Lejos de tratarse de un dato menor en la trayectoria del flamante titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la constitución de PREDIGEN SA abre una zona de interés público en torno al vínculo entre salud, empresas privadas, tecnología médica y Estado. Según surge del aviso societario publicado en el Boletín Oficial, la firma fue creada el 20 de agosto de 2025, pocos meses antes del desembarco de Luis Eduardo Fontana a la administración nacional.
La sociedad fue conformada por tres médicos: Luis Eduardo Fontana, Gabriel Leonardo Barbagallo y Ricardo Ignacio Kirchuk. El primero fue designado luego al frente de la ANMAT, mientras que Barbagallo asumió como subadministrador nacional del mismo organismo en marzo de 2026. El tercer socio, Kirchuk, registra antecedentes en el sector público sanitario: en 2011 fue designado vocal del Consejo Ejecutivo del Instituto Nacional del Cáncer durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con carácter ad honorem y rango protocolar equivalente al de director nacional.

El punto central está en el objeto social de PREDIGEN SA. La empresa no fue constituida únicamente para brindar servicios médicos tradicionales. Su estatuto contempla “servicios médicos de diagnóstico y tratamiento”, pero también “exportación e importación de tecnología médica” y, sobre todo, “consultoría para el desarrollo de la innovación e investigación en salud para empresas privadas y dependencias públicas”.
Esa última frase es la que introduce el dato político más sensible. Antes de ocupar cargos en el organismo encargado de regular medicamentos, alimentos y tecnología médica, Fontana y Barbagallo conformaron una sociedad expresamente habilitada para prestar servicios y asesoramiento a dependencias del sector público.
La amplitud del objeto social también permite leer el perfil de negocios al que apunta la firma: diagnóstico, tratamiento, tecnología médica, innovación, investigación y consultoría. No se trata de una sociedad con un objeto acotado, sino de una estructura preparada para moverse en zonas centrales del sistema sanitario, muchas de ellas atravesadas por regulaciones, autorizaciones, compras públicas y decisiones técnicas del Estado.
PREDIGEN SA fue creada con un plazo de duración de 99 años y un capital social de 30 millones de pesos, representado en 30 mil acciones nominativas no endosables de mil pesos cada una. Barbagallo aparece como el socio de mayor participación, con 15 mil acciones, equivalente al 50 por ciento del capital. Fontana suscribió 9 mil acciones, es decir el 30 por ciento, y Kirchuk 6 mil acciones, el 20 por ciento restante.
La administración quedó prevista entre uno y cinco miembros por tres ejercicios, sin sindicatura. Como presidente fue designado Gabriel Leonardo Barbagallo, mientras que Luis Eduardo Fontana figura como director suplente. Es decir: al momento de su nacimiento, la empresa tenía a Barbagallo en la conducción formal y a Fontana dentro de la estructura societaria y de administración.
El recorrido de los socios suma elementos de contexto. Fontana fue presentado públicamente como un médico cirujano con larga trayectoria en el sector de la medicina prepaga, especialmente en OSDE, donde ocupó cargos de alta responsabilidad, incluida la dirección general. Barbagallo también registra antecedentes en OSDE, donde trabajó hasta abril de 2022 como gerente de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social Empresaria, además de haber sido destacado oficialmente por la ANMAT por su experiencia en gestión de servicios de salud, asesoría, formación de servicios asistenciales y sustentabilidad.
Kirchuk, por su parte, no solo aparece como socio minoritario de PREDIGEN SA, sino también como un médico con paso por el Instituto Nacional del Cáncer. Su entorno familiar muestra además vínculos relevantes con el ecosistema de salud, investigación clínica, oncología, medicina de precisión y biotecnología. De acuerdo con perfiles públicos profesionales, Ezequiel Kirchuk desarrolló carrera en el área de oncología y specialty care en GSK, mientras que Nicolás Kirchuk es cofundador y CEO de Biomakers, compañía de oncología de precisión con operaciones regionales y laboratorios moleculares en distintos países que hace solo unos días, como parte de la comunidad ScaleUp Alumni de Endeavor, cerró una ronda Serie A por 8 millones de dólares.
Estos datos no implican por sí solos una irregularidad, pero sí permiten dimensionar el ecosistema en el que aparece PREDIGEN SA: una sociedad integrada por médicos con trayectoria pública y privada, vínculos con el negocio sanitario, tecnología médica, investigación clínica y potencial llegada a organismos estatales.
En el entorno de Kirchuk también aparece un dato sensible: su esposa, Mónica Gruszka, está vinculada a la firma Miodownik Gruzka y CIA SA, recientemente alcanzada por un embargo general de fondos y valores en el marco de una ejecución fiscal impulsada por ARCA.
La cuestión de fondo no es solamente que Fontana y Barbagallo hayan venido del sector privado. El punto sensible es que, antes de asumir lugares clave en la ANMAT, ambos forman parte de una empresa cuyo objeto social menciona de manera expresa la posibilidad de brindar consultoría en innovación e investigación en salud a dependencias públicas.
En un organismo que debe recuperar credibilidad tras una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años, el dato obliga a mirar con atención posibles superposiciones entre trayectoria privada, intereses societarios y funciones regulatorias. La ANMAT interviene en áreas directamente conectadas con medicamentos, productos médicos, tecnología sanitaria, autorizaciones, controles, registros, importaciones y habilitaciones.
Por eso, el caso de PREDIGEN SA no puede leerse como una simple formalidad societaria. Su estatuto muestra una empresa diseñada para operar en el corazón del sistema sanitario, precisamente en áreas donde el Estado regula, compra, autoriza o demanda asistencia técnica.
El interrogante queda abierto: si la nueva conducción de la ANMAT, bajo el gobierno de Javier Milei, promete transparencia, eficiencia y modernización, la existencia previa de una sociedad preparada para trabajar con dependencias públicas merece, como mínimo, una explicación pública clara sobre su estado actual, su actividad efectiva, sus eventuales contratos y la situación societaria de los funcionarios involucrados. (www.REALPOLITIK.com.ar)