Bahía Blanca: Investigan a ENARGAS y TGS por la tragedia de 2025
Por: Luciano Barroso
La Justicia investiga al ex y actual interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y al titular de Transportadora de Gas del Sur (TGS) por presuntas responsabilidades en la tragedia de 2025. Apuntan a falta de obras, aumentos tarifarios y posibles maniobras de encubrimiento.
La inundación que golpeó a Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025, con un saldo de al menos 18 muertos, miles de evacuados y pérdidas millonarias, dejó de ser solo una catástrofe climática para convertirse en un escándalo judicial de alto impacto. Dos denuncias presentadas en la Justicia Federal apuntan contra el exinterventor del ENARGAS, Carlos Alberto María Casares, el actual interventor Marcelo Alejandro Nachón, y el CEO de Transportadora de Gas del Sur (TGS), Oscar Sardi.
Según la presentación, la tragedia habría sido agravada por una cadena de decisiones y omisiones que podrían configurar delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y encubrimiento. El foco está puesto tanto en la empresa como en el organismo estatal encargado de controlarla.
El eje de la denuncia es la planta “Complejo General Cerri”, operada por TGS, ubicada sobre el cauce del arroyo Saladillo de García. Distintos estudios técnicos previos ya advertían que esa infraestructura alteraba el escurrimiento natural del agua y aumentaba el riesgo de inundación en zonas pobladas.
A pesar de esas advertencias, la empresa no habría realizado las obras necesarias para mitigar el riesgo. La acusación sostiene que la falta de intervención en un punto crítico del sistema hídrico terminó agravando el impacto del temporal y sus consecuencias.
La investigación también pone la lupa sobre el rol del ENARGAS durante la gestión de Carlos Casares. Bajo su intervención, el organismo autorizó en 2024 un aumento tarifario del 675 por ciento para TGS, lo que multiplicó los ingresos de la compañía.
Sin embargo, esos recursos no se tradujeron en inversiones clave para garantizar la seguridad. Por el contrario, la denuncia señala que la empresa priorizó la acumulación de reservas y la distribución de utilidades por sobre la ejecución de obras necesarias.
En ese contexto, se plantea que tanto la empresa conducida por Oscar Sardi como el ente regulador incumplieron su obligación de prevenir riesgos, pese a contar con información técnica suficiente y recursos económicos disponibles.
Otro punto crítico es la actuación del organismo regulador. La denuncia sostiene que el ENARGAS no solo omitió ejercer controles, sino que además permitió el funcionamiento de la planta en condiciones de riesgo conocido.
También se mencionan posibles conflictos de interés dentro del ente, con asesores vinculados a la empresa regulada, lo que habría favorecido decisiones que beneficiaron económicamente a TGS en detrimento de la seguridad pública.
El caso suma un nuevo capítulo con la denuncia contra el actual interventor Marcelo Alejandro Nachón. Según la presentación judicial, tras la difusión pública del escándalo, el funcionario decidió pasar a planta permanente a una asesora involucrada en la causa.
Para el denunciante, esta medida no solo resulta llamativa, sino que podría constituir un intento de encubrimiento, al consolidar la posición dentro del organismo de una persona señalada en la investigación.
La Justicia ahora deberá determinar si la tragedia pudo haberse evitado. La hipótesis central es que tanto la empresa como el Estado conocían el riesgo y no actuaron para evitarlo.
De comprobarse, el caso podría derivar en responsabilidades penales para funcionarios y empresarios, y abrir un fuerte debate sobre el funcionamiento del sistema de control en el sector energético (www.REALPOLITIK.com.ar)