La paradoja vial: gastos activos, obras paralizadas y rutas en crisis

Desde la asunción de Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023, la política vial nacional quedó atravesada por un giro drástico: paralización de obras, licitaciones truncas, reducción de personal, avance de concesiones, reclamos gremiales y un deterioro creciente de corredores estratégicos en distintas provincias del país.

Según el relevamiento al que accedió REALPOLITIK, una serie de licitaciones públicas nacionales de la dirección nacional de Vialidad quedaron en estado “fracasado”, “sin efecto” o “desierta” durante la primera parte de la gestión libertaria, en un contexto en el que el organismo conducido por el administrador general Marcelo Jorge Campoy parece haber quedado reducido a una estructura tensionada entre gastos corrientes, mantenimiento mínimo y la expectativa de transferir rutas al sistema de concesiones.

El dato no es menor: muchas de las contrataciones truncas involucraban obras de repavimentación, conservación, duplicación de calzada, construcción de puentes, reconstrucción de rutas y mejoras hidráulicas en corredores nacionales de alto impacto productivo, logístico y social.

La sede de Vialidad Nacional, en avenida Julio A. Roca 738.

El listado de licitaciones truncas

Entre los procesos registrados aparece la licitación pública nacional 46-0279-LPU23, correspondiente a la ruta nacional 33, en la provincia de Buenos Aires, destinada a la repavimentación y construcción de una rotonda en la intersección con la RN 188. La apertura estaba prevista para el 15 de diciembre de 2023, apenas cinco días después de la asunción presidencial. Su estado figura como “fracasado”.

También en Buenos Aires, la licitación 46-0296-LPU23, vinculada a la RN 205, tenía por objeto la duplicación de calzada. La apertura estaba fijada para el 13 de diciembre de 2023 y el proceso quedó “sin efecto”.

En Chubut, la licitación 46/13-0333-LPU23, sobre la RN 260, contemplaba una obra de conservación. Su apertura fue programada para el 11 de marzo de 2024 y terminó en estado “fracasado”.

En la misma provincia y sobre la misma traza, la licitación 46/13-0332-LPU23, también destinada a una obra de conservación en la RN 260, tenía apertura el 11 de marzo de 2024 y también figura como “fracasado”.

En San Luis, la licitación 46-0280-LPU23, correspondiente a la recuperación y mantenimiento de las rutas nacionales 20 y 79, tenía apertura el 29 de enero de 2024. Su estado: “sin efecto”.

En La Rioja, la licitación46-0239-LPU22, sobre la RN 78, apuntaba al mantenimiento de rutina bajo sistema modular. La apertura estaba prevista para el 29 de enero de 2024 y el proceso quedó “sin efecto”, incluso luego de una prórroga.

En Jujuy, la licitación directa SD 02/2023, sobre la RN 34, buscaba ejecutar obras de mitigación hidráulica faltantes en el kilómetro 1161,53. La apertura fue el 8 de enero de 2024 y el estado informado fue “fracasado”.

En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, la licitación 46/1-0299-LPU23, correspondiente a la RN 3, tenía como objeto una conservación mejorativa en el tramo Coronel Dorrego - empalme RN 249, una longitud de 19,61 kilómetros. La apertura figuraba para el 4 de enero de 2024 y el estado consignado era “publicada”.

En Corrientes, la licitación 46-0184-LPU23, sobre la RN 12, contemplaba la construcción de un puente y acceso sobre el arroyo BAI. La apertura fue el 28 de diciembre de 2023 y el proceso quedó “desierto”.

En Chubut, la licitación 46-0275-LPU23, vinculada a la RN 40, tenía apertura el 27 de diciembre de 2023 y terminó “fracasado”.

En La Pampa, la licitación 46-0249-LPU23, sobre la RN 152, estaba destinada a la reconstrucción de la RN 152 y remodelación del empalme con la RN 143. La apertura estaba prevista para el 26 de diciembre de 2023 y el estado informado fue “fracasado”.

Finalmente, en Chaco y Formosa, la licitación 46-0192-LPU23, correspondiente a la RN 95, tenía como objeto una conservación mejorativa. La apertura fue el 22 de diciembre de 2023 y el proceso quedó “sin efecto”.

Un organismo con obras caídas, pero con gastos corrientes activos

Mientras las obras estratégicas aparecen caídas, frenadas o derivadas al nuevo esquema de concesiones, la web de Vialidad Nacional muestra actividad en contrataciones de bienes y servicios de funcionamiento cotidiano.

Entre los últimos registros aparecen contrataciones para alineación y balanceo de vehículos livianos y pesados en San Luis, adquisición de artefactos eléctricos y de gas en Río Negro, verificación técnica vehicular, reparación de camiones, adquisición de aditivo antihielo, filtros para unidades pesadas, elementos de medicina laboral, seguro ambiental obligatorio, insumos para impresoras, juntas de puente, calibración de equipamiento de laboratorio, artículos de librería, servicios de RTO, bombas hidráulicas, pólizas de seguro, aditivos para bacheo en frío, artefactos LED, repuestos de unidades livianas, artículos de limpieza, agua envasada, servicio de gomería, vigilancia en puestos de balanza, relojes biométricos, seguros de flota automotor, neumáticos, cubiertas, señalización, cuchillas para motoniveladoras, gas propano, repuestos, bidones de agua, equipos de climatización y reparaciones de frenos.

La paradoja es evidente: mientras el organismo conserva una estructura operativa que demanda recursos, su misión histórica —planificar, ejecutar, mantener y controlar la red vial nacional— aparece desplazada por la lógica del ajuste, la concesión y la motosierra.

Javier Milei.

