Karina Milei y Eduardo Menem, denunciados por uso político de rezagos aduaneros

La administración de Javier Milei vuelve a quedar envuelta en una polémica por el manejo de recursos públicos. Esta vez, el foco apunta directamente a la secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, tras conocerse una disposición oficial que habilitó la cesión de mercadería decomisada por la Aduana de Posadas a una fundación estrechamente vinculada a dirigentes de La Libertad Avanza en Misiones.

La operatoria quedó plasmada en la disposición 32/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem. Allí se establece la cesión “sin cargo” de bienes retenidos por la Aduana a la fundación Innovación Misionerista, una entidad que, lejos de pertenecer a la órbita estatal o sanitaria, aparece ligada políticamente al armado libertario en la provincia.

El texto oficial sostiene que la medida se encuadra dentro de la ley 25.603, que permite donar alimentos, ropa, medicamentos y bienes de primera necesidad a organismos públicos u organizaciones no gubernamentales “cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen”. Sin embargo, el destinatario elegido encendió alarmas políticas y jurídicas.

La fundación beneficiada y sus nexos libertarios

La fundación Innovación Misionerista se presenta institucionalmente como un espacio dedicado a la innovación tecnológica, el desarrollo de software, la industria 4.0 y proyectos vinculados a la economía del conocimiento. Su presidente, Claudio Lionel Berón, es referente del Congreso de LLA de la provincia norteña y empleado de la municipalidad de Wanda, y su vicepresidenta, Diana Marcela Mascarino, figuró en una de las listas como candidata a concejal por Posadas. Ambos están radicados en el mismo domicilio.

Las imágenes promocionales de la organización exhiben simbología y estética asociadas a La Libertad Avanza, además de vínculos con candidatos del espacio en la provincia. El caso genera interrogantes sobre el criterio utilizado por el gobierno nacional para seleccionar a los beneficiarios de mercadería decomisada perteneciente al Estado.

La disposición oficial confirma que los bienes cedidos provienen de actuaciones realizadas por la Aduana de Posadas y abarcan artículos retenidos bajo el régimen de rezagos aduaneros. Aunque el Boletín Oficial no detalla públicamente el inventario completo, fuentes consultadas aseguran que incluye productos textiles, calzado, artículos electrónicos, alimentos y otros bienes de alto valor comercial.

El mecanismo legal detrás del reparto

La ingeniería administrativa utilizada por el gobierno se apoya en la ley 25.603, una norma que históricamente permitió redistribuir mercadería decomisada hacia hospitales, municipios, escuelas o instituciones de asistencia social.

No obstante, en este caso, el cuestionamiento radica en que la organización receptora no tendría un perfil asistencial tradicional, sino una estructura vinculada a la construcción política territorial de La Libertad Avanza en Misiones.

El propio Boletín Oficial señala que la fundación solicitó la cesión “para ser destinados al desarrollo de actividades de carácter social, comunitario e institucional”. Sin embargo, no existe detalle público sobre controles posteriores, trazabilidad de la mercadería ni mecanismos transparentes de auditoría sobre el destino final de los bienes.

La resolución además obliga a la fundación a retirar la mercadería y presentar un inventario definitivo dentro de los 90 días hábiles posteriores. Aún así, especialistas consultados advierten que el sistema presenta amplios márgenes de discrecionalidad política.

El legislador Agustín Romo junto a Claudio Lionel Berón.

Un esquema que ya tuvo antecedentes

Dentro del oficialismo nacional, las miradas vuelven a dirigirse hacia el círculo político conformado por Karina Milei y el operador riojano Eduardo “Lule” Menem, nombres que aparecen reiteradamente asociados al armado territorial libertario y al control de recursos partidarios.

El episodio de Misiones no sería un caso aislado. En los últimos meses también surgieron cuestionamientos por entregas de rezagos aduaneros a organizaciones cercanas al oficialismo en otras provincias, particularmente en Corrientes, donde entidades vinculadas al diputado libertario Lisandro Almirón habrían recibido bienes similares.

Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza el ajuste sobre jubilaciones, universidades y programas sociales, el reparto de mercadería decomisada entre organizaciones alineadas políticamente alimenta nuevas sospechas sobre una eventual utilización partidaria del aparato estatal.

La situación ya comenzó a generar ruido interno incluso entre sectores libertarios del interior, donde algunos dirigentes advierten que el esquema de distribución de recursos estaría concentrándose exclusivamente en estructuras alineadas con “El Jefe”, como se conoce a Karina Milei dentro de la Casa Rosada. (www.REALPOLITIK.com.ar)