La Justicia pone el foco en los “sherpas” del dinero negro

La causa por presunto lavado de activos vinculado al exfuncionario Gustavo Gentili vuelve a cobrar impulso en los tribunales federales, con un eje que empieza a consolidarse: el rol de los llamados “facilitadores profesionales” o “sherpas del dinero negro”.

El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó avanzar contra dos operadores financieros uruguayos, Daniel Pérez Montero y Mario Ribeiro Ricci, a quienes señala como piezas clave en una estructura orientada a canalizar fondos de origen presuntamente ilícito hacia el exterior. La hipótesis apunta a que habrían intervenido en maniobras destinadas a otorgar apariencia legal a dinero vinculado con supuestos sobornos en el ámbito de las concesiones viales.

Gustavo Gentili, extitular del Órgano de Control de las Concesiones Viales durante el kirchnerismo.

El circuito bajo sospecha

Según la reconstrucción judicial, una de las operaciones centrales se habría concretado en julio de 2013 a través de la firma Aspen Trading Corp, radicada en Uruguay. La empresa habría celebrado un contrato de mutuo con la sociedad Febaro SA para justificar el movimiento de cerca de un millón de dólares en bonos, cuyo origen estaría bajo cuestionamiento.

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores es la secuencia documental: el supuesto prestamista habría emitido un recibo de cancelación de deuda antes incluso de que los fondos ingresaran en la cuenta, lo que para la fiscalía resulta incompatible con una operación financiera genuina.

A eso se suma otro dato clave: comunicaciones electrónicas analizadas en la causa indican que la operatoria habría implicado un costo del 12 por ciento del monto total, pactado en dólares y desvinculado del tiempo de uso del capital. Para la acusación, ese porcentaje no respondería a un interés financiero tradicional, sino a un eventual honorario por estructurar la maniobra.

Laura Andino, esposa de Gentili, también deberá enfrentar un juicio oral.

La figura de la “ignorancia deliberada”

El punto central del dictamen fiscal es la aplicación de la figura de la “ignorancia deliberada”, una construcción jurídica que permite imputar responsabilidad penal a quienes, por su rol profesional, optan por no indagar sobre el origen de los fondos con los que operan.

En otras palabras, no se trata de desconocimiento inocente, sino de una decisión consciente de no saber, aun cuando existían indicios suficientes para advertir irregularidades.

Este enfoque cobra relevancia frente al criterio sostenido por la Cámara Federal, que en instancias anteriores había exigido probar un conocimiento directo de la maniobra delictiva para avanzar con los procesamientos. Para la fiscalía, esa exigencia eleva la vara probatoria a un nivel que, en la práctica, dificulta perseguir a quienes operan como intermediarios en estructuras de lavado.

Antecedentes y debate judicial

La discusión no es menor. La figura de la “ignorancia deliberada” fue utilizada en Europa en casos de alto perfil, como los de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo por delitos fiscales, donde los tribunales entendieron que ambos optaron por no conocer el detalle de las estructuras que administraban sus ingresos.

En la Argentina, el ministerio Público también invocó antecedentes locales, como el caso “Carbón Blanco”, donde la Justicia avanzó sobre estructuras complejas vinculadas al narcotráfico utilizando conceptos como el dolo eventual y la responsabilidad por omisión deliberada.

Patricio Gorosito, condenado por el caso "Carbón Blanco", una de las investigaciones más importantes del narcotráfico en el país.

Un expediente en tensión

Mientras tanto, la situación procesal de los financistas uruguayos continúa atravesada por un fuerte debate entre el juzgado de primera instancia y la Cámara. La fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso a juicio oral, mientras que instancias superiores han planteado reparos sobre el nivel de conocimiento que habrían tenido los imputados.

En paralelo, la causa principal ya fue elevada a juicio oral contra Gentili y otros imputados, entre ellos familiares y socios, lo que abre otro frente de discusión: la posibilidad de que el expediente se fragmente si no se unifica el criterio sobre el rol de los presuntos facilitadores.

Para los investigadores, el punto es claro: sin la intervención de estos actores especializados, muchas de las maniobras de lavado resultarían inviables. Por eso, el avance o no de esta línea podría definir no sólo el futuro de la causa, sino también el alcance real de las investigaciones sobre corrupción estructural en la Argentina. (www.REALPOLITIK.com.ar)