Caso Cajade: Abuso, poder político y una trama que golpea a Axel Kicillof

La grave denuncia por abuso sexual contra Gustavo Docters Fontana, exeducador del Hogar del Padre Cajade de La Plata y exfuncionario del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia bonaerense (OPNyA), en la gestión de Axel Kicillof, sacudió a una institución histórica de la ciudad y abrió una serie de interrogantes incómodos sobre los vínculos políticos, administrativos e institucionales que rodearon al acusado durante los últimos años.

El caso tomó estado público el 25 de febrero pasado, cuando un medio reveló la existencia de una denuncia penal radicada en enero por una serie de abusos sexuales que habría sufrido al menos dos jóvenes que vivieron en el Hogar del Padre Cajade y que estaban bajo el cuidado del acusado. Según esa reconstrucción periodística, los hechos se habrían extendido durante diez años, entre 2015 y 2025, tanto dentro de la sede del Hogar como en el domicilio particular de Docters Fontana.

La denuncia tuvo una fuerte repercusión pública y rápidamente fue replicada por medios locales, provinciales y nacionales. Con el correr de los días, además, se conoció que el acusado no sólo se desempeñaba como educador en la obra del Padre Cajade, sino que también había ocupado un cargo jerárquico dentro del propio OPNyA: director de Región de Casas de Cuidados para las Niñeces y Adolescencias II, con jurisdicción sobre hogares de niños ubicados en el conurbano bonaerense.

Una actividad en el predio Aldea Primavera de La Plata, el 9 de agosto de 2025, donde están los actuales funcionarios Adrián Durante y Paula Gallardo, junto con el acusado Docters.

También trascendió que Docters Fontana había revistado en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Es decir: el acusado transitó, en paralelo o en distintos momentos, espacios institucionales directamente vinculados con niñez, adolescencia, asistencia, derechos humanos y estructuras estatales de protección.

Tras la difusión del caso, tanto el Hogar del Padre Cajade como el OPNyA emitieron comunicados oficiales. En ambos textos se informó que la persona denunciada había sido desvinculada de sus funciones y que se le había prohibido el ingreso a los espacios institucionales, así como cualquier contacto con niños y adolescentes alojados o vinculados a la obra.

El 6 de septiembre de 2025, los funcionarios Adrián Durante, Viviana Gotta y Paula Gallardo festejaron el día del Niño junto al acusado Docters, en el Hogar del Padre Cajade.

El Hogar del Padre Cajade sostuvo que, una vez conocidos los hechos, realizó la denuncia penal correspondiente y adoptó medidas de resguardo. “Hacer pública esta realidad es muy difícil, pero resulta fundamental en este momento”, expresó la institución, al tiempo que remarcó que el límite de la comunicación era preservar la integridad de los chicos y evitar “caer en la trampa y en la comodidad del silencio”.

El OPNyA, por su parte, afirmó que a raíz de la denuncia formulada en enero “se iniciaron de manera inmediata los procedimientos institucionales correspondientes” y que se adoptaron medidas urgentes para garantizar la protección integral de los niños y adolescentes involucrados. También informó la intervención del Servicio Zonal La Plata, comunicaciones a servicios locales y juzgados de Familia, supervisiones en el hogar y acompañamiento interdisciplinario.

Sin embargo, el comunicado oficial del organismo omitió un dato central: Docters Fontana no era sólo una persona denunciada que se desempeñaba en una institución conveniada, sino que había sido funcionario del propio OPNyA.

Otra actividad, en este caso en la Basílica de Luján, donde se encuentran los funcionarios Durante, Gotta y Gallardo, junto al acusado Docters, el 10 de octubre de 2025.

La detención y la causa penal

En los primeros días de marzo, Gustavo Docters Fontana fue finalmente detenido por orden del fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI Nro. 11 de La Plata. Según publicaciones periodísticas, quedó imputado por los delitos de corrupción de menores, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado, todos en concurso real.

El expediente, de acuerdo con esa información, describe un mecanismo de manipulación que habría comenzado en el Hogar del Padre Cajade y luego se habría trasladado al domicilio del imputado. Las presuntas víctimas, hoy mayores de edad, habrían atravesado situaciones de extrema vulnerabilidad, con un vínculo de dependencia emocional, económica y cotidiana respecto del acusado.

