Mercado Central: Escándalo en licitación de residuos llega a la Justicia Federal

El Mercado Central de Buenos Aires vuelve a quedar bajo la lupa por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de recolección y limpieza, en un contexto atravesado por denuncias previas de discrecionalidad administrativa, conflictos operativos y disputas por el control de uno de los negocios más sensibles del predio.

Según información a la que tuvo acceso REALPOLITIK, el proceso licitatorio más reciente habría estado marcado por maniobras orientadas a desplazar a la empresa prestataria histórica y favorecer el ingreso de nuevas firmas presuntamente vinculadas al expresidente, Fabián Miguelez.

De un servicio sin sanciones a un presunto “ahogo financiero”

De acuerdo a testimonios y documentación oficial, la firma The NewPort SA (TNP) prestó el servicio durante más de una década, manteniendo continuidad operativa hasta hace muy poco tiempo, según consta en facturación y registros incorporados en sede judicial.

El último contrato, adjudicado en 2022, contemplaba un esquema de 24 meses con posibilidad de prórroga. Sin embargo, hacia 2023 —en un contexto de alta inflación— la empresa habría solicitado formalmente la actualización de precios para sostener el servicio, advirtiendo sobre un posible desfasaje económico.

La falta de respuesta habría derivado en un progresivo deterioro financiero que obligó a la firma a continuar operando en condiciones adversas, lo que es interpretado por diversas fuentes como un posible esquema de “asfixia económica” para forzar su salida.

Incendios, presión y conflicto operativo

En paralelo, se registraron episodios de incendios en sectores operativos del predio, incluidos espacios de tratamiento de residuos. Según documentación presentada en la causa, la empresa denunció hechos atribuidos a terceros y la falta de condiciones de seguridad adecuadas.

Fuentes internas agregaron un dato sensible: cámaras de seguridad habrían identificado a tres personas en uno de los incendios en el sector de compostaje, quienes luego permanecieron en las inmediaciones de instalaciones del predio. Según este relato, las imágenes habrían sido acercadas a autoridades del Mercado Central, sin que se adoptaran medidas concretas.

En esa misma línea, otra fuente interna aseguró que las imágenes habrían sido acercadas a responsables operativos del predio. Según este testimonio, el propietario de uno de los galpones —identificado como Benítez— habría advertido personalmente al gerente de la Unidad General Operativa, Jorge Gabriel Jozame Novoa, sobre la presencia de los sospechosos, aunque la respuesta recibida habría sido que no podía intervenir. La situación, siempre según esta versión, reforzaría la hipótesis de que se trataría de personas conocidas dentro del ámbito del mercado.

Una licitación bajo cuestionamientos

El proceso licitatorio iniciado en enero de 2026 aparece como uno de los puntos más críticos. Según la denuncia, entre las empresas oferentes se presentó una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Transportes Malvinas SRL (vinculada a Eduardo Miguel Rey, Nilda Carmen Rodríguez, Miriam Graciela Díaz y Silvia Gabriela Bardelli) y Agrotécnica Fueguina, un actor de peso en el negocio de residuos a nivel nacional, presidido por Pablo García y dirigido por Lucía Barcia, de acuerdo a registros y contratos oficiales.

Según han confirmado múltiples fuentes, el hecho más controvertido habría ocurrido durante el acto de apertura de sobres. De acuerdo a los testimonios y documentación acompañada en la causa, la UTE habría incurrido en presuntas irregularidades que, de confirmarse, deberían haber motivado su descalificación:

- La presentación de una supuesta “doble oferta” dentro del mismo pliego.

- La utilización de un formato de entrega diferencial —una caja de cartón de tamaño medio— que la hacía fácilmente identificable, lo que podría vulnerar el principio de anonimato exigido en este tipo de procesos.

- Esta situación, según la fuente, no habría sido asentada en el acta pese a los reclamos realizados en el momento.

De hecho, la propia documentación judicial incorpora prueba fotográfica que apuntaría a una posible “violación del anonimato y la reserva” en la presentación de ofertas. A pesar de estos cuestionamientos, la oferta habría sido igualmente considerada y finalmente adjudicada.

Otro dato relevante es que, según la fuente, la propuesta económica de la UTE superaría en más de 2.000 millones de pesos a la de la empresa desplazada, lo que abre interrogantes sobre los criterios de selección aplicados.

Impugnaciones, adjudicación y causa judicial

Frente a estas situaciones, la empresa afectada presentó impugnaciones administrativas que no habrían prosperado.

El conflicto escaló a la Justicia. Actualmente tramita una causa bajo el expediente FSM 023844/2026, caratulada “The Nwe Port SA c/ Corporación Mercado Central de Buenos Aires s/ medida cautelar”, en el juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nro. 2 de San Martín.

La acción judicial busca frenar los efectos de la adjudicación y cuestiona el proceso licitatorio en su conjunto, luego de que se agotara la vía administrativa con resoluciones del propio Mercado Central, hoy bajo la conducción de Nahuel Levaggi, que confirmaron el desplazamiento de la empresa histórica.

En paralelo, también se habría radicado una denuncia penal en la jurisdicción federal, donde se investigan posibles delitos vinculados a la contratación pública, incluyendo presunto direccionamiento y eventuales irregularidades en los informes técnicos.

Nuevos negocios y explotación de residuos

Otro de los ejes de la denuncia apunta a un esquema paralelo vinculado al tratamiento de residuos. En ese esquema, distintas fuentes mencionan la posible intervención de áreas operativas del organismo, entre ellas la Unidad General Operativa y la Unidad de Coordinación Operativa, a cargo del citado Novoa y Santiago Ojeda, respectivamente, aunque estas vinculaciones deberán ser determinadas por la Justicia.

Según la información aportada, una de las firmas adjudicatarias habría sido habilitada para explotar de manera independiente el retiro de residuos de grandes generadores dentro del predio, lo que podría implicar un doble cobro por servicios ya contemplados en el contrato principal.

Asimismo, se menciona la posible cesión de un espacio dentro del Mercado Central para el desarrollo de una nueva base de transferencia, una obra de escala millonaria que —según la fuente— podría estar previamente direccionada.

Un patrón que se repite

Las nuevas denuncias se inscriben en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre la gestión del Mercado Central. Como viene informando REALPOLITIK, la conducción actual acumula señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones, pagos y manejo operativo del predio.

En ese marco, la licitación del servicio de residuos podría convertirse en un nuevo capítulo de una trama más compleja, donde se entrecruzan intereses económicos, estructuras de poder y decisiones administrativas de alto impacto. En ese sentido, distintas fuentes advierten que los nombres vinculados a áreas operativas clave vuelven a repetirse en distintos episodios, lo que alimenta las sospechas sobre un posible esquema interno que excedería un hecho puntual.

Por el momento, las acusaciones deberán ser corroboradas por la Justicia y los organismos de control. Sin embargo, la existencia de documentación judicial, sumada al nivel de detalle de los testimonios, vuelve a encender una señal de alerta sobre el funcionamiento interno del principal mercado concentrador del país. (www.REALPOLITIK.com.ar)