Proveedores denunciados y un sistema que Axel Kicillof no parece querer limpiar

El negocio de la limpieza estatal huele cada vez peor. Detrás de las escobas, los insumos, los uniformes y los pliegos administrativos se esconde uno de los rubros más millonarios del Estado: la contratación de empresas privadas para limpiar oficinas, hospitales, ministerios, organismos descentralizados, cárceles, dependencias públicas y edificios oficiales.

En la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, ese universo mueve miles de millones de pesos al año. Pero el problema no es sólo el volumen del gasto. Lo inquietante es quiénes aparecen una y otra vez en el mapa de proveedores.

Entre las firmas que siguen orbitando alrededor de licitaciones estatales figuran nombres rodeados de denuncias, sospechas y antecedentes oscuros: Bio Limp, La Mantovana Servicios Generales SA, Impecable Limpieza Integral SRL, Goforward Soluciones y Grub SA.

Una constelación de empresas que, pese a los cuestionamientos judiciales, gremiales, administrativos y periodísticos, continúa compitiendo por contratos públicos. En algunos casos, incluso, con estados registrales llamativos dentro de los sistemas de proveedores, donde aparecen como “desactualizadas por formulario”, una categoría que suele indicar que la firma debe actualizar datos críticos como apoderados, socios, estatutos, domicilios o documentación societaria.

En términos prácticos, ese estado debería encender una luz amarilla. O roja. Pero en la provincia de Buenos Aires, al parecer, las alarmas administrativas suenan bajito cuando del otro lado hay contratos millonarios.

Un rubro multimillonario y concentrado

El caso bonaerense no puede analizarse aislado. A nivel nacional, la Sindicatura General de la Nación puso la lupa sobre el negocio de la limpieza durante el último año de gobierno de Alberto Fernández y detectó un gasto superior a los 88.000 millones de pesos en casi 3 mil contratos.

El dato más grave no fue sólo el monto, sino la concentración: de 355 empresas contratadas, apenas diez reunieron más del 60 por ciento del dinero ejecutado.

El informe también detectó controles débiles, ausencia de registros de presentismo, falta de verificación horaria, criterios dispares para actualizar costos, escasa revisión de aportes previsionales y un uso extendido de mecanismos menos competitivos que la licitación pública. Es decir: mucho dinero, pocos jugadores y controles frágiles. La fórmula perfecta para que el sistema se vuelva pantano.

La Mantovana y Grub: dos nombres repetidos en expedientes sensibles

Uno de los casos más resonantes es el de La Mantovana Servicios Generales SA, firma que durante años se consolidó como una de las grandes contratistas de limpieza del Estado nacional. Según informes oficiales y publicaciones periodísticas, prestó servicios en organismos como ANSES, ex AFIP, jefatura de Gabinete y otras dependencias públicas.

Pero su expansión vino acompañada de denuncias.

La empresa fue señalada por presuntas irregularidades previsionales, conflictos laborales, supuestos sobreprecios y cuestionamientos gremiales. También aparece vinculada a Grub SA, otra de las firmas bajo la lupa.

En 2024, ambas compañías quedaron mencionadas en una resolución vinculada a una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por presuntas conductas anticompetitivas. El expediente se inició tras una presentación de EZCA Servicios Generales SA contra Grub SA y La Mantovana, en el marco de la ley 27.442.

No se trata, por lo tanto, de rumores de pasillo. Son expedientes. Son denuncias. Son organismos públicos mirando el mismo ecosistema empresario que, pese a todo, sigue apareciendo en licitaciones.

La historia viene de lejos. Ya en 2020, una denuncia vinculada al INTI apuntó contra contrataciones millonarias realizadas durante la gestión de Cambiemos. Allí volvieron a aparecer La Mantovana y Grub, en medio de acusaciones por tercerización de servicios, adjudicaciones directas y presuntos vínculos con funcionarios administrativos.

El patrón se repite: gobiernos distintos, discursos distintos, pero proveedores parecidos.

Bio Limp: de la limpieza a la comida penitenciaria

El caso de Bio Limp agrega un elemento todavía más delicado. La empresa quedó mencionada en investigaciones vinculadas al Servicio Penitenciario Federal por la provisión de alimentos en el penal de Ezeiza. Según publicaciones periodísticas, la Justicia federal de Lomas de Zamora investigó si Bio Limp funcionó como una suerte de continuidad operativa de Food Rush, firma previamente cuestionada por la calidad de las viandas entregadas a personas detenidas.

