La industria de defensa argentina frente al rearme libertario

La gestión libertaria, fiel a su estilo, impulsó mediante el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 314/2026 —de cuestionada constitucionalidad— la creación del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (Plan ARMA), destinado al reequipamiento, la modernización, el desarrollo de infraestructura estratégica y la recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional, en los términos establecidos por la normativa.

El decreto prevé modificaciones en la normativa que regula la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), estableciendo que el diez por ciento de los recursos provenientes de la enajenación de bienes nacionales será destinado al área de Defensa. En el caso de los bienes pertenecientes al ministerio de Defensa, el porcentaje asciende al setenta por ciento, fondos que deberán destinarse a programas y proyectos de reequipamiento, modernización, infraestructura estratégica y recuperación de capacidades del Sistema de Defensa Nacional.

El artículo 3º establece: “Dispónese que el diez por ciento (10 por ciento) de los recursos resultantes de la privatización de las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del estado nacional enumeradas en el Anexo I de la ley 27.742 que ingresaren al Tesoro nacional serán afectados a la jurisdicción presupuestaria del ministerio de Defensa”. Asimismo, señala que esos recursos deberán orientarse al sostenimiento, modernización y disponibilidad permanente del sistema defensivo.

Surge entonces un interrogante: ante la vigencia de las leyes del Fondo Nacional de la Defensa —suspendida parcialmente por la ley de Presupuesto— y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, ¿por qué los asesores y “expertos” del ministerio de Defensa no utilizan las herramientas legales ya existentes para financiar la mejora en materia de equipamiento e infraestructura militar, en lugar de recurrir a recursos derivados del desguace del patrimonio estatal?

Otro aspecto que el gobierno parece no considerar es que el flujo de fondos no será constante ni previsible, ya que dependerá del avance del proceso de privatizaciones. Esa incertidumbre impacta directamente en la planificación de adquisiciones. En contraste, las leyes del Fondo Nacional de la Defensa y de Reestructuración de las Fuerzas Armadas contemplan un marco más estable y previsible en materia de financiamiento.

Javier Milei en su visita al portaaviones nuclear USS Nimitz. 

La ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, olvidada por los libertarios

La ley 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, aprobada por consenso en 1998 y sistemáticamente incumplida por distintos gobiernos, incluido el actual, establece con claridad que corresponde al ministerio de Defensa evaluar y decidir sobre los requerimientos de equipamiento que mejor contribuyan a las capacidades operativas necesarias para cumplir los objetivos de la defensa nacional.

A diferencia del DNU 314/2026, donde el ministerio de Defensa queda subordinado a las demandas urgentes del Jefe del Estado Mayor Conjunto —según el artículo 4º, segundo párrafo—, la ley de Reestructuración asigna al jefe militar un rol estrictamente asesor respecto de la aptitud y aceptabilidad del equipamiento previsto, de acuerdo con el planeamiento militar conjunto y la Política Nacional de Defensa establecida por el artículo 17 de la ley 23.554.

El artículo 19 fija lineamientos para la selección del equipamiento militar y el artículo 20 resulta especialmente relevante: “Se privilegiará la incorporación de sistemas de armas que incluyan la transferencia de la tecnología involucrada y el equipamiento necesario para el adiestramiento operativo simulado”. Ese criterio está ausente en el decreto 314/2026, que tampoco contempla el impacto político y estratégico de una dependencia excesiva de proveedores externos.

El artículo 21, además, impulsa el desarrollo de capacidades industriales en el ámbito privado, la cooperación con socios tecnológicos y el fortalecimiento de la tecnología nacional para producir elementos considerados críticos en caso de conflicto, garantizando así el abastecimiento sin condicionamientos externos.

La norma también define mecanismos de financiamiento, derivados de las economías generadas por la reforma militar, la venta de bienes y la posibilidad de acceder a operaciones de crédito para conformar un fondo de hasta 1.000 millones de dólares. A comienzos del siglo XXI, el Estado Mayor Conjunto realizó estudios con fuerte participación de la industria nacional para avanzar en programas de equipamiento que permitieran ahorrar divisas, generar empleo y ampliar la autonomía logística respecto de proveedores extranjeros.

Resulta llamativa la negativa de la actual gestión a reglamentar una norma que podría sentar las bases para una transformación estructural de las Fuerzas Armadas y establecer planes consistentes de adquisición con impacto positivo sobre la economía local, en un contexto marcado por la caída del empleo y el cierre de miles de pymes.

Fábrica Argentina de Aviones.

El “rearme” y una industria de defensa en crisis terminal

El decreto que asigna parte de lo recaudado por privatizaciones a un plan de reequipamiento militar se impulsa en un contexto en el que el país carece de una nueva directiva de política de Defensa —la vigente data de 2021—. Es decir, el gobierno aún no definió qué tipo de Fuerzas Armadas necesita el país ni cuáles son las amenazas o riesgos para sus intereses estratégicos.

Si no existe una definición clara sobre el rol de las Fuerzas Armadas ni sobre los escenarios en los que deberán actuar, ¿por qué se prioriza la discusión sobre equipamiento? Una vez más, se invierte la lógica del planeamiento estratégico, con el riesgo de profundizar la improvisación y el uso ineficiente de recursos escasos.

Las contradicciones no terminan allí. Funcionarios y especialistas vinculados al área hablan de “ciencia y tecnología” para la defensa, organizan conferencias y exposiciones, promueven exportaciones de aeronaves fabricadas por la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), plantean articular al sector privado con el público, impulsar la innovación y crear un “clúster” industrial. Sin embargo, los hechos muestran otra realidad.

