia entre la falta de publicación de licitaciones y el desdoblamiento de pagos refuerza una hipótesis que sobrevuela todo el expediente: un esquema que reduce los controles formales sobre el gasto público.

El palacio municipal.

Más irregularidades: un funcionamiento desordenado

Aunque el eje más fuerte está en las contrataciones, el fallo también describe un cuadro general de debilidad administrativa:

- Falta de implementación de sistemas clave como el RAFAM en áreas sensibles.

- Documentación enviada fuera de término o incompleta.

- Actas del Concejo Deliberante no remitidas correctamente.

- Declaraciones juradas de funcionarios ausentes o tardías.

A esto se suma un dato aún más delicado: el Tribunal desaprobó un gasto con cargo económico, al no poder verificarse su respaldo, estableciendo responsabilidades directas sobre funcionarios municipales.

Más de 10 millones de pesos en responsabilidades

El fallo del Tribunal de Cuentas no se limitó a observaciones formales y avanzó con sanciones concretas contra funcionarios municipales, incluyendo multas, cargos económicos y amonestaciones.

El intendente Gustavo Menéndez fue sancionado con una multa de 700 mil pesos y además quedó alcanzado por un cargo solidario de 1.231.103,40 por un gasto sin respaldo.

El contador municipal, Federico Matías López, recibió una multa de 500 mil pesos y también fue incluido en el mismo cargo solidario de 1,23 millones.

- Por su parte, el secretario de Economía, Roberto Soos, fue objeto de un llamado de atención y quedó alcanzado por dos cargos económicos: uno de 1.231.103,40 y otro de 9.500.148,71, este último vinculado a otras erogaciones observadas.

En esa misma línea, el Tribunal dispuso un cargo solidario de 9.500.148,71 contra la intendenta Karina Menéndez; el subsecretario de Ceremonial y Protocolo Carlos Darío Cupo y la contadora interina Natalia Noemí Brutti.

Además, el subsecretario de Deportes, Mauro Daniel Schmahl, quedó alcanzado por el cargo de 1,23 millones, mientras que el director de Compras, Juan Francisco Trotta, fue sancionado con una multa de 500 mil.

En cuanto a sanciones menores, la intendenta Karina Menéndez y la presidenta del Concejo Deliberante, Alicia Alejandra Hahn, recibieron amonestaciones, mientras que la subsecretaria de Recursos Humanos, Yanina Vanesa Paul, y la propia contadora interina Brutti fueron alcanzadas por llamados de atención. (www.REALPOLITIK.com.ar)