Según la reconstrucción publicada, los jóvenes lo veían como una persona de confianza: los ayudaba con tareas escolares, los acompañaba a turnos médicos y participaba de distintas actividades de cuidado. Esa posición de referencia, siempre de acuerdo con la denuncia, habría sido utilizada para sostener durante años una situación de sometimiento.

Tras ser detenido, Docters Fontana fue indagado, pero se negó a declarar. La causa continúa bajo investigación judicial.

El último registro fotográfico, el 19 de diciembre de 2025, de Paula Gallardo con Docters.

El paso por Justicia y la baja administrativa

Uno de los puntos que genera mayores interrogantes es el derrotero estatal del acusado. Además de su rol como educador en la obra del Padre Cajade, Docters Fontana fue designado como personal administrativo del ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.

Su baja del área quedó formalizada mediante una resolución firmada por el ministro Juan Martín Mena, con fecha 18 de marzo de 2026. Allí se convalida la baja a su pedido del agente Gustavo Adolfo Docters, dispuesta el 14 de noviembre de 2025, con efecto retroactivo al 5 de junio de 2025.

El dato temporal no es menor: apenas unos días antes, el 26 de mayo de 2025, también se había hecho efectiva su renuncia al cargo que ocupaba en el OPNyA. En el lapso de poco más de una semana, Docters Fontana dejó sus dos posiciones dentro del estado provincial.

La resolución señala que no registraba actuaciones sumariales administrativas en trámite. Lo mismo ocurre en la resolución del OPNyA que aceptó su renuncia como director regional: allí se indica que la dirección de Sumarios Administrativos informó que el agente no registraba actuaciones pendientes de resolución.

Ese punto abre una pregunta inevitable: si la denuncia penal recién se formalizó en enero de 2026, ¿qué ocurrió en mayo y junio de 2025 para que el acusado perdiera, casi simultáneamente, sus dos cargos estatales?

La funcionaria Paula Gallardo y su cercana relación con el acusado Gustavo Docters Fontana.

El cargo en el OPNyA y la red política interna

La resolución 1113/2025, fechada el 14 de julio de 2025 y suscripta por la directora ejecutiva del OPNyA, Andrea Cáceres, aceptó la renuncia de Gustavo Adolfo Docters al cargo de director de Región de Casas de Cuidados para las Niñeces y Adolescencias II, con efecto desde el 26 de mayo de 2025.

Docters había llegado a esa función en el marco de la gestión de María Agustina Iafolla Cardos, designada el 1 de abril de 2024 como subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos del OPNyA. Iafolla Cardos, presidenta de la obra del Padre Cajade, venía de desempeñarse en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, donde también habría coincidido con el acusado.

La trayectoria familiar y política de Iafolla Cardos está estrechamente vinculada a la obra. Es hija de Fabiana Cardos, una de las primeras educadoras del Hogar de Cajade, y fue adoptada por Marcelo Iafolla, histórico colaborador de Carlos Cajade y expresidente de la obra, quien luego se volcó a la actividad política. Actualmente, Marcelo Iafolla se desempeña como director del Mercado Regional de La Plata.

En ese contexto, Docters Fontana no era un educador más dentro del Hogar. Según fuentes del organismo, era una persona de confianza de Agustina Iafolla Cardos tanto en la obra del Padre Cajade como en la estructura del OPNyA. De hecho, distintos registros fotográficos los muestran compartiendo actividades institucionales en representación de la obra.

La designación de Iafolla Cardos como subsecretaria del OPNyA quedó formalizada mediante decreto provincial, en el mismo acto administrativo que designó a Nancy Andrea Cáceres como directora ejecutiva del organismo, a partir del 1 de abril de 2024.

La funcionaria Paula Gallardo y su cercana relación con el acusado Gustavo Docters Fontana.

La pregunta por los tiempos

El dato que más incomoda hacia adentro del OPNyA es la distancia temporal entre la salida de Docters Fontana del estado provincial y la denuncia penal formalizada meses después.