El programa F-16 no contempló compensaciones industriales ni participación de FADEA en la modernización de las aeronaves, proceso valuado en unos 260 millones de dólares. Los aviones de exploración y patrulla marítima P-3 Orión fueron enviados a Estados Unidos para inspección y revisión por alrededor de 106 millones de dólares, mientras en FADEA permanece paralizado otro P-3 que espera desde hace años la finalización de trabajos de recuperación. A ello se suma la compra de ocho blindados Stryker usados por unos 20 millones de dólares, mientras la modernización de los tanques TAM continúa prácticamente estancada.

Todo indica que el “rearme” libertario no se apoyará en las capacidades industriales y tecnológicas nacionales, pese a los condicionamientos políticos y los costos estratégicos que esa dependencia externa puede generar a mediano plazo.

FAdeA y el deterioro del aparato productivo

Fabricaciones Militares se encuentra en estado de alerta por despidos y paralización de plantas. Durante la gestión de Luis Petri fue cerrada la planta de Jáchal —creada en 2014 para abastecer al mercado de explosivos para minería— y el resto de las instalaciones permanecen prácticamente inactivas, con excepción de Fray Luis Beltrán, dedicada a municiones y chalecos antibala.

La Fábrica Militar Río Tercero atraviesa una situación delicada pese a su potencial metalmecánico y químico. El cierre de Petroquímica Río Tercero le hizo perder uno de sus principales clientes, afectando seriamente sus ingresos. La planta de Azul, orientada a pólvoras y explosivos, también enfrenta una profunda crisis, pese a que podría desempeñar un rol clave en la desmilitarización y eliminación de municiones y explosivos acumulados en arsenales militares.

FADEA, por su parte, arrastra deudas cercanas a los 20 millones de dólares con proveedores locales, paralización de trabajos, más de veinte meses sin actualización salarial para personal altamente calificado y reducción de su plantilla. La falta de recursos impide concluir proyectos estratégicos como la recuperación del P-3 Orión, la terminación de aeronaves IA-63 Pampa, el mantenimiento de Hércules C-130 o la reconversión de los IA-58 Pucará para vigilancia y reconocimiento. Mientras tanto, desde la Fuerza Aérea se analiza incorporar aviones cisterna KC-135 usados provenientes de Estados Unidos.

Tandanor y el Astillero Almirante Storni —integrados en el denominado “Complejo Industrial Naval Argentino”— poseen instalaciones de enorme potencial, aunque fuertemente subutilizadas. En el área de defensa, apenas se reactivó la construcción de remolcadores de puerto para la Armada, correspondientes a contratos firmados en 2021 y que debían concluirse en 2025. Renegociaciones y demoras burocráticas ralentizaron el proceso entre 2024 y 2025.

En el Astillero Almirante Storni permanecen paralizados dos submarinos: el ARA Santa Cruz, cuyo proceso de modernización fue abandonado sin explicaciones, y el ARA Santa Fe, cuya finalización parece improbable. Sin embargo, en ámbitos especializados ya se habla de posibles adquisiciones de submarinos nuevos a Francia o Alemania, nuevamente sin precisiones sobre participación industrial local.

Fábrica Militar de Río Tercero.

Brasil siguió un camino diferente: la política de transferencia tecnológica —prevista también en la legislación argentina— le permitió desarrollar un programa propio de construcción de submarinos desde fines de los años 80. Perú avanza en un esquema similar con asistencia surcoreana para integrar a sus astilleros en futuros proyectos navales.

Pocos conocen la existencia de una planta en Córdoba, originalmente vinculada a la Fuerza Aérea, destinada a la carga de explosivos y que estuvo bajo control de TALA SA hasta 2016. La instalación, construida en 1981 por la sudafricana Naschem —hoy Rheinmetall Denel—, estaba preparada para cargar bombas aéreas, minas marinas, cohetes y proyectiles de artillería con distintos tipos de explosivos.

La situación actual de esa infraestructura es incierta, aunque su valor estratégico continúa siendo significativo. La planta, que perteneció a SITEA SA —empresa integrada por capitales estatales y la española Expal—, podía fundir hasta 60 kilos de explosivo por hora, superando ampliamente la capacidad artesanal de Río Tercero. Pese a ello, el Ministerio de Defensa jamás realizó referencias públicas sobre ese patrimonio industrial.

Mientras el gobierno insiste con discursos sobre innovación, articulación público-privada y fortalecimiento de capacidades nacionales, ya destinó más de 700 millones de dólares a compras en el exterior. El DNU 314/2026, además, omite cualquier referencia concreta a la investigación, el desarrollo y la producción nacional para la defensa.

Todo parece indicar que asesores, jefes militares y funcionarios políticos no han tomado nota de una de las principales lecciones de Malvinas: la vulnerabilidad estratégica que implica depender de proveedores externos en materia de tecnología y equipamiento militar.

Los ingresos previstos para el Plan ARMA son inciertos y dependerán de un complejo proceso de privatizaciones y venta de bienes estatales, condicionando cualquier planificación seria. A ello se suma que, tras dos años de gestión libertaria, el país sigue sin una nueva Directiva de Política de Defensa que defina riesgos, capacidades y prioridades estratégicas.

En ese contexto, las medidas anunciadas parecen orientadas más a exhibir “gestión” que a construir una política de defensa consistente, con el riesgo de terminar malgastando recursos escasos en medio de una industria nacional de defensa cada vez más debilitada. (www.REALPOLITIK.com.ar)