La ruta 5, otro símbolo de la paralización

Días atrás, el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó ante el Congreso de la Nación Argentina la paralización de las obras de la RN 5, en el tramo de autovía entre Mercedes y la variante Suipacha. Según la respuesta oficial, la obra se encuentra con “ejecución suspendida de manera temporal”.

En paralelo, el gobierno nacional avanza con la licitación de Corredores Viales y la expansión del sistema de peajes, incluyendo el denominado Tramo Pampa, que involucra a la RN 5. En Chivilcoy, incluso, organizaciones locales impulsaron una junta de firmas para exigir la continuidad de las obras, bajo el argumento de que la ruta es clave para la seguridad vial, la producción, la logística y la conectividad regional.

Santa Fe: rutas destruidas y 34 muertos en cuatro meses

El caso de Santa Fe expone con crudeza las consecuencias del nuevo esquema. Informes oficiales recientes advierten que, entre enero y abril de 2026, se registraron 34 muertes en siniestros viales sobre rutas nacionales que atraviesan la provincia.

De acuerdo con un informe técnico de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, más del 53 por ciento de los 2.700 kilómetros de rutas nacionales santafesinas se encuentra en estado “malo”. Apenas el 20 por ciento figura en buenas condiciones y el resto presenta estado regular. Las más comprometidas son la RN 34, la RN 33 y la RN 11, aunque también se mencionan la RN 8, RN 9, RN 78, RN 95, RN 178, la A012 y parte de la RN 168.

La RN 34 encabeza el ranking de peligrosidad: sólo en lo que va de 2026 acumuló 12 fallecidos en nueve siniestros fatales. La ruta 33, por su parte, exhibe fallas estructurales profundas, pavimento altamente deteriorado y un alto volumen de tránsito pesado. La 11 completa el podio, con baches y ahuellamientos que obligan a muchos conductores a circular por la banquina.

El diagnóstico se repite: pozos, cráteres, banquinas descalzadas, falta de iluminación, señalización deficiente y obras paralizadas.

Peajes, concesiones y doble imposición

El nuevo paradigma oficial apunta a que las obras de infraestructura sean realizadas por el sector privado. En ese marco, distintos tramos de las rutas nacionales 7, 8, 33 y 34 que atraviesan Santa Fe pasarían al esquema de concesión sin subsidios públicos.

La discusión, sin embargo, abre otro frente: el de los peajes. Desde gremios viales y organizaciones de usuarios advierten que la ciudadanía ya paga el mantenimiento de las rutas a través del impuesto a los combustibles, además de otros tributos asociados al transporte y al consumo.

En San Juan, el titular del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, Carlos Ordoñez, denunció una posible “doble imposición”: el ciudadano paga impuestos para el mantenimiento vial y luego podría volver a pagar mediante peajes por circular sobre rutas que no fueron reparadas.

Por su parte, el referente de CONADUV, Ricardo Lasca, fue más allá: sostuvo que es falso que “no hay plata” para rutas, porque el impuesto a los combustibles recaudaría alrededor de 3.000 millones de dólares anuales, fondos que deberían destinarse a infraestructura vial. También cuestionó la constitucionalidad del sistema de peajes tal como se implementa en la Argentina, al advertir que muchas veces no existe camino alternativo real.

La ruta 40 está tan destruida que Vialidad Nacional debió habilitar un desvío por un camino de ripio.

Chubut, San Juan y Formosa: trabajadores en alerta

El conflicto también atraviesa a los trabajadores de Vialidad Nacional. En Chubut, la seccional local del sindicato denunció amenazas de despidos, falta de insumos para el operativo invernal, atraso salarial y ausencia de elementos básicos como cuchillas para barrenieves, ropa de trabajo y sal suficiente para las rutas patagónicas.

La secretaria general Soledad García advirtió que el organismo se encuentra en estado de alerta y movilización, con preocupación por unas 800 familias a nivel nacional. En Chubut ya se registraron despidos y, según la dirigente, las cesantías nacionales alcanzaron a 154 trabajadores.

En San Juan, el sindicato denunció que ya se fueron 25 trabajadores mediante retiros voluntarios, aunque el gremio sostuvo que esas salidas no fueron realmente voluntarias, sino consecuencia del congelamiento salarial, el maltrato, la persecución y el desfinanciamiento.

También en San Juan, trabajadores se movilizaron en la intersección de RN 40 y calle 11, en Pocito, para advertir sobre el avance de un supuesto plan de vaciamiento y privatización de rutas estratégicas.

En Formosa, el Sindicato de Trabajadores Viales rechazó el proyecto de intervención federal y volvió a alertar sobre despidos, retiros voluntarios y el deterioro de las rutas nacionales, en particular sobre la RN 11.

Un modelo en tensión: menos obra pública, más concesiones

La política vial del gobierno nacional parece ordenarse bajo una lógica clara: concluir sólo aquellas obras con alto grado de avance o financiamiento externo asegurado, y transferir el resto al sector privado mediante concesiones.

Pero el resultado inmediato es un país con obras paralizadas, licitaciones caídas, rutas deterioradas, provincias reclamando, trabajadores en alerta y usuarios obligados a circular por corredores cada vez más peligrosos. Mientras tanto, Vialidad Nacional mantiene contrataciones operativas para sostener su funcionamiento cotidiano, aunque su rol estructural aparece cada vez más debilitado.

La pregunta de fondo es inevitable: qué rol cumple Vialidad Nacional bajo la administración de Javier Milei, si ya no ejecuta las grandes obras, si el mantenimiento queda condicionado a concesiones, si las licitaciones estratégicas fracasan o quedan sin efecto y si las provincias deben absorber responsabilidades sin recursos.

Por ahora, los datos muestran una respuesta inquietante. (www.REALPOLITIK.com.ar)