San Luis: Claudio Poggi enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito

“Ustedes, los porteños, hablan mucho de Manuel Adorni, como es lógico y previsible. Pero lo de la cascada es una anécdota infantil al lado de lo que pasa en San Luis con Claudio Poggi y su rápido ascenso social”, afirmó un abogado que sigue de cerca la causa radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, donde se investiga el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Hoy, el mandatario puntano es noticia por su decisión de reducir la planta estatal ante la imposibilidad de sostenerla financieramente. Una estructura que, según dirigentes opositores, estaría integrada por familiares, amigos y punteros políticos del oficialismo, y que se habría expandido sobre la ya abultada nómina heredada de las gestiones de los hermanos Rodríguez Saá.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, enfrenta así un doble frente de conflicto. Por un lado, el diputado nacional Ernesto Ali lo denunció por enriquecimiento ilícito ante los tribunales federales de Comodoro Py. Por otro, el propio Poggi anunció una drástica reducción de ministerios en medio de cuestionamientos por la falta de información pública que respalde el ajuste.

La crisis de un Estado provincial saturado de personal, sobre el que ahora avanzará la “motosierra” de Poggi, genera dudas acerca de si el recorte alcanzará efectivamente a cargos políticos y estructuras cuestionadas o si terminará impactando sobre trabajadores estatales con funciones específicas.

El diputado de Unión por la Patria, Ernesto Ali, quien promovió la denuncia en la Ciudad de Buenos Aires al considerar que la Justicia puntana está condicionada por los sectores de poder locales, señaló a REALPOLITIK: “La provincia tiene 23 ministerios y secretarías con rango ministerial para 540 mil habitantes, además de aproximadamente 30 organismos estatales. Es una proporción de funcionarios públicos extremadamente alta”.

La decisión de avanzar con un fuerte ajuste en San Luis y la denuncia penal contra Poggi ocurrieron con menos de dos semanas de diferencia. Ambos episodios incrementaron la tensión política en una provincia que atraviesa una de las crisis financieras y sociales más delicadas desde el retorno de la democracia.

El diputado de Unión por la Patria, Ernesto Ali.

La denuncia por enriquecimiento ilícito

El exministro de Seguridad de Alberto Rodríguez Saá, Ernesto Ali, presentó el jueves 16 de abril una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra el gobernador Claudio Poggi. La presentación judicial, a la que tuvo acceso REALPOLITIK, sostiene que el mandatario incrementó su patrimonio de manera “exponencial y sin justificación” durante sus años de gestión.

Según el texto de la denuncia, el crecimiento patrimonial de Poggi no guardaría relación con sus ingresos declarados como funcionario público. Entre los puntos señalados aparecen:

- Propiedades: adquisición de inmuebles de alto valor en zonas residenciales de San Luis y otras provincias.

- Vehículos: incorporación de automóviles de lujo a nombre del gobernador y de familiares directos.

- Incremento de capital: movimientos financieros que, según Ali, no estarían respaldados por las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

El denunciante solicitó a la Justicia que investigue el origen de los fondos y cite a declarar a testigos clave, entre ellos exempleados de la administración provincial.

“Estamos ante una situación que requiere esclarecimiento. No se trata de una cuestión partidaria, sino de un deber ciudadano. Los puntanos tienen derecho a saber si su gobernador se enriqueció mientras administraba los recursos de todos”, declaró Ali tras radicar la denuncia.

Por su parte, el asesor de Poggi, Martín Lucero, aseguró que “el gobernador tiene sus declaraciones juradas en orden y está dispuesto a presentarlas ante quien corresponda”.

En tanto, funcionarios cercanos al mandatario provincial, que hablaron bajo reserva, calificaron la presentación judicial como “una burda operación política para desgastar al gobernador en un momento difícil para las finanzas de la provincia”.

El anuncio de la reducción de ministerios

En paralelo, el gobierno provincial anunció oficialmente que reducirá la cantidad de ministerios de 12 a 7. La medida fue presentada por Poggi como parte de un plan de “austeridad y eficiencia administrativa”.

Entre los principales puntos del anuncio figuran:

- Fusión de áreas: Desarrollo Social se unificará con Trabajo; Educación con Ciencia y Tecnología; y Obras Públicas con Vivienda.

- Eliminación de cargos: se suprimirán más de 200 cargos políticos entre secretarías, subsecretarías y direcciones generales.

- Ahorro estimado: el ejecutivo calcula un ahorro anual de 1.200 millones de pesos, aunque hasta el momento no difundió informes técnicos que respalden esa cifra.

- Críticas por opacidad: organismos de control y legisladores opositores señalaron la ausencia de datos desagregados y auditorías previas que justifiquen la magnitud del ajuste.

“Es momento de que el Estado se achique, no los bolsillos de los trabajadores. Vamos a eliminar privilegios y redundancias”, sostuvo Poggi durante la conferencia de prensa.

Sin embargo, la falta de documentación pública alimentó las críticas opositoras. El diputado provincial Carlos Morel afirmó: “Anuncian un ajuste sin mostrar un solo papel. ¿Dónde están los estudios de impacto? ¿Qué cargos se eliminan realmente? Esto parece más un anuncio para los medios que una política de Estado”.

Cámara de Diputados de la provincia de San Luis.

La coincidencia entre el ajuste y la denuncia judicial generó fuertes repercusiones en el escenario político provincial. Mientras sectores opositores reclamaron una investigación exhaustiva, el bloque de diputados de Juntos por el Cambio pidió la creación de una comisión investigadora en la Legislatura puntana.

“Estamos ante dos caras de la misma moneda. Por un lado, un gobernador que dice ajustar el Estado y, por el otro, un exfuncionario que lo acusa de enriquecerse. La ciudadanía merece respuestas”, expresó un legislador opositor.

Desde la asunción de Poggi en diciembre de 2023, además, se presentaron distintas denuncias contra su administración. Una de ellas apunta a una presunta malversación de fondos vinculada al desdoblamiento del pago de salarios al inicio de su mandato. Según la acusación, el gobierno provincial contaba con los recursos necesarios, pero habría decidido colocarlos en plazos fijos para simular una crisis financiera.

A esto se sumaron cuestionamientos a la gestión educativa, especialmente por el estado de las viandas del programa PANE, destinado a proveer alimentos en las escuelas. En ese marco, se reportaron denuncias por intoxicaciones y por la presunta falta de valor nutritivo de las comidas entregadas. (www.REALPOLITIK.com.ar)