La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el organismo de control del mercado asegurador que conduce Guillermo Plate, está abocada desde el comienzo del gobierno de Javier Milei a depurar el sector. En ese marco, sancionó y liquidó en muchos casos a compañías con años de trayectoria, con el objetivo de ordenar un mercado en el que terminarán jugando unas pocas firmas de gran escala.
Los inspectores de la SSN sostienen que existen razones para promover sanciones, multas o directamente inhibir y prohibir la celebración de nuevos contratos a aseguradoras que no cumplen con los capitales mínimos exigidos o acumulan sentencias judiciales impagas. En ese contexto, cayeron varias empresas reconocidas, entre ellas Boston, Escudo, La Nueva, Orbis, Caledonia y Galeno ART.
Pero con Profru ocurre algo distinto. La compañía acumula pedidos de quiebra, fue sancionada reiteradamente y arrastra una inhibición general de bienes desde julio de 2024. Aun así, continúa operando en el mercado de las ART.
Las aseguradoras del mundo laboral atraviesan un escenario complejo, con crecientes cuestionamientos por los montos que deben afrontar tras los fallos de la Justicia laboral. Desde el sector denuncian indemnizaciones excesivas avaladas por magistrados en base a peritajes que consideran desproporcionados.
Profru no es la excepción dentro de un mercado todavía golpeado por la caída de la división ART del Grupo Galeno. Ahora, una vez más, volvió a ser sancionada por las autoridades de control de la SSN, encendiendo también señales de alarma dentro de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
“Es raro todo lo que pasa en torno a Profru, pero también hay que anotar que pertenece al Grupo Midas, que tiene buenos contactos políticos. Resulta llamativo que sigan operando porque los productores conocen la situación complicada de una firma histórica que atraviesa un muy mal momento desde que la tomó Carlos Rosales”, señaló un productor de seguros con años de experiencia en la provincia de Buenos Aires.
Lo cierto es que la empresa, hoy controlada por la familia Pereyra —descendientes de Jorge Pereyra, fundador del Grupo Midas, una de las principales firmas de la industria del juego con más de 40 salas en el conurbano bonaerense— apareció en 2025 entre las compañías que aportaron a la campaña de La Libertad Avanza. Según trascendió, canalizaron cerca de 320 millones de pesos a través de la cooperativa Prof Seguros y de la sociedad anónima Pro Fu Ar SA, cuyo nombre remite a la histórica aseguradora de los productores de frutas.

Mientras la empresa continúa operando, las multas se acumulan. Recientemente, la Superintendencia de Seguros volvió a sancionarla.
El organismo encabezado por Guillermo Plate aplicó una multa superior a los 18,3 millones de pesos por considerar acreditado un “ejercicio anormal de la actividad aseguradora”. El motivo vuelve a repetirse: demoras e incumplimientos en el pago de condenas judiciales firmes.
Para las autoridades regulatorias, la cooperativa Prof Seguros exhibe un historial de conducta “disvalioso y repetitivo”. Una nueva sanción para una empresa cada vez más comprometida.
Durante años, los Pereyra del Grupo Midas intentaron quedarse con una aseguradora y con una ART. Buscaron ingresar en Escudo Seguros —hoy liquidada— asociados al Grupo Campici, aunque la operación nunca prosperó. En el mercado hablan de fuertes disputas internas entre ambos grupos.
Finalmente, vieron la posibilidad de rescatar a Profru de la quiebra a la que, según distintas voces del sector, la había conducido la gestión de Carlos Rosales. Y también de ingresar a un negocio históricamente atractivo para la política, sin importar el signo partidario de turno. “Si no, habría que preguntarle al expresidente Alberto Fernández”, ironizan en el ambiente.
El caso de Profru —Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada— refleja los vaivenes de la economía nacional: momentos de expansión combinados con largos períodos de crisis.
Cuando el extesorero de San Lorenzo, Carlos Rosales, tomó el control de la aseguradora, la compañía ya estaba intervenida por la Superintendencia de Seguros debido a problemas en el ramo automotor. Con el tiempo, terminó convirtiéndose en la nave insignia de un holding integrado por empresas con severos problemas financieros, como Garbarino, Compumundo y Radio Continental, esta última finalmente devuelta al Grupo Prisa.

La empresa debió iniciar entonces un proceso de saneamiento y recomposición de capitales mínimos, aportados por Rosales en medio de posteriores controversias judiciales.
Rosales fue denunciado por estafa, administración fraudulenta y falsificación de documentos públicos por quien entonces era su socio, Alberto Castro, a quien había conocido en negocios vinculados a insumos sanitarios a través del empresario farmacéutico Claudio de Meglio. La causa permanecía hasta fines de 2023 en los tribunales federales de Comodoro Py, luego de haber sido instruida por el ex juez Rodolfo Canicoba Corral.
Más allá de esos conflictos societarios, Rosales creó el Grupo Prof y dividió la compañía en dos grandes unidades de negocios: la aseguradora general y la ART, que operó bajo la marca PLUS.
Precisamente, la ART de Profru fue una de las principales razones por las que la familia Pereyra detectó una oportunidad estratégica para ingresar al mercado asegurador, luego de constatar el deteriorado estado financiero de la compañía durante la gestión Rosales.
En ese contexto, en 2023 aparecieron los “magos” del Grupo Midas, con intereses en numerosas salas de bingo del conurbano bonaerense, y presentaron una oferta que evitó que la SSN liquidara a la tradicional firma del mercado asegurador.
Ahora, en un año no electoral, los inspectores de la SSN volvieron a posar la lupa sobre los balances y las sentencias judiciales impagas de la compañía. (www.REALPOLITIK.com.ar)