Según trascendidos internos, para el momento de sus bajas ya circulaban versiones sobre los relatos de dos presuntas víctimas, ambas mayores de edad. En ese marco, algunas fuentes sostienen que se habría intentado resolver la situación de manera privada, apartándolo de sus funciones públicas, sin que el caso llegara inmediatamente a la Justicia penal.

La denuncia se radicó recién en enero de 2026. Para entonces, habían pasado aproximadamente ocho meses desde su salida del OPNyA.

Ese vacío temporal es uno de los aspectos más sensibles de la trama. Porque, si las instituciones tomaron conocimiento previo de situaciones graves vinculadas a niños, adolescentes o jóvenes que habían estado bajo cuidado institucional, la discusión ya no se limita a la conducta penal del acusado: también alcanza a los mecanismos de prevención, alerta, denuncia y control dentro del propio sistema de protección.

Las fotografías que sí han quedado en las redes sociales de Gallardo son las que muestran la estrecha relación que poseen esta última, Durante y Gotta (estos dos últimos serían además pareja) con la titular del OPNyA, Andrea Cáceres, al punto que han vacacionado los cuatro juntos. En esta foto: Gallardo y Gotta vacacionando con Cáceres en su ciudad de origen, Necochea.

Fotos, actividades y vínculos después de su salida

Otro punto que genera ruido puertas adentro del organismo es que, aún después de dejar su cargo formal en el OPNyA, Docters Fontana habría continuado participando de actividades oficiales y sociales junto a funcionarios del área.

Según las imágenes y publicaciones mencionadas por fuentes del organismo, el acusado aparece en distintas actividades junto a Paula Gallardo, directora de Casa de Cuidado I; Adrián Durante, director de Hogares y Casas de Abrigo Conveniadas; y Viviana Gotta, directora regional de Servicios Zonales y Locales I.

Incluso, siempre según esos registros, en septiembre de 2025 habría participado junto a ellos de festejos por el día del Niño en el Hogar del Padre Cajade, el mismo lugar donde se habrían producido parte de los abusos denunciados.

Las fuentes consultadas aseguran que algunas fotografías en las que aparecía el acusado fueron eliminadas de redes sociales luego de la detención. Particularmente, apuntan a publicaciones vinculadas a Paula Gallardo, funcionaria que suele registrar sus actividades oficiales en redes personales.

También se mencionan imágenes de actividades en el predio Aldea Primavera de La Plata, el 9 de agosto de 2025; otra en la Basílica Nuestra Señora de Luján, el 10 de octubre de 2025; y un último registro fotográfico del 19 de diciembre de 2025, en el que aparece Gallardo junto a Docters Fontana.

En paralelo, otras fotografías que permanecen en redes muestran la estrecha relación política y personal entre Gallardo, Durante, Gotta y la titular del OPNyA, Andrea Cáceres. Incluso se los observa compartiendo viajes y actividades por fuera de la gestión, en destinos como Necochea, Las Toninas y movilizaciones políticas.

De acuerdo con fuentes del organismo, tras la detención de Docters Fontana, distintos sectores internos buscaron despegarse del acusado y atribuir su ingreso al OPNyA exclusivamente al vínculo con Iafolla Cardos. Pero la presencia posterior del acusado en actividades junto a otros funcionarios reabre la discusión sobre la verdadera dimensión de sus relaciones internas.

Otra vez, Gallardo y Gotta vacacionando con Cáceres en Necochea.

El comunicado que omitió su rol como funcionario

El comunicado oficial del OPNyA informó medidas de intervención, supervisión, acompañamiento y protección. Sin embargo, evitó mencionar que Docters Fontana había sido funcionario del propio organismo hasta mayo de 2025.

La omisión no es menor. El caso no involucra únicamente a un educador denunciado dentro de un hogar convivencial, sino también a una persona que ocupó un cargo directivo en la estructura estatal encargada de supervisar, acompañar y garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Esa doble condición —educador de confianza en una institución emblemática y funcionario de Niñez bonaerense— transforma el expediente en un caso de alto impacto institucional. Porque la pregunta ya no es sólo cómo actuó el Hogar del Padre Cajade una vez formalizada la denuncia, sino también qué sabía el gobierno de Axel Kicillof, cuándo lo supo, qué medidas adoptó y por qué la salida administrativa del acusado ocurrió apenas unos meses antes de la exposición pública del caso.

