Vicente López: Aportante del Pro cobró millones y no pudo acreditar servicios

La municipalidad de Vicente López, conducido por la intendenta Soledad Martínez (Pro), quedó en el centro de la escena tras el fallo del Tribunal de Cuentas bonaerense que analizó la rendición 2024 y detectó irregularidades en contrataciones clave, con un caso que sobresale por su gravedad: la empresa de seguridad privada Jorge Newbery SRL.

Según el expediente oficial, el municipio adjudicó a esta firma un contrato por 69.654.000, con pagos efectivamente realizados por 62.755.050, de los cuales 37.677.050 fueron observados.

Las falencias detectadas son contundentes: “No se adjunta el detalle de los vigiladores”, “no se detallan los períodos de prestación”, “no se especifica el lugar donde se prestan los servicios” y, finalmente, “las órdenes de pago… carecen de certificaciones detalladas”. En términos concretos: el Estado pagó millones sin poder acreditar quién prestó el servicio, cuándo ni dónde.

Los servicios cobrados por Jorge Newbery SRL.

Los antecedentes de 2011 y 2016

Los problemas de Jorge Newbery SRL no son nuevos. En 2011, el ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense sancionó a la empresa tras detectar que prestaba servicios con personal no habilitado.

El documento oficial es claro: “Se constató la presencia del vigilador (…) realizando tareas de seguridad, careciendo de credencial habilitante”. Y concluye: “Ha quedado debidamente acreditado que (…) se encontraba prestando un servicio de seguridad con personal que no contaba con la habilitación”. Por ese motivo, el ministerio resolvió sancionar formalmente a la firma.

El deterioro de la situación administrativa de la empresa tuvo un punto crítico en 2016. Ese año, el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires determinó que Jorge Newbery SRL no cumplía con los requisitos exigidos para operar como prestadora de servicios de seguridad privada.

En la resolución oficial, el organismo advirtió que la firma “no ha cumplido con la totalidad de los requisitos de habilitación” y, en consecuencia, dispuso la cancelación de su autorización para funcionar.

De este modo, fue el propio Estado el que concluyó que la empresa no se encontraba en condiciones legales de prestar servicios.

2024, vuelve a contratar con el Estado

A pesar de estos antecedentes —sanción previa y pérdida de habilitación—, la empresa fue nuevamente contratada por el municipio de Vicente López años después. El Tribunal de Cuentas no solo observó los pagos, sino que dejó en evidencia un problema mayor: la imposibilidad de verificar la correcta prestación del servicio.

Incluso el propio organismo dejó el tema en suspenso, requiriendo detalle de vigiladores, períodos de servicio, lugares de prestación y certificaciones formales. Es decir, información básica que debería estar garantizada en cualquier contratación pública.

Vínculo directo con el financiamiento del PRO

A los antecedentes administrativos, las sanciones y las observaciones del Tribunal se suma un dato concreto que introduce un elemento político directo en el caso. Según surge de los estados contables del Pro en la provincia de Buenos Aires correspondientes al ejercicio 2017, la empresa Jorge Newbery SRL realizó aportes de campaña, registrado como transferencia bancaria el 2 de octubre de ese año.

El documento identifica a la firma con su CUIT y la incluye dentro del listado de aportantes privados al espacio político que hoy gobierna el municipio de Vicente López.

Este dato no es menor: establece un vínculo directo entre la empresa que posteriormente fue contratada por el Estado local y el financiamiento de la fuerza política en el poder.

En ese contexto, la contratación de Jorge Newbery SRL —una firma con antecedentes sancionatorios, habilitación cancelada y pagos observados por organismos de control— abre interrogantes no solo administrativos, sino también políticos sobre los criterios de selección de proveedores y los posibles cruces entre financiamiento partidario y gestión pública.

Conflictos laborales y denuncias gremiales

A las observaciones administrativas y antecedentes regulatorios se suman también conflictos recientes en el plano laboral. Según denunció el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA), la empresa Jorge Newbery fue objeto de medidas de fuerza en reclamo por salarios adeudados y condiciones de trabajo.

Las protestas se llevaron adelante en sedes donde la firma sigue prestando servicios a pesar de sus antecedentes, como el ENARGAS (Suipacha 636) y el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (Callao 982), ambos en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo al comunicado gremial, se exigió: regularización en el pago de sueldos, reconocimiento de derechos sindicales y mejoras en condiciones laborales. Además, el sindicato denunció presuntos “malos tratos” y “persecución” por parte de personal jerárquico, así como un caso que calificaron como “abandono de persona”, al señalar que una trabajadora que habría sido víctima de un hecho de violencia no habría recibido la cobertura correspondiente por parte de la empresa.

Desde la organización gremial advirtieron que, de no mediar soluciones, podrían profundizarse las medidas de fuerza.

Multas: sanciones a la cúpula municipal

El fallo no se limitó a observaciones administrativas. El Tribunal de Cuentas avanzó con sanciones concretas y aplicó multas económicas a los principales responsables de la gestión.

En ese marco, la intendenta Soledad Martínez fue sancionada con una multa de 940 mil pesos, mientras que el contador municipal, Claudio Sívori, deberá abonar 820 mil pesos. Por su parte, el secretario de Hacienda, Miguel Ángel Álvarez, fue multado con 740 mil pesos. También recibieron sanciones económicas la directora de Compras, Daniela Liparoti (400 mil pesos), y la directora de Presupuesto, Silvia Alvarenga (300 mil pesos).

Además, el Tribunal dispuso amonestaciones para el secretario de Hacienda, Maximiliano Hracek; el tesorero Néstor Vigna; la responsable de Patrimonio, Claudia De Luca; la contadora Julia González; la intendenta interina Mariana Colela; y el secretario General, Paolo Barbieri. A su vez, se aplicaron llamados de atención a funcionarios de distintas áreas clave de la gestión: Antonella Del Prete (Desarrollo Social), Carlos Granovsky (Cultura y Comunicación), Cristian Muscillo (Deportes), Rocío Fontana (Educación), Ángeles Martínez (Salud) y Santiago de Jesús (Seguridad).

Un patrón que se repite

Si se observa la evolución del caso, la secuencia resulta difícil de ignorar. En 2011, la empresa fue sancionada por operar con personal no habilitado; en 2016, el propio Estado le canceló la habilitación; y en 2024, volvió a aparecer vinculada a pagos millonarios bajo observación. No se trata de un episodio aislado, sino de un recorrido que expone una reiteración de irregularidades a lo largo del tiempo.

Más allá del caso puntual, el Tribunal detectó un esquema de gestión más amplio caracterizado por la ejecución de gastos sin procedimiento previo, convalidaciones posteriores y fallas en los controles administrativos. En ese contexto, el caso Jorge Newbery no aparece como una excepción, sino como una manifestación de un problema estructural.

Con antecedentes sancionatorios, una habilitación cancelada por el propio Estado y pagos millonarios bajo observación, el caso de Jorge Newbery SRL excede el plano administrativo. Expone un esquema en el que los controles fallan, los antecedentes pierden relevancia y el uso de fondos públicos queda sujeto a prácticas que debilitan las garantías mínimas de transparencia. (www.REALPOLITIK.com.ar)