Suipacha: Contrataciones directas sin control complican a Juan Luis Mancini

El fallo del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires sobre la rendición 2024 de la municipalidad de Suipacha expone un patrón reiterado: contrataciones directas sin competencia, aún cuando los montos involucrados superaban los límites establecidos por la normativa vigente.

El organismo fue claro: el municipio contrató proveedores sin concursos ni compulsa de precios, pese a exceder los topes legales. El fallo identifica una serie de proveedores con pagos significativos durante el ejercicio, entre los que se destacan:

- SuipSALUD SA: 7.241.609,25

- Carlos Oscar Fracchia: 8.371.000,00

- María Paz Bernal (diseño y comunicación): 6.787.000,00

- Mariano José Cappucci (servicios informáticos): 7.202.699,24

- María Amelia Orlandini (abogada – programas sociales): 5.927.250,00

Todos presentan el mismo esquema: contrataciones reiteradas, pagos fragmentados y ausencia de competencia. Según el Tribunal, las contrataciones superaban los montos permitidos para contratación directa y no se realizó compulsa de precios.

El caso de SuipSALUD SA resulta todavía más polémico, ya que uno de sus dueños, Roberto Adrián Gayozo, se encuentra además vinculado laboralmente al ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, la municipalidad de Suipacha y la municipalidad de José C. Paz. 

El mecanismo: fragmentación para evitar controles

El fallo deja entrever un patrón clásico: órdenes de compra múltiples, contratación “a demanda” y mismo proveedor, mismos servicios. Esto configura un posible desdoblamiento del gasto para evitar licitaciones.

Por otro lado, el Tribunal también cuestiona la naturaleza de los contratos: pagos mensuales, tareas continuas y sin obra concreta. La conclusión es que no se trata de locación de obra, sino de servicios. Y más grave aún: esas tareas deberían haber sido cubiertas por personal municipal.

La normativa exige que las contrataciones directas sean: técnicas, especializadas y excepcionales. Pero el fallo sostiene que no se acreditó el carácter técnico o excepcional de las tareas.

Irregularidades estructurales en la gestión

Más allá del eje puesto en las contrataciones directas, el fallo del Tribunal de Cuentas detectó una serie de inconsistencias que atraviesan distintas áreas de la administración municipal. Entre ellas, se destacan deficiencias en el uso de fondos específicos, falta de documentación respaldatoria en algunos servicios, problemas en las conciliaciones bancarias y observaciones vinculadas al manejo del presupuesto y los sistemas administrativos.

Uno de los puntos más relevantes es el incumplimiento en la utilización del Fondo Educativo, ya que el municipio destinó apenas el 15,20 por ciento a infraestructura escolar, muy por debajo del mínimo exigido por ley. También se señalaron desequilibrios fiscales, resultados financieros negativos y observaciones sobre el uso de fondos y excesos presupuestarios.

En conjunto, el Tribunal describe un escenario con fallas administrativas, debilidades en los controles internos y desvíos respecto de la normativa vigente, que si bien no impidieron la aprobación formal de las cuentas, sí motivaron advertencias y sanciones sobre los responsables.

Palacio municipal.

Multas, cargos y sanciones: el cierre del fallo

Más allá de las observaciones técnicas, el fallo del Tribunal de Cuentas avanzó con sanciones concretas sobre funcionarios municipales. En primer lugar, se dispuso una multa de 420 mil pesos para el intendente Juan Luis Mancini, como principal responsable de las irregularidades detectadas en la gestión.

A su vez, el organismo aplicó amonestaciones a la contadora municipal, Marcela Alejandra Del Río; a su par Sabrina Jésica Suárez; al secretario de Recursos Humanos, Sebastián Nicolás Maldonado; y al jefe de Compras, Adolfo Ariel De Roo.

El listado continúa con una serie de llamados de atención que alcanzan a distintos niveles de la estructura municipal. Entre ellos figuran la responsable de Presupuesto, María Micaela Spositto; el secretario de Salud, Honorio Domingo Rossetti; la contadora María Beatriz Petetta; la secretaria de Producción, María Irene Lubriz; el secretario de Seguridad, Walter Esteban Ochoa; el secretario de Obras Públicas, Bernardo Martínez Moras; el director de Cultura y Educación, Juan Sebastián Corradi; el director del hospital municipal, Mariano Novak; el exintendente Alejandro Walter Federico; el director de Recursos Humanos, Carlos Daniel Messia; y la jefa del área, Eva Alicia Etcheverría.

Pero el punto más delicado aparece en el cargo económico solidario dispuesto por el Tribunal. Allí se desaprobaron egresos y se fijó un recupero de 745.769 pesos, por el cual deberán responder en forma conjunta el intendente Mancini y las directoras de Legal y Técnica, Daiana Soledad Reynoso y Ana María Rosa Perelli.

Aunque las cuentas del ejercicio 2024 fueron formalmente aprobadas, el fallo deja expuesto un modelo de gestión marcado por contrataciones sin competencia, fragmentación del gasto y uso extendido de proveedores externos, en varios casos sin cumplir con los requisitos legales.

El dato político no pasa desapercibido: el Tribunal no solo detectó irregularidades, sino que también avanzó en la identificación de responsabilidades individuales y la aplicación de sanciones concretas sobre los funcionarios involucrados. (www.REALPOLITIK.com.ar)