Los relatos son estremecedores: comida en mal estado, presencia de bacterias, denuncias por viandas no aptas para consumo humano, habeas corpus de internos, inspecciones de ANMAT y sospechas de connivencia entre empresas y autoridades penitenciarias.

El juez Federico Villena habría detectado coincidencias entre Bio Limp y Food Rush: camiones, empleados, equipamiento y transferencias cruzadas. La hipótesis judicial apunta a una posible empresa pantalla para sostener un negocio que ya estaba cuestionado.

Que una compañía rodeada por semejantes señalamientos pueda seguir participando de procesos públicos abre una pregunta elemental: ¿qué filtros aplica el Estado antes de contratar? Y, sobre todo, ¿qué filtros aplica la provincia de Buenos Aires? 

Impecable Limpieza Integral: contratos, lobby y dudas sobre capacidad operativa

Otro nombre que aparece en el radar es Impecable Limpieza Integral SRL, firma que también fue señalada por su crecimiento dentro del Estado.

Según distintas publicaciones, la compañía acumuló contratos con organismos nacionales y fue adjudicataria de servicios millonarios, entre ellos uno con el Correo Argentino por más de 5.600 millones de pesos para el período 2025-2027.

El caso derivó en pedidos de acceso a la información pública para conocer cómo se controla la prestación real del servicio, en medio de reclamos por faltantes de cuadrillas, coberturas parciales y horas extra no cubiertas.

También se cuestionó su capacidad operativa: pese a declarar una estructura reducida, la empresa habría acumulado clientes estatales de gran volumen. Una empresa chica, con contratos gigantes. Otra postal clásica del Estado argentino: compañías que crecen al calor del presupuesto público, pero cuya capacidad efectiva recién se discute cuando el servicio empieza a fallar.

El problema bonaerense: contratar pese a todo

La pregunta central pareciera ser: ¿por qué el gobierno de Axel Kicillof sigue permitiendo que empresas rodeadas de sospechas, denuncias y antecedentes sensibles compitan por contratos millonarios sin mayores restricciones visibles?

Más aún cuando muchas de ellas aparecen con registros desactualizados, vínculos cruzados, conflictos laborales o expedientes administrativos y judiciales abiertos.

En una provincia que declara dificultades financieras, que reclama fondos, que toma deuda y que exige austeridad a ciudadanos, municipios, docentes, médicos, policías y jubilados, el manejo del gasto público debería ser quirúrgico. Pero en el negocio de la limpieza, la cirugía parece hecha con escoba vieja.

Gobernación bonaerense.

Una polémica que sobrevive a todos los gobiernos

El punto más incómodo es que este entramado no parece tener un solo color político. Las mismas empresas, o grupos de empresas vinculadas, han transitado gestiones kirchneristas, macristas, libertarias y bonaerenses. Sobreviven a los cambios de gobierno, a los discursos de transparencia, a los manuales de ética pública y a las promesas de terminar con los curros del Estado.

Cambian los ministros. Cambian los gobernadores. Cambian los presidentes. Pero algunas contratistas permanecen.

Y cuando una firma queda cuestionada, aparece otra. Cuando una empresa queda bajo sospecha, emerge una razón social distinta. Cuando un contrato se cae, surge otro proceso. Cuando una denuncia avanza, el sistema encuentra un atajo.

Ese es el verdadero escándalo. No una empresa aislada. No una licitación puntual. No un expediente administrativo perdido en un portal de compras. El escándalo es la continuidad de un modelo.

Kicillof y una provincia que mira para otro lado

La administración de Axel Kicillof no puede alegar desconocimiento. Los antecedentes son públicos. Las denuncias existen. Los informes circulan. Las empresas aparecen en expedientes. Los sindicatos reclaman. Los organismos de control ya marcaron alertas.

Sin embargo, la provincia continúa abriendo la puerta a proveedores que arrastran un prontuario administrativo, judicial y gremial difícil de ignorar.

Mientras tanto, los bonaerenses pagan. Pagan los contratos. Pagan las prórrogas. Pagan las oficinas. Pagan los insumos. Pagan los sobrecostos si los hubiera. Pagan los controles que no controlan. Pagan, en definitiva, un sistema opaco que parece diseñado para que nadie termine de ser responsable de nada.

La limpieza estatal debería garantizar higiene, orden y condiciones dignas en los edificios públicos. Pero en la provincia de Buenos Aires, el negocio parece haber acumulado demasiada mugre debajo de la alfombra. Y cada licitación nueva vuelve a dejar la misma sospecha flotando en el aire: el problema no es que Kicillof no pueda limpiar este sistema. El problema es que, quizá, nunca quiso hacerlo. (www.REALPOLITIK.com.ar)