Durante, Gallardo y Gotta con Andrea Cáceres en la marcha contra la reforma laboral.

Internas, temor y crisis dentro del organismo

Según trascendió en el OPNyA, las relaciones internas entre los principales funcionarios del área se encuentran en un estado de extrema tensión. La detención de Docters Fontana habría profundizado acusaciones cruzadas, pases de factura y maniobras para deslindar responsabilidades políticas.

El grupo de funcionarios que tuvo vínculo con el acusado se encontraría en alerta por la evolución de la causa penal y por la posibilidad de que la investigación reconstruya no sólo los hechos denunciados, sino también la red institucional que permitió al acusado circular durante años por espacios de cuidado, gestión y decisión pública.

El caso golpea a un organismo que, bajo la cuestionada conducción del ministro Andrés Larroque, ya venía siendo cuestionado por múltiples conflictos internos, especialmente en el área penal juvenil. Ahora, el escándalo se proyecta también sobre el sistema asistencial de hogares, casas de cuidado y dispositivos de protección de niños y adolescentes.

Durante, Gallardo y Gotta con Andrea Cáceres de vacaciones en Las Toninas.

Otro foco de alarma: Lomas de Zamora

A este escenario se suma una nueva preocupación dentro del sistema de niñez bonaerense. Fuentes del sector advirtieron sobre una situación de creciente tensión en un centro de Lomas de Zamora, donde el personal viene denunciando condiciones de precariedad laboral y un fuerte hermetismo institucional frente a posibles irregularidades.

Según las versiones internas, en las últimas horas habría trascendido otro episodio de índole sexual que involucraría a una trabajadora —identificada sólo con la inicial S— y a un menor —identificado como P—. La situación habría sido detectada a partir de capturas de pantalla del teléfono de un joven detenido.

Las fuentes aseguran que, en un primer momento, el directivo del centro, Marcelo Pombo, alineado con el director provincial de Institutos Penales, Claudio “Momia” Otero, habría intentado mantener el caso bajo estricta reserva. Sin embargo, al tomar conocimiento de que la situación comenzaba a circular por fuera de los muros del establecimiento, habría realizado la denuncia correspondiente.

No sería, según las mismas versiones, el primer episodio de estas características durante la actual administración local. En los pasillos del sistema también volvió a mencionarse el caso de otra trabajadora que habría estado vinculada a prácticas similares y que, aunque en principio se daba por cerrado, podría sumar nuevos capítulos.

El cuadro vuelve a poner en discusión la capacidad real del OPNyA para prevenir, detectar y denunciar hechos graves dentro de dispositivos donde el estado tiene una responsabilidad reforzada: proteger a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Una institución respetada, un organismo bajo sospecha y una causa que recién empieza

La obra del Padre Cajade tiene una historia profundamente respetada en La Plata. Durante décadas, fue símbolo de acompañamiento comunitario, trabajo territorial y defensa de los sectores más vulnerables. Precisamente por eso, la denuncia contra uno de sus educadores más cercanos produce un impacto todavía mayor.

Pero el caso excede a la institución. La trayectoria de Docters Fontana en el OPNyA, sus vínculos con funcionarios, su salida administrativa meses antes de la denuncia penal y su presunta participación posterior en actividades junto a integrantes del organismo obligan a mirar más allá del expediente penal.

La Justicia deberá determinar la responsabilidad penal del acusado. Pero la política y la administración pública bonaerense deberán responder otra pregunta: cómo fue posible que una persona denunciada por hechos de semejante gravedad haya ocupado lugares de confianza en instituciones destinadas, justamente, a proteger a niños, adolescentes y jóvenes vulnerables.

Y, sobre todo, si hubo alertas previas, quiénes las conocieron y por qué el sistema reaccionó recién cuando el caso ya era imposible de ocultar. (www.REALPOLITIK.com.ar)